miércoles, 28 de julio de 2010

1-¡NO,//2- Manifiesto//3-LEY DE//4-El Derecho a…



TÍTULOS:


1-¡No, ni se apagará ni vacilará!
PARA CONFORTAR A QUIEN HA ELEGIDO LA FIDELIDAD, PARA REPRENDER A QUIEN HA PREFERIDO EL ESPEJISMO DEL PODER.
Colaboración de: Genaro Soto.
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2-
Manifiesto contra la sociedad al revés .
Fuente y envío :
El brigante.
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3-LEY DE MIEDOS O GUERRA DE IV GENERACION
Fuente y envío: Centro de Estudios Regionales .
Informe Nº230710218.
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4-El Derecho a la Libertad de Prensa en

la Constitución Nacional.
Por el Dr.Francisco Bénard.
Enviado por el autor.
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CONTENIDOS DE LOS TÍTULOS:



1-¡No, ni se apagará ni vacilará!

PARA CONFORTAR A QUIEN HA ELEGIDO LA FIDELIDAD, PARA REPRENDER A QUIEN HA PREFERIDO EL ESPEJISMO DEL PODER.

Colaboración de: Genaro Soto.

"Aunque este siglo parezca prometernos un largo período de luchas oscuras, sin victoria aparente y con todo el linaje de humillaciones, aunque estemos abocados al menosprecio, al escarnio, a la expulsión de la vida pública; aunque en este martirio del desdén hayamos de sufrir el triunfo de los estultos, el poder del malvado y la gloria de los viles, Dios, por su parte, reserva a sus fieles el desempeño de un papel cuyo esplendor profundo y duradero no rechazarán ni ignorarán...



Él les concede la gracia que lleven su verdad, empequeñecida y reducida a una llama del altar que se puede poner en las manos de un niño, y les manda que desafíen todo ese huracán porque, con tal de que su fe no se debilite, la llama viva no sólo no se apagará, sino que ni siquiera vacilará. ¡No, ni se apagará ni vacilará! La tierra nos cubrirá con su polvo, el océano nos volcará encima su espuma, nos aterrarán la fieras desencadenadas contra nosotros, pero superaremos este feo momento de la historia humana. La pequeña llama depositada en nuestras manos heridas no perecerá y volverá a encender el fuego divino".
(La ilusión liberal, de Louis Veuiolt).


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2-
Manifiesto contra la sociedad al revés .

Fuente y envío :
El brigante.

La causa final de la sociedad es el bien común temporal, la vida común según la virtud. La virtud específica que regula el logro de ese bien común es la justicia general, virtud que se predica de distinta manera en gobernantes y gobernados. En los primeros, en quienes es más eminente y arquitectónica, se manifiesta sobre todo en la promulgación de leyes justas ordenadas al bien común y en las decisiones prudentes de gobierno enderezadas al mismo fin. En los ciudadanos, principalmente, se manifiesta en el cumplimiento de las leyes y en la adquisición de las virtudes necesarias para concurrir a los actos legales y de gobierno: fortaleza, templanza, liberalidad y, sobre todo, prudencia.



En cuanto a la orientación de una muchedumbre a un bien común, podemos distinguir entre situaciones de explícita y constitutiva búsqueda; situaciones de búsqueda parcial o imperfecta, y por último situaciones de evitación sistemática o de exclusión programática. Las dos primeras situaciones son legítimamente llamadas sociedades políticas y se ordenan la una a la otra como lo imperfecto a lo perfecto. El anómalo tercer escenario lo hemos llamado disociedad o sociedad al revés: también se puede denominar “tiranía”, aunque parece que la tiranía designa más específicamente a un gobierno que a un sistema.



Es la misma naturaleza humana la que establece la preeminencia del bien común sobre el individuo, por lo que esa misma naturaleza contiene una inclinación a la justicia general. Esa inclinación encuentra su fin adecuado en las sociedades bien constituidas, en un grado que puede ir de lo perfecto a lo menos perfecto. En una disociedad, esas mismas inclinaciones políticas, carentes de la rectificación necesaria por parte del gobernante, fácilmente degeneran en sumisión servil, convirtiéndose, por paradójico que resulte, en el mayor sustento de ese tiránico simulacro de organización política.



Como colofón a estas consideraciones apresuradas, aventuro alguna reflexión de naturaleza práctica:




1) Hagas lo que hagas, obra con prudencia y ten presente el fin por el que obras, dice el viejo proverbio . Una conclusión genérica se impone: la inclinación hacia el bien común está inscrita en nuestra naturaleza y no podemos renunciar a ella sin traicionarnos a nosotros. Por lo tanto, lo que en situaciones normales nos empuja a la obediencia de la ley, en las patológicas como hoy, nos demanda la resistencia a la disposición inicua. Pero no sólo eso: debemos aspirar a la recreación de un orden político al servicio del bien común;



2) Así pues, un movimiento “social” dirigido a la mera “objeción” a la “norma tiránica”, sólo en apariencia se inserta en la dinámica del bien común. Tales movimientos, para ser legítimos, deben incluir en su definición una finalidad proporcionada: es decir, la reversión de una situación social patológica y su sustitución por un orden político justo.



3) El espejismo “democristiano” ha sido adecuadamente confutado por plumas más competentes, demostrando errores antropológicos y de contrariedad con la doctrina política de la Iglesia, por ejemplo, recientemente, por Danilo Castellano o Miguel Ayuso. Baste aquí decir que la política de pretendido parcheo desde el interior de la disociedad adolece de la misma tacha que los movimientos “sociales” a los que me refería en el punto 2: limitan sus aspiraciones a tal o cual acción, prescindiendo de la postulación natural de la finalidad política: el bien común, sostenido por el orden constitutivo justo.



4) Por esos motivos, aun cuando materialmente se pueda coincidir, con matices, en determinadas propuestas de estos movimientos “sociales” o con iniciativas democristianas, es fundamental identificar su inadecuación a las exigencias concretas y naturales humanas en el orden político y, por lo tanto, “teniendo presente el fin por el que obran”, denunciar su condición de obstáculos para el bien común.



5) Esa confinación a lo privado o a lo parcial es más sinceramente confesada por otros grupos, como los que se autodenominan “libertarios” de tipo norteamericano. La imagen del granjero, con su rancho, su rifle y su caballo, es decir, de la autarquía que entiende lo público como enemigo al menos potencial y de lo que hay que defenderse, se ha abierto paso entre muchos católicos desarraigados de la tradición política propia. El bien común propiamente hablando, como bien distinto y superior a los bienes particulares, no como mero orden público o como asistente de los ciudadanos en la consecución de sus fines privados, ha desaparecido. Por comprensibles que resulten estas reacciones, no podemos dejar de señalar su gravedad. Insistamos una vez más: el bien común no es una convención, ni una imposición positivista, sino una inclinación y una exigencia de la naturaleza humana.



6) En último término, la gran masa de los católicos “despolitizados” y desorganizados se integra pacíficamente en el sistema disocial, prestando su apoyo a una u otra fuerza gobernante. En estos, la renuncia al bien común, y por lo tanto al orden político justo, se suma a la culpable complacencia o lamentación, según los gustos, ante los avances corruptores de la disociedad democrática.



7) Aunque sea la justificación favorita de los católicos integrados en el sistema, la cuestión de la pretendida “efectividad” es también esgrimida, a modo de argumento decisivo, por los movimientos “sociales” católicos y por los democristianos. Tal es el grado de alejamiento de los principios políticos naturales y cristianos, los cuales, como no podía ser menos, se rigen por la moral natural y católica, uno de cuyos axiomas más sagrados es el de que el fin no justifica los medios, nunca. Además, nada impide que confluyan nuestras fuerzas para eventuales bienes particulares y para evitar males mayores, pero esa concitación nunca ha de hacerse, como habitualmente se exige, ensombreciendo el fin último de la acción, el bien común. Es decir, la aspiración del orden político cristiano al servicio de ese bien común.



8) En gran parte, la culpa no ya de la inoperancia católica, sino del abisal grado de esa inoperancia, es debido a esa “fascinatio nugacitatis”, fascinación de las cosas sin valor, que domina a los “católicos profesionales”. Como dice el libro de la Sabiduría, esa fascinación, “oscurece las cosas buenas”. Invirtamos los términos: la única “unidad de acción” posible, no será la ligada a “operaciones concretas”, es decir, a bienes particulares o a parches, sino la que se deduce de la unidad de finalidad: para lo cual debemos ser suficientemente unánimes sobre el orden político necesario para el bien común. Si, como parecen afirmar –nunca con claridad- este desorden actual de cosas les vale y lo único que necesitamos es enderezarlo con acciones puntuales, queda claro que, aunque reducidos a un puñado ínfimo, los que sostenemos la esperanza política fiados sólo en la naturaleza de las cosas y en la fe y en la doctrina imperecederas de la Iglesia, no podemos ceder sin comprometer esos bienes que están por encima de nosotros.



9) Uno de los pilares de esa esperanza política (también “contra toda esperanza”) es el de la legitimidad. No se trata solamente de mantener unos principios universales inviolables. Además, el bien común, como todo bien, procede de una “causa íntegra”. En el caso de la comunidad política de las Españas, ahora reducida a su condición de bien común acumulado y latente, la constitución histórica de nuestra patria ha sido monárquica y la corona era la depositaria de la legitimidad política. Bajo esa legitimidad, despojados de defectos ideologizantes, cabrán agrupados y ordenados los esfuerzos de los que, de verdad y sin altisonantes retóricas desean contribuir al bien común.



10) Todos los intentos de aventuras políticas “católicas” en la historia reciente de España deberían servir para confirmar empíricamente lo que se deduce de los viejos principios. Los católicos que deseamos vivir -también en el orden político- conforme a la doctrina de la Iglesia somos un grupo minúsculo. En parte el mal viene de muy lejos, como ya he señalado en otros lugares, del abandono de la doctrina social. La crisis atroz que vive la Iglesia ha agudizado el problema, acabando de desfigurar ante sus propios hijos las exigencias naturales y cristianas de la vida en común. No hay que darle muchas vueltas: sociológicamente somos un fleco ridículo en esta disociedad. Somos un “ruido estadístico” y pensar sobre nuestra acción política en términos que antepongan una efectividad puntual es una majadería. Sin embargo, en todo “tenemos presente el fin”. Nuestra acción no servirá de mucho si no está penetrada de esa presencia del fin: desde la laboriosa adquisición de las virtudes necesarias para la justicia general (fortaleza, magnanimidad, templanza, liberalidad, ¡prudencia!), hasta el estudio y la explicación de la doctrina política a todo el que quiera conocerla, pasando por la creación de familias educadas en el servicio a ese bien común político o creando obras educativas, económicas o artísticas. En todo ello, la causa final es la instauración de un régimen –utilicemos nuestro lenguaje más propio– de reinado social práctico de Nuestro Señor Jesucristo. Ése, y no otro, es el bien común (por limitado que sea) que nos es asequible en estas desdichadas circunstancias. Èse, y no otro, es el principal campo de batalla con nuestros equivocados hermanos los católicos extrañados de su herencia doctrinal, pero también de la naturaleza política.



11) Si algún día –quiéralo Dios– hemos de poder levantar la mano para poner fin a este desorden perverso y para contribuir a la reconstrucción de una sociedad justa y católica, será por Providencia de Dios y como un signo en medio de la Historia, como siempre lo fue antaño. El cristiano, teniendo en cuenta las distinciones anteriores, es hombre de oración y en la oración hemos de pedir conformarnos a los sabios designios de Dios. Y para no incurrir en la maldición del apóstol Santiago el menor, ésa de que pedimos y no recibimos porque pedimos para satisfacer nuestra concupiscencia, habremos de preparar ese momento con el cultivo de nuestros deberes de estado, con la adquisición de las virtudes conducentes a la justicia general y haciendo un resuelto apostolado político, transparente y sin concesiones. No hace tanto tiempo –y era ya entonces inverosímil- que las laderas de Montejurra se llenaban de fieles carlistas, como siempre esperando contra toda esperanza. Como reclamaba “la pucelle”, libremos, pues, el buen combate y Dios, si le place, dará la victoria. Nosotros seremos, llegado el caso, colaboradores asombrados, en primera línea de frente.



12) Con todas las limitaciones actuales, el germen –continuidad histórica de la legitimidad- de esa fe política hispánica, es el carlismo. Cuando todas las fantasías se han intentado y han defraudado, sigue siendo la hora de la tradición española, martirial e improbable. Llena de sorpresas.



El Brigante-Algunas consideraciones para la acción política en disociedad.

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3-LEY DE MIEDOS O GUERRA DE IV GENERACION

Fuente y envío: Centro de Estudios Regionales .
Informe Nº230710218.

Antonio Gramsci, filosofo y político marxista italiano (1897-1931), decía que para apoderarse del poder no hacía falta disparar un solo tiro, solo hacía falta manejar los medios de comunicación masiva ya estos tienen la posibilidad de entrar a todos los hogares. Si a esto - a decir de Gramsci - le agregamos una deficiente educación ciudadana habremos logrados la combinación perfecta ya que el receptor del mensaje no tendrá la capacidad de discernir entre la mentira de la propaganda que entra en su hogar y la realidad oculta en la que vive.

No sábenos si el matrimonio presidencial leyó al filosofo italiano y menos aun si están identificados conscientemente con la filosofía gramsciana del poder, pero de lo que si estamos seguros y sobran muestra de ellos es que el manejo “político ideológico” que hacen de los medios es solo una parte del pensamiento de la obra de Gramsci. Las contradicciones que muestran respecto del italiano se basan fundamentalmente en el rédito económico que este gobierno hace del manejo de los medios, desde la publicidad oficial hasta la compra, creación y explotación de número cada vez mayor de diarios, revistas, radios y canales e inclusive periodistas y comunicadores de diversos ámbitos.

Mientras se le niega el acceso a la televisión digital a los canales privados de TV abierta que existen actualmente, el régimen avanza en la creación de un monopolio estatal para la transmisión de TV digital abierta, que podrá elegir arbitrariamente qué canales públicos y privados subir a su plataforma.

Esta semana se publicó un decreto en el Boletín Oficial que habilita al sistema público Radio y Televisión Argentina (RTA) a difundir provisoriamente señales “propias o de terceros” en los cuatro canales asignados, que permiten hasta 16 señales audiovisuales digitales. El único requisito que le plantea a RTA es que esas señales “podrán ser transmitidas en tanto y en cuanto sean facilitadas por sus titulares en forma gratuita”.

El decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el esqueleto para montar la infraestructura de 16 señales que elija el Gobierno para transmitir en el sistema público de TV Digital. Sospechan que serían canales cercanos al Gobierno, en un caso único, donde a los emisores actuales de TV se les impediría acceder.

El presidente de RTA, Tristán Bauer, aseguró que en menos de 60 días se pasará de los dos canales digitales que se ofrecen actualmente (Encuentro y Canal 7) a diez; y a 16 canales hacia fin de año. Habrá cuatro canales públicos nuevos (infantil, cine, ciencia y deportes), más otros diez canales, que probablemente se sumen por acuerdos con RTA.

El especialista Henoch Aguiar destacó que si bien la ley de medios establece que la transición hacia la televisión digital debe ser determinada por el Poder Ejecutivo, se incluyeron en esa normativa una serie de mecanismos que limitan la toma de decisiones arbitrarias. “No se está cumpliendo con lo que plantea el artículo 93 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que no se hicieron audiencias públicas previas al dictado de este decreto, ni se convocó a un proceso participativo de elaboración de normas. Y no se trata a todos los emisores por igual: a los privados no les dieron frecuencias y a RTA sí”, explicó Aguiar.

De todos modos, la ley de medios no podría estar operativa, porque todavía no fue resuelto el caso iniciado por la diputada Beatriz Daher (Peronismo Federal), en Salta. Pero el Gobierno hace como si la ley estuviera operativa y avanza con decretos y resoluciones para implementarla, aunque sin tomar en cuenta lo que figura en la ley para la televisión digital.

“Formalmente la ley no está operativa, pero materialmente la están aplicando y no paran”, dijo el especialista Alejandro Pereyra. Y agregó: “Pareciera que acá la intención es crear una multiplicidad de señales como si el Estado fuera un operador de TV por cable público, pero bajo el formato de TV digital abierta, que va a competir con la televisión por cable, al ofrecer más de 10 señales de televisión”.

Mientras esto sucede, desde el gobierno aplican elevadas multas a quienes no piensan como ellos, clausuran otros, bloquean señales y quitan licencias a operadores de cables.

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4-El Derecho a la Libertad de Prensa en la Constitución Nacional.
Por el Dr.Francisco Bénard.
Enviado por el autor.

La Carta Magna en el Artículo 14 garantiza a todos los habitantes de la Nación entre otros derechos los siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria lícita, de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. La libertad de prensa es un pilar importantísimo en un sistema democrático ya que este supone pluralismo de ideas, disenso y respeto mutuo. Es esencial para el desarrollo de un Estado de Derecho. Si no se respeta la libertad de prensa se debilita todo el sistema democrático en un país. Es necesario tomar conciencia que el pluralismo de ideas supondrá divergencias y conflictos por las políticas de los medios de prensa, lo que hay que asumir con total naturalidad.


Nadie es dueño de la verdad total y siempre se crecerá con la cuota de verdad del otro. Eso supone un equilibrio en los conflictos naturales que se presentan en cualquier sociedad. La garantía constitucional de la libertad de expresión no es un derecho absoluto y los abusos producidos mediante el ejercicio profesional pueden ser objeto de sanciones. La difusión de las ideas debe hacerse en un marco de prudencia y veracidad de la información, ya que caso contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos. La libertad de prensa esta garantizada por la Carta Magna como hemos dicho, pero la prensa no puede hacer un ejercicio abusivo de informar.. La tarea períodistica debe ser realizada en un marco de prudencia y respeto mutuo..


Debemos también tener presente el Artículo 32 de la Carta Magna en el sentido que el Congreso de la Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado al del Artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma es uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Tiene una gran implicancia en las relaciones entre los habitantes y el Estado ,sino también entre los particulares entre si. No podemos soslayar que la discriminación -conducta contraria al principio sostenido en esta norma- ha alcanzado una drámatica vigencia con la propagación de las ideologías basadas en razones de odio social. religioso o político.


Hoy ha surgido en Internet lo que se ha dado en llamar "Periodismo Nuevo" que se está profundizando cada día más..Estos periodistas están implícitamente alcanzados por las normas constitucionales vigentes. Para terminar en un marco de respeto, tolerancia, disenso y respeto deben realizar sus tareas períodisticas. El Estado Nacional debe asumir esta nueva realidad que le ha planteado la modernidad en el Siglo XXI.


Dr.Francisco Bénard.
Abogado y Periodista.
pancho1947@gmail.com .


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