1.INTIMIDACIONES/2.DENUNCIA/.3.EL SÍNDROME.

Por: Guillermo Cherashny

1..Intimidaciones a los jueces: primero Oyarbide y ahora Servini

Ya comentamos en este portal el intento de "apretar" al Juez Federal Norberto Oyarbide por parte de Ricardo Echegaray por las supuestas inconsistencias fiscales de aquél. La reacción del juez aclarando que la conversación estaba siendo grabada y filmada, hizo que Echegaray abandonara el despacho de inmediato. Ahora colocaron un micrófono en el despacho de la Jueza Federal Electoral María Servini de Cubría, quien está investigando una firma falsa de Kirchner en la intervención del PJ de Catamarca. Además, está próxima una investigación del fiscal Jorge Di Lello sobre los aportes de los vendedores de efedrina a la campaña de CFK en el 2007.

También señalamos que los jueces federales se reunieron en el restaurante Happening de la costanera para estudiar mecanismos de auto defensa contra las presiones y el bastardeo que sufren del kirchnerato para evitar que profundicen las investigaciones sobre la corrupción K.

Últimamente se efectúan más de media docena de denuncias por corrupción por semana, porque cada vez que se toca un organismo del estado de cualquier nivel, sale pus y se ve una matriz de corrupción generalizada que abarca toda la administración K.

Los jueces federales, prevenidos de que le están buscando el pelo a la leche, se estarían manejando cada vez más discretamente en su vida personal, para no dar motivos para ser extorsionados, mientras empiezan las investigaciones sobre la corrupción reinante.

Fuente: INFORMADORPUBLICO.COM
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Por: Enrique Piragini

2..Denuncia penal por el
espionaje a Servini

En la fecha, 1º/10/09, Enrique A. PIRAGINI, Presidente del Partido del Campo Popular, Distrito Capital Federal, ha radicado una denuncia ante la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital Federal, con motivo de la ilegítima intrusión en el despacho de la juez federal MARIA ROMILDA SERVINI DE CUBRIA, y la existencia de dispositivos para interferir sus comunicaciones, tal como fuera puesto en público conocimiento a través de las notas suscriptas por el periodista de investigación Sr. LUCIO FERNANDEZ MOORES aparecida en el diario Clarín del 30/9/09.

Resulta inadmisible que en plena democracia todavía se realicen tareas de inteligencia, o sabotaje, como las denunciadas, que colocan en situación de inseguridad a la Magistrado en particular y a la sociedad en general. Se solicita una profunda investigación para determinar el origen de las acciones señaladas, sus autores, cómplices, partícipes, encubridores y en especial sus instigadores.
El texto de la presentación es el siguiente:

DENUNCIA INTELIGENCIA INTERIOR, INTERFERENCIA EN LAS COMUNICACIONES Y OTROS DELITOS.-

Excma. Cámara Federal:
Enrique A. PIRAGINI, abogado, por sí y en calidad de Presidente del PARTIDO DEL CAMPO POPULAR, DISTRITO CAPITAL FEDERAL (personería que pido se certifique a través de la página oficial de la Secretaría Electoral), con domicilio procesal en Uruguay 485 p. 3º "R02" (zona 119, TE 4599-8353 y 154-159-8401), a V.E. respetuosamente digo:

Vengo presentar formal denuncia con motivo de la ilegítima intrusión en el despacho de la juez federal MARIA ROMILDA SERVINI DE CUBRIA, y la existencia de dispositivos para interferir sus comunicaciones, tal como fuera puesto en público conocimiento a través de las notas suscriptas por el periodista de investigación Sr. LUCIO FERNANDEZ MOORES aparecida en el diario Clarín del 30/9/09. Resulta inadmisible que en plena democracia todavía se realicen tareas de inteligencia, o sabotaje, como las denunciadas, que colocan en situación de inseguridad a la Magistrado en particular y a la sociedad en general. Se solicita una profunda investigación para determinar el origen de las acciones señaladas, sus autores, cómplices, partícipes, encubridores y en especial sus instigadores.-
La nota periodística aludida textualmente dice:

INVESTIGACION SOBRE LOS APORTES ELECTORALES PARA LA CANDIDATURA DE CRISTINA KIRCHNER EN EL 2007

Gastos de campaña: la jueza Servini denunció que le pincharon el teléfono.

La magistrada afirmó que le "plantaron" un transmisor oculto en su línea telefónica.

Por: Lucio Fernández Moores

ESPIADA. LA JUEZA SERVINI, LA SEMANA PASADA, EN EL JUICIO CONTRA EL APROPIADOR DEL DIPUTADO JUAN CABANDIE.

La jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Servini de Cubría, denunció ayer haber encontrado un micrófono en la línea telefónica de su despacho en la planta baja del Palacio de Justicia. El hallazgo se produjo el lunes, día en que también la magistrada descubrió rota la llave de un cajón de su escritorio.
El micrófono fue descubierto durante una inspección de rutina que Servini ordena hacer regularmente para detectar posibles espionajes. En rigor, lo que se encontró es un transmisor insertado a la caja de la línea telefónica, dentro del despacho, capaz de captar las conversaciones de esa línea y enviarlas a un receptor por banda de ultrafrecuencia ubicado en un radio de 50 metros a la redonda.
"Lo tomo como una intimidación", le dijo Servini a la agencia DyN durante un alto del juicio que se le sigue en el Palacio de Justicia al apropiador del legislador porteño Juan Cabandie durante la dictadura, el policía Luis Antonio Falco. Cabandie es el nieto número 77 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
"Me llamaba la atención que había cosas que su publicaban en los medios sobre conversaciones que habíamos tenido en mi despacho con mi secretaria, sólo entre ella y yo, y que al día siguiente había trascendido en los medios. Los temas que hablamos era sobre los gastos de la campaña electoral", agregó la magistrada.
Fuentes cercanas a la jueza ¿quien prefirió no hablar con Clarín y derivar la consulta a su abogado-no descartaron que el incidente tenga vinculación con un pedido de juicio político que tiene en el Consejo de la Magistratura y por el que se le pidieron explicaciones semanas antes de las últimas elecciones del 28 de junio. Los documentos que Servini pensaba usar en su defensa por ese caso fueron robados el 13 de mayo pasado del mismo despacho, según denunció en su momento la jueza.
Es decir, este es el segundo episodio de similares características que sufre la jueza en menos de cinco meses. Como jueza federal electoral porteña, Servini de Cubría investiga los gastos de la campaña presidencial de 2007. Además, a partir de ayer ya está habilitada para intervenir en los gastos de campaña de la última elección legislativa, aunque sólo por los candidatos de la Capital Federal y no por los de la provincia de Buenos Aires, donde más plata se gastó.

La magistrada agregó este nuevo hecho del micrófono a la denuncia que hizo en mayo ante su colega Julián Ercolini por el robo de los papeles de su despacho. Lo hizo a través de un escrito presentado en su nombre por el abogado Pablo Jacoby.

"El personal policial detectó la presencia de una anomalía en la banda de ultra alta frecuencia (UHF), una interferencia que dejaba entrever la posibilidad de que existiera un aparato transmisor operando en dicha banda ubicado en mi despacho", dijo la jueza en su denuncia.

"Se observó que la caja telefónica de paso poseía sólo uno de los cuatro tornillos que debían sujetarla a la pared. Al revisar su interior se encontró la presencia de un transmisor que captaba las conversaciones telefónicas que se producían en dicha línea y las transmitía por la banda de ultra alta frecuencia para que fueran recibidas por un receptor", agrega la denuncia.

Fuentes tribunalicias recordaron que Servini tiene otra denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Es de tres ex empleados despedidos de la DGI a principios de los 90. Fue remitida en abril por la Procuración General de la Nación. Uno de esos ex empleados de la DGI, Mario Portillo, había sido absuelto por Servini en 1994, en un juicio por calumnias e injurias que le hizo el ex titular del organismo Ricardo Cossio. Uno de los abogados de Portillo fue la actual diputada oficialista Diana Conti, que ahora se excusó de intervenir en este caso como miembro del Consejo de la Magistratura.
En consecuencia se requiere la intervención judicial para determinar la posible comisión de los delitos de amenazas coactivas, interferencia en las comunicaciones y violación de los deberes del funcionario público que pudiere haber ordenado o tolerado la ilegítima inteligencia interior desplegada. Acciones como la denunciada no pueden quedar impunes.-
Asumo el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población, y en calidad de Presidente Distrito Capital Federal del PARTIDO DEL CAMPO POPULAR, cuya personería solicito se certifique a través de la página oficial que en Internet mantiene la Secretaría Electoral, ya que los partidos políticos son herramientas políticas de jerarquía constitucional.-
Proveer de conformidad,
SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.-

ENRIQUE A. PIRAGINI
Abogado CPACF 22-23
4599-8353 y 154-159-8401

partidodelcampopopular@hotmail.com


Fuente: INFORMADORPUBLICO.COM
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Por: Carlos Tórtora

3..Kirchner sufre el síndrome de Kosteki y Santillán

La ofensiva de los sindicalistas combativos descoloca al gobierno, a la CTA y a los chavistas.

El plan de lucha dirigido por la alianza entre el Partido Obrero y el Partido Comunista Revolucionario -este último a través de la Corriente Clasista y Combativa- descolocó tanto al kirchnerismo como al bloque chavista. La ofensiva tiene como banderas principales a Kraft, el subte (Metrovías) y los petroleros del sur, pero abarca a un espectro de 30 conflictos de los cuales la mitad se ubica en la provincia de Buenos Aires. El plan político de este sector de la izquierda apuntaría a los siguientes objetivos: 1) Obligar al Gobierno a “correrse a la derecha” ante la necesidad de utilizar el aparato represivo y la justicia. 2) Producir el vaciamiento político y gremial de la alianza CTA-Proyecto Sur. 3) Consolidar los sindicatos de base. 4) Preparar el terreno para una movilización popular similar a la que produjo la caída de Fernando de la Rúa. El avance de los índices de pobreza e indigencia y, sobre todo, la feroz competencia salarial desatada a partir de los altos sueldos de la elite sindical (camioneros, petroleros) le abrieron a la izquierda un espacio que antes era ínfimo. Sin duda alguna, el sector más amenazado por los combativos es la CTA, donde predominan los empleados públicos y los docentes. Hugo Yasky percibió la amenaza y dispuso la movilización de sus huestes para reclamar la personería como central sindical que el gobierno le adeuda. Yasky, Claudio Lozano y Fabio Basteiro cerraron filas con Fernando Pino Solanas en el Congreso y terminaron funcionando como la rueda de auxilio del gobierno, por ejemplo, en la votación de la ley de medios. La incorporación de la centroizquierda a la coalición K creó una oportunidad única para el avance de los combativos. Es así que ahora Kirchner, en lugar de negociar con los amables progresistas, debe enfrentarse a la pesadilla de las comisiones internas de fábrica. Para colmo de males, entre la CCC de Juan Carlos Alderete y la Mesa de Enlace del agro existen sólidos vínculos. De mantenerse la actual tendencia, los combativos chocarían directamente con el nuevo eje Hugo Moyano-Luis D’Elía y en esta polarización la CTA perdería entidad.

A todo esto, los combativos cuentan como respaldo la movilización del frente estudiantil, como se vio en los últimos días con los cortes de calles en la Capital. Es que en las últimas elecciones en la UBA, la alianza UJS-PO se convirtió en la primera fuerza. Ganaron la presidencia de los centros de estudiantes de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria y obtuvieron la Secretaría General de Arquitectura, más cinco segundos puestos en otras facultades.

El dilema de los chavistas.
Aparte de la CTA, la otra fracción de la izquierda en situación incómoda son los grupos piqueteros que responden a Hugo Chávez, empezando por Libres del Sur de Humberto Tumini y Barrios de Pie de Jorge Ceballos. Estos son disidentes del kirchnerismo pero responden a Caracas. En tanto que D’Elía mantiene su doble lealtad a Kirchner y Chávez. Tumini y Ceballos administran los recursos de las llamadas “misiones bolivarianas”, que llevan adelante planes de asistencia en la Argentina. Unos cuantos municipios, como por ejemplo San Martín -el intendente es Ricardo Ivoskus-, ya firmaron convenios con los bolivarianos. Los chavistas apuestan fuerte a controlar el frente social, es decir, la masa de piqueteros que pueden sitiar la Capital Federal en cuestión de horas. D’Elía fue perdiendo terreno a medida que los sectores de menores recursos se alejan de la Casa Rosada. El último Cabildo Abierto en Plaza Once organizado por aquél mostró que las bases piqueteras se habían marchado con Ceballos y Tumini. Pero la irrupción al primer plano del PO y el PCR dejó descolocados a los chavistas. Estos estarían a punto de impulsar un plan de movilizaciones para que el “frente social” se sume al “frente sindical”. Pero está por verse qué decidirán sus mandos en Caracas. A Chávez, la pérdida del control social que sufre Kirchner podría abrirle la puerta para que sus bolivarianos empiecen a tener peso propio en la política argentina.

En el extremo del espectro están los movimientos piqueteros más ultras y de menor peso, como Aníbal Berón, el Movimiento Teresa Rodríguez y Quebracho. Esta franja estaría recibiendo financiamiento de la embajada de Irán en Buenos Aires y el jefe de Quebracho, Fernando Espeche, habría viajado recientemente a Teherán. Esto no quita que algunas fuentes sostienen que Quebracho mantiene lazos con un subordinado directo de Aníbal Fernández.

Los dilemas del gobierno.
El patético discurso que CFK dio ayer en Córdoba simboliza el dilema del gobierno. Allí dijo: “Debemos terminar de promover la organización para impedir a los otros ejercer sus derechos”. El problema que es que el gobierno financió y promovió durante seis años los cortes de calles y rutas por piqueteros y sindicalistas. Entonces, su autoridad para restablecer el orden público es por demás endeble. Nada indica tampoco que Kirchner confíe en recurrir intensivamente a la justicia y las fuerzas de seguridad. El síndrome de Kosteki y Santillán está demasiado presente en Olivos.

La imagen de Eduardo Duhalde adelantando las elecciones por el homicidio de los dos piqueteros a manos de la policía bonaerense -ocurrido en Avellaneda en el 2002- es una de las peores obsesiones del kirchnerismo. Todas las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de no portar armas de fuego cuando acuden a disuadir protestas sociales o sindicales. Si bien la idea del blindaje les resulta inaceptable a los Kirchner, alguna respuesta deberán dar. La presión de las centrales empresarias, más varias embajadas, empezando por la de EEUU, se suma al malhumor de la clase media ante la explosión de nuevos cortes.

Por lo pronto, Kirchner estaría pensando, como siempre, en que lo primero es recuperar la calle.

Para eso se estaría preparando una gran movilización de apoyo al gobierno presidida por Moyano y D’Elía. El show antiimperialista, con la nueva embajadora Vilma Martínez, completaría por ahora el cuadro.

Como prueba de que la situación se agrava, desde Olivos habrían mediado para que la justicia federal aminore la marcha en la investigación de las irregularidades en 50 obras sociales, entre ellas la de Camioneros.

Con los combativos en la calle y los chavistas agazapados, el camionero es la única barrera que separa al gobierno de una pueblada.

Fuente: INFORMADORPUBLICO.COM
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