El relevado Comandante del IIIer Cuerpo de Ejército era el hijo mayor del viejo General Schurlein, el pacato y ultra moralista creador de la “situación irregular de familia” como antecedente negativo para los cuadros del Ejército. Los Oficiales que estaban en “situación SIF”, quedaban automáticamente fuera de la carrera militar entre los años setenta, ochenta y noventa.
Pero un día, siendo agregado militar en un país sudamericano, lo sorprendieron a su católica personalidad en un requiebre con una nativa, deslizándose por la cornisa del primer piso de una casa para evitar su propio bochorno, y la subsiguiente paliza de su esposa...
Finalmente él mismo, por la vergüenza y el escándalo, de ribetes internacionales, debió pedir el retiro.
Su primogénito Gustavo Gabriel tuvo, de cierta forma, una conducta similar. Jinete de prueba completa de 58 años, también pertenecía al arma de Caballería y a los Kirchner lo conocía desde su paso por la XI Brigada Mecanizada, en Río Gallegos cuando Bendini le entregó ese Comando para hacerse cargo del Ejército. Liliana, la esposa de Gustavo, se jactaba de ser íntima amiga de la presidenta. Y hasta llegó a ser nombrado juez militar ad hoc cuando, en mayo de 2006, juzgó, sentenció e hizo dar de baja a los militares que en Plaza San Martín concurrieron uniformados a homenajear a sus muertos en la guerra contra el terrorismo montonero.
Obviamente había dejado en el olvido sus épocas católico nacionalistas cuando, en 1971, como cadete y con tan sólo 21 años, Schurlein fue comisionado para entrenarse en el Southern Command de los Estados Unidos a cursar sus estudios militares en la Escuela de las Américas.
Mientras muchos altos jefes militares todavía no tomaban una “determinación política” respecto a las políticas que la ministra de Defensa, Nilda Garre, implementadas por expresa instrucción del presidente Néstor Kirchner, miraban con justificado recelo la actitud del actual jefe del III Cuerpo de Ejército, Gabriel Gabriel Schurlein, un militar consustanciado con el proyecto del santacruceño.
Denominado como el “hijo de (Roberto) Bendini” (en alusión al titular del Ejército Argentino), aseguraban que la relación de Schurlein con el presidente de la Nación era tan estrecha como la de su esposa con la primera dama, Cristina Fernández, de quien era su secretaria privada en el Senado, razón por la cual el titular del III Cuerpo viaja frecuentemente a Buenos Aires.
Hace algunos años el “alemán” transvistió su propia historia personal. Buscó diferenciar lo que era la guerra en el monte tucumano a lo que fue en la ciudad con la explicación llana de que en el monte se combatió de uniforme y a la vista de todos, y no disfrazados y enmascarados de partisanos, como lo hicieron en la ciudad.
Una manera extraña de sugerir que hubo dos formas de combatir el terrorismo sin aclarar que en el monte tucumano los terroristas también usaban uniforme y que así fue un combate mas franco, pero omitió decir que en las ciudades los guerrilleros se mimetizaban con los ciudadanos comunes y cometían crímenes vestidos como civiles.
A esto algunos memoriosos recordaron que Schurlein no solo combatió en forma “limpia” en Tucumán sino que también estuvo destinado en la Escuela de Suboficiales «Sargento Cabral» en Campo de Mayo, donde no solo lució su uniforme verde sino que se jactaba de usar la capucha.
Úlimamente acunaba la alocada hipótesis de emplear al reducido remanente de las FFAA para neutralizar supuestas numerosas y bien entrenadas tropas que invadirían nuestro suelo para llevarse el agua de todos los argentinos, lo que justificaba la minimización militar, al ofrecer brindar adiestramiento a las ONG de piqueteros en una reunión privada que aterrorizó hasta a Bendini.
Es aquí donde precisamente la doctrina Schurlein no cerraba con la de la Ministra de Defensa, que hasta contempla la posibilidad de que el ejercito en operaciones por la defensa del “acuífero guaraní” combata contra el salvaje invasor junto a ciudadanos de a pie, entrenándolos y armándolos para el caso, es decir los tan despreciados “partisanos” de Schurlein. ...Y comenzó a sospechar que trataba con un farsante...
Tampoco le sirvió su obsecuencia con la justicia montonera. Si en algo se esmeró Gustavo Gabriel fue en denigrar al personal militar detenido en la Guarnición Militar Córdoba. En una reunión de Oficiales de la Guarnición, refiriéndose a los infortunados de sus propios camaradas no vaciló en asegurar... “por algo estarán presos”. Esto le trajo algún problema ya que algunos de los oficiales presentes eran familiares de los prisioneros. Ese tipo de camaradas les resultaban un estorbo. Por todos los medios trató de quitárselos de encima. Si no hubiera sido por la Justicia Cordobesa lo hubiera logrado. Aunque obtuvo desentenderse de los traslados ya que por su obra, los viajes con detenidos militares desde la Guarnición Militar hasta los juzgados ya no se hacían por medio militar, sino a través de la policía provincial o el Servicio Penitenciario. Prohibió, a través del Secretario General del IIIer Cuerpo, Cnl Izquierdo, que personal militar en actividad puede concurrir a la cárcel de Bower a visitar a sus compañeros, e incluso la prohibición alcanzó al Capellán de la Guarnición, que se vio privado de prestar los auxilios espirituales a los militares cautivos.
...Justificando ante la prensa la cesión de La Calera
Sin embargo, para los peronistas el único día de la lealtad es el 17 de octubre, caracterizando a sus dirigentes por la tendencia a la traición sistemática de sus acólitos.
Resultó así, que nuevas denuncias por actos de corrupción en el Ejército provocaron, el 17 de setiembre, dos relevos importantes. Y la ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó el pase a disponibilidad del comandante del III Cuerpo, general Gustavo Schurlein, y a otro general “leal y consustanciado con el kirchnerismo”, el jefe de la Aviación del Ejército. Además, dispuso desplazar a otros 11 oficiales y presentar en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, las irregularidades descubiertas en las compras militares.
Esta causa fue iniciada el 8 de agosto, cuando el Ministerio de Defensa presentó en la Justicia la investigación de su Unidad de Auditoría Interna, que encontró diversas faltas en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos. Entonces, por esos hechos fueron desplazados de sus cargos 31 militares, entre ellos cuatro generales.
El Ministerio de Defensa hizo finalmente una ampliación de la denuncia, que ya involucra a 44 militares y a 90 civiles proveedores del Ejército. El monto de la supuesta estafa al Estado supera los 70 millones de pesos, según fuentes oficiales que conocen los resultados de las auditorías. Los militares son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, entre otros.
Las licitaciones y compras directas cuestionadas no tienen que ver con armamento o repuestos militares, sino con las denominadas "adquisiciones menores" de bienes y servicios, concretadas en 2007.
Al igual que lo ocurrido en un primer momento en Buenos Aires y alrededores, Garré tomó la determinación de relevar a los involucrados en la causa cordobesa sin consultar ni informar al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini. Ni siquiera conversaron entre ellos sobre una situación que conmociona a la fuerza terrestre. La comunicación de los pases a disponibilidad de sus subordinados le llegó a Bendini a través del secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro, que en la práctica trabaja como un viceministro.
De todas maneras, el desplazamiento de más generales por las auditorías llevadas adelante por el Ministerio de Defensa no sorprendió al Ejército. En los pasillos del Edificio Libertador esperaban nuevas bajas tras la denuncia inicial del 8 de agosto. También se asegura que en diez o quince días se presentaría la investigación realizada en el Comando de Arsenales de Boulogne, que provocaría nuevos e importantes relevos.
El primer expediente presentado por Garré en la Justicia anunció que la causa tendría repercusiones: "Los hechos que aquí se denuncian darían cuenta de la existencia de una estructura destinada a delinquir en la órbita del Ejército y de la cual estas tres unidades sólo serían una parte".
Garré advirtió a los mandos del Ejército para informar el resultado de las auditorías de las tres primeras unidades investigadas. La ministra pidió entonces a los militares que no confundiesen "irregularidades con delitos". Los oficiales están convencidos de que es el propio sistema de compras del Estado el que obliga a no respetar las formas para cumplir con los objetivos. En esa oportunidad, un general se puso de pie para exponer ese pensamiento. Fue el único que habló, y recibió una lapidaria respuesta pública de Garré. El general Schurlein, quien se consideraba intocable, fue quien tomó la palabra para defender la posición de los mandos, porque le habían llegado rumores que la UAI (Unidad de Auditoría Interna de Defensa) hurgaba sobre sus negocios privados con los dineros públicos, lo que no impidió que fuera a su vez denunciado tras la auditoría de su unidad. El ahora ex jefe del Tercer Cuerpo mantuvo el “entredicho” con la Garré durante una reunión de la ministra con altos mandos. Schurlein tuvo el descaro de justificarse alegando que el sistema de contrataciones del Estado es malo en general y que se presta a maniobras para eludir controles: “...el sistema de contrataciones del Estado, de acuerdo al decreto 515 (del Ministerio de Economía de la Nación) es malo para toda la administración pública, no sólo para el Ejército”, dijo, lo que fastidió a Nilda, representante de un régimen que pese a ser corrupto, no le gusta compartir.
Finalmente Schurlein fue incluido en la segunda tanda de sanciones que ordenó la ministra Garré, en el marco del escándalo por supuestas anomalías en las compras y en contrataciones de proveedores del Ejército. La primera nómina se había conocido el 8 de agosto, cuando Garré elevó una denuncia a la Justicia, que hoy tramita el juez federal porteño Adolfo Canicoba Corral.
“Schurlein se enteró por la página web del Ministerio de Defensa (un sitio que es de acceso público) sobre su pase a disponibilidad, pero fue notificado de manera oficial 10 días después de que su nombre apareciera en los diarios como un corrupto”, relató una fuente del IIIer Cuerpo.
En ese escenario, el malestar radicaría, además, en que se cargaron las sospechas “sólo sobre el Ejército y no se investigó, por caso, a otras fuerzas, como la Aeronáutica, la Armada o Gendarmería Nacional”, según buchoneó Schurlein.
Además de Schurlein, en el Tercer Cuerpo de Ejército fueron separados de sus cargos, por la misma causa, tres coroneles y dos tenientes coroneles, íntimamente cercanos al amigo de Cristina Kirchner.
Aunque se muerden los labios por no hablar en público, no son pocos los cuadros superiores del Ejército que han quedado con la sangre en el ojo por las sanciones que aplicó la ministra de Defensa, Nilda Garré, contra algo más de 40 oficiales del arma, entre los que se cuentan cuatro generales. Así, en esa seguidilla de descabezamientos, dispuestos en dos tandas, fue pasado a disponibilidad el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Córdoba, general de brigada Gustavo Schurlein.
Pero el malestar excede esas cuestiones por presuntos casos de corrupción en los cuarteles que investiga la Justicia Federal.
Según fuentes militares de Córdoba –una de ellas en actividad– que accedieron a dialogar bajo total reserva de sus nombres, la inquietud abarca otras cuestiones, más allá de las referidas sanciones. A saber:
Desmesurados porcentajes “en negro” en la liquidación de los salarios castrenses, lo que afecta de manera directa a los retirados y jubilados: Los militares cobran “65 por ciento” de sus salarios “en negro”, una situación impensada tratándose de dependientes del propio Estado nacional.
Falta de una política de Estado para la defensa, que en materia de renovación armamentista ubica a la Argentina a la cola de otros países de la región, como el cercano Chile.
Escasa atención presupuestaria para los soldados voluntarios, que una vez instruidos en los cuarteles optan por ingresar a la Policía de la Provincia de Córdoba, con sueldos que triplican a los que perciben en el Ejército. Pruebas al canto: “Un soldado voluntario cobra 1.100 pesos por mes y en la Policía llegan a cobrar 3.200 pesos. Se instruyen acá y rápidamente se van a buscar un trabajo estable, más prestigiado y donde difícilmente los vayan a traicionar”.
Malestar por la difusión pública y vergonzante que hizo el Ministerio de Defensa de la nómina de 44 militares pasados a disponibilidad por presuntos casos de corrupción, antes de que fueran notificados los propios involucrados, sin diferenciar a los decentes de los delincuentes, que usualmente ocupan las cúpulas de las grandes unidades de batalla.
En definitiva, el Comando del III Cuerpo, quedó sin el carcelero de sus camaradas y el pródigo que regaló las tierras y cuarteles militares. También Bendini sin su delfín, puesto para el cual Gustavo Schurlein se esmeraba. Hoy, que Bendini también fue despedido, tras traicionar a sus hombres, sin pena ni gloria, el Ejército se marchita encabezado por Pozzi, otro tristemente célebre general, famoso “proveedor trucho del Estado”.
Volviendo al legado de la familia Schurlein, la ministra de Defensa, Nilda Garré, recientemente ordenó a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, derogar las directivas que discriminaban los derechos familiares del personal militar. Las normas anuladas se refieren a las llamadas “situaciones ordinarias de familia”, “situaciones regulares de familia”, “situaciones irregulares de familia” y “situación particular de familia”.
La resolución 74/08 dictada por la ministra el 28 de enero pasado establece que “las Fuerzas Armadas como integrantes del poder administrador tienen el deber de adecuar sus normas internas a fin de que se garanticen la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales como son la libertad individual y la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada”. En las disposiciones militares, mandadas ahora a derogar por la ministra de Defensa, se establecían “condiciones y situaciones regulares” o “situaciones irregulares”; por ejemplo, en un reglamento militar se señalaba que “para el personal soltero, se entiende una situación regular (de familia) mantener su soltería sin convivir con una persona del sexo opuesto” y para el personal viudo “mantener su situación de viudez y sin vivir con una persona del sexo opuesto”.
Asimismo, en la resolución de Defensa se prescribe que “las Fuerzas Armadas carecen de facultad para reglamentar sobre las relaciones de familia, pues ésta es una facultad privativa del Congreso Nacional (Artículo 75 inciso, 12 de la Constitución Nacional)”. En la normativa firmada por Garré, se mencionan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que “establecen el derecho de toda persona a la protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (art. 17 y 11) “. También la resolución elimina, de las obligaciones del personal militar, la de responder interrogatorios acerca de: si se encuentra separado o no de su mujer; si está separado de hecho; si ha iniciado trámites judiciales para su divorcio (en este caso, que exprese los motivos); si convive o no con otra persona; si tiene hijos no reconocidos y similares.
Una colaboración de Mario Eberle Patterson
Comodoro Rivadavia (Chubut)
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Pero un día, siendo agregado militar en un país sudamericano, lo sorprendieron a su católica personalidad en un requiebre con una nativa, deslizándose por la cornisa del primer piso de una casa para evitar su propio bochorno, y la subsiguiente paliza de su esposa...
Finalmente él mismo, por la vergüenza y el escándalo, de ribetes internacionales, debió pedir el retiro.
Su primogénito Gustavo Gabriel tuvo, de cierta forma, una conducta similar. Jinete de prueba completa de 58 años, también pertenecía al arma de Caballería y a los Kirchner lo conocía desde su paso por la XI Brigada Mecanizada, en Río Gallegos cuando Bendini le entregó ese Comando para hacerse cargo del Ejército. Liliana, la esposa de Gustavo, se jactaba de ser íntima amiga de la presidenta. Y hasta llegó a ser nombrado juez militar ad hoc cuando, en mayo de 2006, juzgó, sentenció e hizo dar de baja a los militares que en Plaza San Martín concurrieron uniformados a homenajear a sus muertos en la guerra contra el terrorismo montonero.
Obviamente había dejado en el olvido sus épocas católico nacionalistas cuando, en 1971, como cadete y con tan sólo 21 años, Schurlein fue comisionado para entrenarse en el Southern Command de los Estados Unidos a cursar sus estudios militares en la Escuela de las Américas.
Mientras muchos altos jefes militares todavía no tomaban una “determinación política” respecto a las políticas que la ministra de Defensa, Nilda Garre, implementadas por expresa instrucción del presidente Néstor Kirchner, miraban con justificado recelo la actitud del actual jefe del III Cuerpo de Ejército, Gabriel Gabriel Schurlein, un militar consustanciado con el proyecto del santacruceño.
Denominado como el “hijo de (Roberto) Bendini” (en alusión al titular del Ejército Argentino), aseguraban que la relación de Schurlein con el presidente de la Nación era tan estrecha como la de su esposa con la primera dama, Cristina Fernández, de quien era su secretaria privada en el Senado, razón por la cual el titular del III Cuerpo viaja frecuentemente a Buenos Aires.
Hace algunos años el “alemán” transvistió su propia historia personal. Buscó diferenciar lo que era la guerra en el monte tucumano a lo que fue en la ciudad con la explicación llana de que en el monte se combatió de uniforme y a la vista de todos, y no disfrazados y enmascarados de partisanos, como lo hicieron en la ciudad.
Una manera extraña de sugerir que hubo dos formas de combatir el terrorismo sin aclarar que en el monte tucumano los terroristas también usaban uniforme y que así fue un combate mas franco, pero omitió decir que en las ciudades los guerrilleros se mimetizaban con los ciudadanos comunes y cometían crímenes vestidos como civiles.
A esto algunos memoriosos recordaron que Schurlein no solo combatió en forma “limpia” en Tucumán sino que también estuvo destinado en la Escuela de Suboficiales «Sargento Cabral» en Campo de Mayo, donde no solo lució su uniforme verde sino que se jactaba de usar la capucha.
Úlimamente acunaba la alocada hipótesis de emplear al reducido remanente de las FFAA para neutralizar supuestas numerosas y bien entrenadas tropas que invadirían nuestro suelo para llevarse el agua de todos los argentinos, lo que justificaba la minimización militar, al ofrecer brindar adiestramiento a las ONG de piqueteros en una reunión privada que aterrorizó hasta a Bendini.
Es aquí donde precisamente la doctrina Schurlein no cerraba con la de la Ministra de Defensa, que hasta contempla la posibilidad de que el ejercito en operaciones por la defensa del “acuífero guaraní” combata contra el salvaje invasor junto a ciudadanos de a pie, entrenándolos y armándolos para el caso, es decir los tan despreciados “partisanos” de Schurlein. ...Y comenzó a sospechar que trataba con un farsante...
Tampoco le sirvió su obsecuencia con la justicia montonera. Si en algo se esmeró Gustavo Gabriel fue en denigrar al personal militar detenido en la Guarnición Militar Córdoba. En una reunión de Oficiales de la Guarnición, refiriéndose a los infortunados de sus propios camaradas no vaciló en asegurar... “por algo estarán presos”. Esto le trajo algún problema ya que algunos de los oficiales presentes eran familiares de los prisioneros. Ese tipo de camaradas les resultaban un estorbo. Por todos los medios trató de quitárselos de encima. Si no hubiera sido por la Justicia Cordobesa lo hubiera logrado. Aunque obtuvo desentenderse de los traslados ya que por su obra, los viajes con detenidos militares desde la Guarnición Militar hasta los juzgados ya no se hacían por medio militar, sino a través de la policía provincial o el Servicio Penitenciario. Prohibió, a través del Secretario General del IIIer Cuerpo, Cnl Izquierdo, que personal militar en actividad puede concurrir a la cárcel de Bower a visitar a sus compañeros, e incluso la prohibición alcanzó al Capellán de la Guarnición, que se vio privado de prestar los auxilios espirituales a los militares cautivos.
...Justificando ante la prensa la cesión de La Calera
Sin embargo, para los peronistas el único día de la lealtad es el 17 de octubre, caracterizando a sus dirigentes por la tendencia a la traición sistemática de sus acólitos.
Resultó así, que nuevas denuncias por actos de corrupción en el Ejército provocaron, el 17 de setiembre, dos relevos importantes. Y la ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó el pase a disponibilidad del comandante del III Cuerpo, general Gustavo Schurlein, y a otro general “leal y consustanciado con el kirchnerismo”, el jefe de la Aviación del Ejército. Además, dispuso desplazar a otros 11 oficiales y presentar en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, las irregularidades descubiertas en las compras militares.
Esta causa fue iniciada el 8 de agosto, cuando el Ministerio de Defensa presentó en la Justicia la investigación de su Unidad de Auditoría Interna, que encontró diversas faltas en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos. Entonces, por esos hechos fueron desplazados de sus cargos 31 militares, entre ellos cuatro generales.
El Ministerio de Defensa hizo finalmente una ampliación de la denuncia, que ya involucra a 44 militares y a 90 civiles proveedores del Ejército. El monto de la supuesta estafa al Estado supera los 70 millones de pesos, según fuentes oficiales que conocen los resultados de las auditorías. Los militares son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, entre otros.
Las licitaciones y compras directas cuestionadas no tienen que ver con armamento o repuestos militares, sino con las denominadas "adquisiciones menores" de bienes y servicios, concretadas en 2007.
Al igual que lo ocurrido en un primer momento en Buenos Aires y alrededores, Garré tomó la determinación de relevar a los involucrados en la causa cordobesa sin consultar ni informar al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini. Ni siquiera conversaron entre ellos sobre una situación que conmociona a la fuerza terrestre. La comunicación de los pases a disponibilidad de sus subordinados le llegó a Bendini a través del secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro, que en la práctica trabaja como un viceministro.
De todas maneras, el desplazamiento de más generales por las auditorías llevadas adelante por el Ministerio de Defensa no sorprendió al Ejército. En los pasillos del Edificio Libertador esperaban nuevas bajas tras la denuncia inicial del 8 de agosto. También se asegura que en diez o quince días se presentaría la investigación realizada en el Comando de Arsenales de Boulogne, que provocaría nuevos e importantes relevos.
El primer expediente presentado por Garré en la Justicia anunció que la causa tendría repercusiones: "Los hechos que aquí se denuncian darían cuenta de la existencia de una estructura destinada a delinquir en la órbita del Ejército y de la cual estas tres unidades sólo serían una parte".
Garré advirtió a los mandos del Ejército para informar el resultado de las auditorías de las tres primeras unidades investigadas. La ministra pidió entonces a los militares que no confundiesen "irregularidades con delitos". Los oficiales están convencidos de que es el propio sistema de compras del Estado el que obliga a no respetar las formas para cumplir con los objetivos. En esa oportunidad, un general se puso de pie para exponer ese pensamiento. Fue el único que habló, y recibió una lapidaria respuesta pública de Garré. El general Schurlein, quien se consideraba intocable, fue quien tomó la palabra para defender la posición de los mandos, porque le habían llegado rumores que la UAI (Unidad de Auditoría Interna de Defensa) hurgaba sobre sus negocios privados con los dineros públicos, lo que no impidió que fuera a su vez denunciado tras la auditoría de su unidad. El ahora ex jefe del Tercer Cuerpo mantuvo el “entredicho” con la Garré durante una reunión de la ministra con altos mandos. Schurlein tuvo el descaro de justificarse alegando que el sistema de contrataciones del Estado es malo en general y que se presta a maniobras para eludir controles: “...el sistema de contrataciones del Estado, de acuerdo al decreto 515 (del Ministerio de Economía de la Nación) es malo para toda la administración pública, no sólo para el Ejército”, dijo, lo que fastidió a Nilda, representante de un régimen que pese a ser corrupto, no le gusta compartir.
Finalmente Schurlein fue incluido en la segunda tanda de sanciones que ordenó la ministra Garré, en el marco del escándalo por supuestas anomalías en las compras y en contrataciones de proveedores del Ejército. La primera nómina se había conocido el 8 de agosto, cuando Garré elevó una denuncia a la Justicia, que hoy tramita el juez federal porteño Adolfo Canicoba Corral.
“Schurlein se enteró por la página web del Ministerio de Defensa (un sitio que es de acceso público) sobre su pase a disponibilidad, pero fue notificado de manera oficial 10 días después de que su nombre apareciera en los diarios como un corrupto”, relató una fuente del IIIer Cuerpo.
En ese escenario, el malestar radicaría, además, en que se cargaron las sospechas “sólo sobre el Ejército y no se investigó, por caso, a otras fuerzas, como la Aeronáutica, la Armada o Gendarmería Nacional”, según buchoneó Schurlein.
Además de Schurlein, en el Tercer Cuerpo de Ejército fueron separados de sus cargos, por la misma causa, tres coroneles y dos tenientes coroneles, íntimamente cercanos al amigo de Cristina Kirchner.
Aunque se muerden los labios por no hablar en público, no son pocos los cuadros superiores del Ejército que han quedado con la sangre en el ojo por las sanciones que aplicó la ministra de Defensa, Nilda Garré, contra algo más de 40 oficiales del arma, entre los que se cuentan cuatro generales. Así, en esa seguidilla de descabezamientos, dispuestos en dos tandas, fue pasado a disponibilidad el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Córdoba, general de brigada Gustavo Schurlein.
Pero el malestar excede esas cuestiones por presuntos casos de corrupción en los cuarteles que investiga la Justicia Federal.
Según fuentes militares de Córdoba –una de ellas en actividad– que accedieron a dialogar bajo total reserva de sus nombres, la inquietud abarca otras cuestiones, más allá de las referidas sanciones. A saber:
Desmesurados porcentajes “en negro” en la liquidación de los salarios castrenses, lo que afecta de manera directa a los retirados y jubilados: Los militares cobran “65 por ciento” de sus salarios “en negro”, una situación impensada tratándose de dependientes del propio Estado nacional.
Falta de una política de Estado para la defensa, que en materia de renovación armamentista ubica a la Argentina a la cola de otros países de la región, como el cercano Chile.
Escasa atención presupuestaria para los soldados voluntarios, que una vez instruidos en los cuarteles optan por ingresar a la Policía de la Provincia de Córdoba, con sueldos que triplican a los que perciben en el Ejército. Pruebas al canto: “Un soldado voluntario cobra 1.100 pesos por mes y en la Policía llegan a cobrar 3.200 pesos. Se instruyen acá y rápidamente se van a buscar un trabajo estable, más prestigiado y donde difícilmente los vayan a traicionar”.
Malestar por la difusión pública y vergonzante que hizo el Ministerio de Defensa de la nómina de 44 militares pasados a disponibilidad por presuntos casos de corrupción, antes de que fueran notificados los propios involucrados, sin diferenciar a los decentes de los delincuentes, que usualmente ocupan las cúpulas de las grandes unidades de batalla.
En definitiva, el Comando del III Cuerpo, quedó sin el carcelero de sus camaradas y el pródigo que regaló las tierras y cuarteles militares. También Bendini sin su delfín, puesto para el cual Gustavo Schurlein se esmeraba. Hoy, que Bendini también fue despedido, tras traicionar a sus hombres, sin pena ni gloria, el Ejército se marchita encabezado por Pozzi, otro tristemente célebre general, famoso “proveedor trucho del Estado”.
Volviendo al legado de la familia Schurlein, la ministra de Defensa, Nilda Garré, recientemente ordenó a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, derogar las directivas que discriminaban los derechos familiares del personal militar. Las normas anuladas se refieren a las llamadas “situaciones ordinarias de familia”, “situaciones regulares de familia”, “situaciones irregulares de familia” y “situación particular de familia”.
La resolución 74/08 dictada por la ministra el 28 de enero pasado establece que “las Fuerzas Armadas como integrantes del poder administrador tienen el deber de adecuar sus normas internas a fin de que se garanticen la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales como son la libertad individual y la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada”. En las disposiciones militares, mandadas ahora a derogar por la ministra de Defensa, se establecían “condiciones y situaciones regulares” o “situaciones irregulares”; por ejemplo, en un reglamento militar se señalaba que “para el personal soltero, se entiende una situación regular (de familia) mantener su soltería sin convivir con una persona del sexo opuesto” y para el personal viudo “mantener su situación de viudez y sin vivir con una persona del sexo opuesto”.
Asimismo, en la resolución de Defensa se prescribe que “las Fuerzas Armadas carecen de facultad para reglamentar sobre las relaciones de familia, pues ésta es una facultad privativa del Congreso Nacional (Artículo 75 inciso, 12 de la Constitución Nacional)”. En la normativa firmada por Garré, se mencionan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que “establecen el derecho de toda persona a la protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (art. 17 y 11) “. También la resolución elimina, de las obligaciones del personal militar, la de responder interrogatorios acerca de: si se encuentra separado o no de su mujer; si está separado de hecho; si ha iniciado trámites judiciales para su divorcio (en este caso, que exprese los motivos); si convive o no con otra persona; si tiene hijos no reconocidos y similares.
Una colaboración de Mario Eberle Patterson
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