FUENTE: LA NACIÓN(Artículos y autores varios).
Compaginación y envío del: Grupo de Investigadores de Salta, Q.S y R.S.
Es extenso el contenido, pero vale el esfuerzo de leerlo.
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El precio del gas y la crisis energética.
Ernesto Poblet, experto en problemas energéticos y profesor de Derecho Internacional Público, LN 08.04.2004.
Una noche de 1960, varios médicos y camilleros entraban por el pasillo central del recinto de la Camara de Diputados. Traían en un aparato rodante al diputado Fasce, cuyos rasgos agónicos impresionaban. Los palcos estaban ya repletos de público y el cuerpo de legisladores se revolvía ansioso en sus butacas ante la incertidumbre de la realización o no de la sesión: faltaba un solo legislador para alcanzar el quórum necesario y tratar el proyecto de ley de energía que había enviado el presidente Arturo Frondizi. Conmovedora escena de un hombre víctima de una enfermedad terminal que concurría a cumplir con su deber de representante del pueblo. En medio de ese dramatismo se gestó la ley 15.336, que hasta el día de hoy -complementando la ley 24065- continúa rigiendo las relaciones contractuales que "luminosamente" permitieron las inversiones oportunas en el sector. Aquella sesión de la Cámara -además de la patética presencia del diputado Fasce, pocos días antes de su muerte-- ofreció a la historia pintorescas escenas provenientes de obsesiones disparatadas que la ignorancia y la necedad suelen instalar en el ambiente público. Hombres notorios, con la vocinglería que un heroísmo sobre-actuado les hace brotar, dedicaban horas en discursos encendidos, conferencias, reportajes y publicaciones para demostrar que en una simple figura jurídica del Derecho Administrativo se agazapaba el más terrible monstruo. La "concesión" -palabra impronunciable- era asimilada poco menos que al conde Drácula o a Iván El Terrible. Hubo un diputado -médico famoso y director de un importante hospital- que juró cortarse un brazo antes de permitir la sanción de una ley que instituyera la concesión de los servicios públicos. Un estadista como Frondizi logró solucionar el problema eléctrico en aquel clima soliviantado de militares golpistas y planteístas incursos en el delito, de gremialistas prepotentes e insaciables y la infaltable movilización de políticos demagogos y jóvenes desubicados. La generación del fluido eléctrico se empezó a regir por el Código de Comercio (absolutamente privada) y la distribución se mantuvo como servicio público. Se cumplirán cuarenta y cinco años de un marco legal pacífico, sufriendo las tarifas alteraciones bruscas sólo durante los espasmos inflacionarios de fines de los ochenta. Antes de esa ley -que el moribundo diputado Fasce contribuyó heroicamente a su sanción- la Argentina había sido por largo tiempo un país tenebrosamente oscuro y con peores perspectivas. Muchos se deben acordar de las luces mortecinas y de cuando a sus madres les prohibían el uso de las inocentes planchas eléctricas -y otros aparatos- con el fin de restringir el consumo de la muy escasa electricidad.
El panorama actual: El presidente Néstor Kirchner heredó una situación inmejorable en lo que respecta a infraestructura. Energía abundante y barata, capaz de atender el mercado interno y la exportación, que había transformado a la Argentina en un centro necesario para un mercado energético regional e integrado, en el que aspiraban a abastecerse los países del Mercosur y otros limítrofes. Durante la campaña electoral, uno de sus más preclaros colaboradores -que ahora se desempeña como secretario de Energía- destacaba el bajo precio, en nuestro país, del gas natural en boca de pozo, y lo comparaba con otros mercados análogos. Ya los precios en 2000 eran sensiblemente mayores en los EE. UU. y Europa que en la Argentina. Pero esa diferencia se profundizó mucho más hacia fines de 2001, cuando todavía nadie pensaba en la pesificación. Ante tan bajos precios del gas, sobrevino aquí la renovación del parque eléctrico, empleándose para ello las mejores tecnologías (caso del ciclo combinado) y precios del orden de 24,8 dólares el mW/h que ubicaban nuestra energía entre las más baratas del mundo. Estos resultados no fueron obra de la casualidad. El sector energético había invertido en la década del 90 la suma de 78 mil millones de dólares y, por esa razón, se produjeron incrementos en la producción del 60% en petróleo, nada menos que el 95% en el gas natural y 79,5% en electricidad. Sería deseable no contradecir al Presidente, pero la realidad es así. La evolución de los precios del gas y la electricidad fue, desde 1994 hasta 2001, de 3,23% para el gas natural, y un asombroso "descenso" de un 41,2% para la electricidad (período 1992/01). Estos son datos tan inobjetables que los dio el mismo secretario de Energía actual, en marzo de 2003, meses antes de asumir el gobierno.
El más barato del mundo: Ocurrida la pesificación, esos precios energéticos -mundial y regionalmente ya baratos- cayeron estrepitosamente a un tercio de su valor. Se operó un fenómeno insólito, al precio más barato del mundo se lo redujo tres veces. Pero la necedad y el regusto por la popularidad hicieron que no se tomaran las medidas urgentes y adecuadas. Debieron prever -y acá no hubo ignorancia- que la situación adquiriría en poco tiempo una gravedad de tal naturaleza como la que ahora se nos vino encima. Sufrirá nuestro pueblo, se desplomarán las expectativas favorables y los probables incumplimientos en obligaciones de exportación a Chile y Uruguay agregarán descrédito a nuestra nación en el exterior. En 2003, la producción de gas alcanzó un récord de 50,7 mil millones de metros cúbicos, lo cual significó un 10,5 % más que el año anterior. El 87% de ese gas abasteció el mercado interno a un precio insignificante, podríamos decir un "precio vil" sin sonrojarnos. Ello justificó esa triplicación del consumo que hoy se observa. Históricamente, el consumo de gas creció a un promedio del 3 o 4% anual, y no necesariamente en períodos recesivos. Esta grave situación no conmovió a las autoridades energéticas: por el contrario, hicieron lo peor que podían hacer a la luz de las enseñanzas de la historia: mantuvieron un congelamiento forzoso de precios y no dieron señal alguna que alentara las inversiones en el sector. Curiosamente, adoptaron una actitud más bien opuesta y de prepotente desaliento. Esta distorsión generó un consumo energético indiscriminado, no compatible con el crecimiento de la economía. La prueba está en que hemos satisfecho productos brutos mayores con menos consumo de gas natural, como lo demuestra el PBI de 2003, inferior en un 11% al de 1998. Hoy asistimos al peor de los escenarios. Se han establecido políticas demagógicas para abaratar el precio del gas natural. Como consecuencia de ello se alentó el consumo sin límites por un lado, y por el otro se desalentó la exploración y explotación del insumo energético. Después de la experiencia de líderes populares que cayeron en el error de congelar los alquileres de viviendas y locales -con lo cual quedaron atrapados entre el desabastecimiento o la inflación-, este antieconómico y aberrante procedimiento de la congelación de precios vuelve con dramatismo a producir su fenómeno natural. Todo lo que se congela en cualquier mercado dinámico, ineluctablemente lleva a la desaparición del producto. O se actualiza al nivel normal del precio de los insumos y la energía o volveremos a los cortes de luz cada vez más frecuentes e insoportables, donde todos perderemos y nadie ganará. Esta vez, hasta los colgados de las villas se van a perjudicar. Como la gloria del mundo, la popularidad mal obtenida también es efímera. Creíamos que la lección la habíamos aprendido todos y para siempre. Y esta vez la culpa nadie se la puede echar al "otro". No fueron las empresas, ni Menem, ni De la Rúa, ni el FMI, ni el establishment, ni la señora Kruegger, ni los bombardeos a Irak, los responsables de estos equívocos. Esta realidad fue advertida desde hace tiempo por expertos de distinta extracción, mientras nuestras juveniles autoridades --desde Navidad de 2001-- creyeron que con histrionismo, voluntad y discursos se podrían arreglar problemas tan específicos. Lo más curioso es que los temas hidrocarburíferos no son desconocidos para el presidente Kirchner. Hay que recordar que se desempeñó durante varios años de la década del 90 como presidente de la Ofepphi (Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos) con quien colaboró en carácter de gerente operativo el actual secretario de Energía -ingeniero Daniel Cameron- de muy prestigiosos antecedentes en la materia. No hay que olvidar el incidente con el vicepresidente Scioli, que salió a anunciar un aumento de tarifas y fue recriminado y humillado en público, en momentos en que todavía resultaba posible solucionar este problema. Hasta entonces, era sólo una cuestión tarifaria. Ahora el tema ha pasado a ser intrínsecamente energético, porque las consecuencias pasan a afectar a las familias, los hospitales, las escuelas, las fábricas, las comunicaciones, el abastecimiento de agua y todo el universo de las costumbres modernas.
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La fragilidad del sistema energético.
Al mismo tiempo que crece la demanda de energía a causa de un mayor consumo industrial y domiciliario, en la Argentina cobra más fuerza la impresión de que el país se encamina a convertirse en pocos años en importador neto de petróleo. De no mediar una modificación de la política energética, nuestro país quedaría expuesto así a los cimbronazos del cambiante mercado internacional, afectado por el escenario de conflicto permanente que se ha instalado en Medio Oriente. Ese cuadro se combina con los problemas de abastecimiento de gas cuando el frío se hace presente, lo cual deja al descubierto la ausencia de inversiones necesarias en el sector. La prolongación de un otoño caluroso había permitido hasta ahora eludir el cuello de botella en el abastecimiento energético que se produce cada vez que llega el invierno, desde hace varios años. Los clientes interrumpibles -industrias- ya sufrieron cortes de gas para poder garantizar el fluido a los hogares. Y al mismo tiempo, comenzó a importarse energía eléctrica desde Brasil con el fin de satisfacer el aumento de la demanda, que había colocado al límite la capacidad de generación. Hoy se estimula artificialmente el consumo de energía sin que haya como contrapartida inversiones para aumentar la oferta. La incertidumbre en el mercado de producción de gas y las sucesivas intervenciones gubernamentales en el mecanismo de fijación de los precios de la energía eléctrica han desalentado cualquier proyecto de inversión privada en el área de generación. La falta de exploración petrolera coloca a la Argentina al límite de su capacidad de autoabastecimiento, que mantiene desde hace 15 años, lo que la obligaría a importar crudo. Según las estimaciones privadas más pesimistas, en un año y medio nuestro país debería comprar -de no mediar cambios en la política oficial-, el equivalente al 8,3 por ciento de la demanda actual. Si los precios del petróleo se mantuviesen en los niveles actuales, tendría que desembolsarse unos 1160 millones de dólares anuales para abastecer el mercado interno. El año último la producción de petróleo se retrajo un 3,9 por ciento en nuestro país, mientras que en Brasil y otros países de la región aumentaba al ritmo del incremento de la exploración y explotación de crudo en el mundo. Perder la condición de autoabastecimiento puede colocar al país frente a problemas de seguridad en el suministro y obligarlo a pagar por un petróleo más caro. Esto se traduciría naturalmente en precios de productos de consumo masivo mucho más altos que en las condiciones actuales. Los valores vigentes de los combustibles en nuestro país están alejados de la realidad internacional, por lo cual, para mantener esa situación en un escenario de importación neta el Estado debería aplicar subsidios, mecanismos que en nada contribuyen a la transparencia y que dan pie a manejos arbitrarios. Desde 1998, cuando se registró la mayor producción de la historia y cuando Menem y Roque Fernández enajenaron a precio irrisorio las reservas centrales de YPF, la extracción de petróleo cayó en nuestro país un 21 por ciento. Esto lo coloca en una situación similar a la que imperaba antes de la desregulación de los años 90, cuando se abrió la puerta a las inversiones privadas. La diferencia es que ahora hay un horizonte de reservas mucho más acotado que en aquellos años. En momentos en que la demanda petrolera en el mundo ha aumentado considerablemente y los países que poseen petróleo hacen grandes esfuerzos para incrementar su producción, en la Argentina no hay políticas que alienten la inversión. La combinación de políticas erráticas en materia energética, la ausencia de incentivos para la exploración de nuevos pozos, la fuerte carga impositiva y la falta de un marco jurídico atractivo han contribuido a que la Argentina se encuentre en esta situación, después de haber salido de la profunda crisis de 2001. Es hora de que en nuestro país se defina una política clara para el sector, con estrategias de largo plazo, y reglas que alienten las inversiones y permitan superar la fragilidad estructural del sistema energético. LN 02.08.2006.
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Culpan a Kirchner por la crisis energética.
Dice Roberto Lavagna: "Lo que falta es gestión". LN 18.12.2006.
Metido de lleno en la carrera hacia las elecciones presidenciales del año próximo, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna volvió a criticar ayer al Gobierno por la crisis energética, el conflicto con Uruguay por la instalación de plantas de pasta celulosa y la política de control de precios impulsada por la actual administración. En referencia a los cortes de luz que afectaron a miles de usuarios en la Capital Federal y el conurbano, Lavagna sostuvo que se debieron "a la incapacidad de gestión que hay en ciertos sectores del Estado". "La necesidad de construir dos centrales nuevas [para producir más energía] fue anunciada a principios de 2004 por un área del Gobierno y tenían que funcionar en el tercer trimestre de 2006 [pero] recién se las contrató en octubre de este año", criticó Lavagna, en diálogo con FM Identidad, reproducido por la agencia de noticias DyN. "Hay ahí un grave problema de gestión porque, además, los recursos estaban depositados a plazo fijo en el Banco Nación, pero hay gente que cree que hacer gestos y hacer anuncios es hacer gestión de gobierno", fustigó. El ex ministro también afirmó que el presidente Néstor Kirchner "estuvo mal asesorado" al presentar una demanda en la Corte Internacional de La Haya contra Uruguay para impedir la construcción de las papeleras en Fray Bentos. "El Presidente tenía una esperanza en La Haya, pero yo estaba convencido, como todos los que conocen un poco el funcionamiento de los tribunales internacionales, de que era muy difícil que la Argentina obtuviera la razón. Kirchner fue mal asesorado y optó por confiar en que esa vía legal era la que iba a resolver las cosas", criticó. Por último, el ex ministro de Eduardo Duhalde aseguró que la "autoritaria" política oficial de control de precios afecta la "creación de empleo", porque los empresarios deben "retraer inversiones y toma de personal". En ese contexto, Lavagna recomendó volver a desgravar a las pequeñas y medianas empresas para que no tengan que tributar ganancias.
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Una República a oscuras.
En su obra Vidas argentinas, el prestigioso diplomático y pensador de principios del siglo último Octavio Amadeo escribió una frase memorable, al recordar que durante 1906 habían dejado de existir figuras de la talla de Manuel Quintana, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini: "La República se ha quedado a oscuras". Por otras razones, ese concepto podría cobrar, de pronto, actualidad si nuestras autoridades no enfrentasen satisfactoriamente el fenomenal crecimiento que ha tenido nuestra demanda eléctrica en los últimos años. Después de la crisis política e institucional de 2001/2, la economía argentina se recuperó a tasas cercanas al 9 por ciento anual, que todavía permiten proyectar un futuro auspicioso. Ese crecimiento vigoroso de nuestra economía pudo ser acompañado por el sector eléctrico merced a las importantes inversiones realizadas en los años previos a la crisis, que se tradujeron en la conformación de un significativo excedente de potencia instalada y en una mayor oferta en el plano de la distribución. Fue precisamente ese excedente el que -junto con algunas obras nuevas en el sistema de transporte, que elevaron la capacidad instalada un escalón mas arriba del nivel que ya se había alcanzado- permitió absorber hasta ahora, a costa de ir saturándolo, el fuerte aumento de la demanda, consecuencia a su vez del incremento de la actividad económica. La demanda de electricidad impulsada por el crecimiento de la producción industrial, sumada al aumento de las corrientes turísticas y, en grado muy importante, al continuo aumento de la venta de equipos de aire acondicionado y artículos para el hogar, que terminarán agregando en sólo dos años una demanda eléctrica casi equivalente a la producción de diez centrales de generación del tipo de la de Atucha I, proyecta una clara señal de alerta sobre el sistema eléctrico. La concurrencia y persistencia de diversos factores, como el ya referido crecimiento de la demanda por encima de lo esperado; la postergación de soluciones de fondo para atender las disfunciones del mercado; la peligrosa continuidad de tarifas subvaluadas que alientan el dispendio; la ausencia de nuevas y necesarias inversiones, y la continuada transferencia de recursos desde el sector eléctrico a otros, terminó estructurando el actual funcionamiento inadecuado del sector. Lo cierto es que la oferta de generación eléctrica no ha crecido en nuestro país desde 2000 hasta la fecha, a lo cual se suma que el parque existente es, en consecuencia, seis años más viejo. De igual manera, la distribución -al verse constreñida por el efecto de tarifas manipuladas políticamente, que día tras día disminuyen en términos reales- es incapaz de generar los recursos suficientes para la operación y expansión adecuada de la economía argentina. El sistema de transporte en extra alta tensión (500 kW) y en alta tensión (132 kW) ha recibido impulso y ayuda financiera del gobierno nacional para atender su ampliación y la complementación regional que es necesaria en un país tan vasto como el nuestro. No obstante, en los próximos dos años, el sistema eléctrico todo operará en un marco de riesgo creciente, prácticamente sin respaldo. En las actuales circunstancias, sin duda extraordinariamente complejas, se da la paradoja de que habiendo contribuido el sector eléctrico en forma notable -por su importancia vital y multiplicadora- a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y a la recuperación y desarrollo económico, no cuenta, sin embargo, con las herramientas y soluciones necesarias para terminar con los actuales problemas de oferta y los de la distribución. Para los chinos la palabra crisis tiene dos significados: peligro y oportunidad. Por ello, las crisis suceden en situaciones de cambio o ruptura en las que es necesario tomar una decisión sobre el camino por escoger. En nuestro caso, la opción supone seguir transitando un sendero minado de peligros o enfrentar los cambios que la situación requiere. Es imposible pensar que la Argentina pueda desarrollarse en forma sostenida, si sus sectores básicos de infraestructura, y el eléctrico en particular, no cuentan con los marcos normativos adecuados ni con reglas estables y creíbles que atraigan a la inversión. El sector eléctrico, por ser capital-intensivo y por exigir inversión continua y tecnología y administración complejas, tarda un tiempo en manifestar su deterioro. Pero también requiere más tiempo cuando de recomponer su situación se trata. Por esto, desde que la tarifa que se cobra por el servicio es la primera y más genuina fuente de financiamiento, su recomposición aparece ineludible. Sin ella, no se generarán los recursos necesarios. Los ajustes que ya son imprescindibles pueden hacerse amortiguando el impacto social y terminando, al propio tiempo, con una situación prolongada de transferencia de recursos desde el sector eléctrico a otros, que han dejado al primero realmente exhausto. LN 19.12.2006.
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Programa oficial sin resultados.
El programa oficial aún no logra resultados. Pese a los castigos, sigue sin ahorrarse electricidad. Cerca de 1,2 millones de usuarios de Edenor, Edesur y Edelap serán penalizados en sus próximas facturas por consumir más energía; aumentó el desahorro. LN 02.02.2007.
El plan implementado por el Gobierno para incentivar a los usuarios del área metropolitana y La Plata a consumir menos electricidad sigue sin arrojar resultados contundentes. Más aún, la cantidad de clientes que consumió más electricidad sigue superando a los que ahorraron, algo que indica que el alza del consumo eléctrico persiste. Según la resolución 43 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), publicada hoy en el Boletín Oficial, por el consumo facturado entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre 1.164.491 usuarios serán penalizados, entre hogares, comercios e industrias, mientras que otros 626.367 serán boinficados por haber cumplido con la pauta del Puree. Habrá, además, menos clientes penalizados con relación al período previo, pero el desahorro será mayor: antes alcanzó los 226.048 MWh y ahora se ubicó en 231.528 MWh. En otras palabras, menos clientes consumieron más de la pauta establecida en el programa de uso racional de la energía eléctrica (Puree), pero aquellos que lo hicieron incrementaron su consumo. El Puree contemplaba en su última versión lanzada en mayo de 2005 que los usuarios residenciales debían reducir su consumo en un 10% en relación con el mismo período de 2003, si no querían sufrir recargos sobre el excedente que llegan hasta el 200 por ciento. La obligación de disminuir el uso de electricidad rige para todos los hogares que tienen un consumo promedio de 300 kW/h por bimestre. En el caso de los usuarios comerciales e industriales que consumen por encima de 1000 kW/h por bimestre, la obligación también es de ahorrar un 10%, pero tomando como parámetro la factura de 2004. Todos los clientes consumieron más electricidad que en los meses previos, salvo aquellos agrupados en la tarifa G1 -consorcios o comercios chicos- que en las tres áreas de concesión redujeron su consumo y generaron un ahorro neto positivo. Los que más desahorraron fueron, también en las tres áreas, los clientes residenciales.
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Crisis energética: la frazada corta.
La candente crisis energética en la Argentina se asemeja a la historia de la frazada corta. Y con la llegada de oleadas de frío que rozan los cero grados, como ha ocurrido durante los últimos días, esa historia cobra más sentido todavía. Se les corta el suministro energético a unos, industrias, para beneficiar a otros, usuarios domiciliarios, pero cuando una usina sale de funcionamiento todos pierden. El sistema eléctrico está al límite del colapso a causa del aumento de la demanda, lo cual, combinado con la escasez de gas y falta de inversiones en infraestructura, está dejando a millones de argentinos a oscuras y con baja presión de gas día tras día. Un combo indeseado justo cuando más precisa la Argentina un sistema capaz de soportar un pico de demanda por el crecimiento económico y el mayor uso de calefacción para afrontar bajísimas temperaturas.Cuando la noche ya había llegado anteayer con sus temperaturas polares, el sistema alcanzó el pico de consumo máximo de su historia, que, sumado a un desperfecto en una de las usinas y a la indisponibilidad de centrales que continúan averiadas o no han vuelto a funcionar con todo su potencial, derivó en un apagón generalizado.Esos problemas se precipitaron cuando todavía no se han solucionado los inconvenientes causados por el incendio de un transformador en Ezeiza, casi dos semanas atrás. La magnitud del siniestro resultó en un corte energético que afectó el 25 por ciento de la demanda en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Para suplir la carencia de la alimentación del sistema por la salida de funcionamiento de los transformadores se importa energía eléctrica desde Brasil y Uruguay.El problema se ha agravado con la falta de gas, que llevó al gobierno nacional a interrumpir los envíos de ese fluido a Chile, como ocurrió años atrás cuando la crisis de suministro colocó al país en una situación similar a la que se vive por estas horas. Las restricciones han llevado a los funcionarios del Gobierno a solicitarles a clientes grandes y medianos que restrinjan el consumo, por lo cual grandes compañías y pymes dejaron de utilizar energía para no sobrecargar el parque eléctrico. Tanto las centrales eléctricas como las plantas fabriles han tenido que recurrir al empleo de combustibles alternativos, como fueloil, gasoil o gas licuado, con los consecuentes costos mayores. La falta de inversiones es una de las razones de peso de los inconvenientes que se viven actualmente. El transformador averiado en Ezeiza probablemente no se incendió por falta de mantenimiento. La razón sería que la obsolescencia de varios de esos equipos en todo el país quizá no resista ya la brutal sobreexigencia de un sistema energético que trabaja desde hace algunos años al límite, para atender una demanda que crece sin freno en virtud de distorsiones de precios y tarifas que se mantienen artificialmente reducidas a valores ínfimos tras casi seis años transcurridos desde la crisis. La demanda récord que se anticipaba ante un consumo imparable, con inversiones paralizadas por la falta de adecuación tarifaria y la creación de métodos de financiamiento sui géneris como los fideicomisos financieros, ya no se podía cumplir ni siquiera importando el 8 por ciento de la energía desde Brasil y Uruguay en carácter de emergencia. Los sistemas de gas y eléctrico viven sus peores días desde los cortes y racionamientos de 1988 y el verano de 1999, con restricciones de todo tipo. La ausencia de divulgación y el esfuerzo oficial por minimizar los gravísimos problemas tal vez induzcan a pensar que el sistema energético no tiene ningún inconveniente, como recurrentemente mencionan altos funcionarios. Los pronósticos realizados por diversos profesionales del sector energético se han cumplido, lamentablemente, con precisión, a pesar del menosprecio exhibido hacia ellos desde el Gobierno. Ahora se ve con claridad que la economía argentina saturó el límite de su capacidad instalada energética. Con restricciones en el suministro de gas, gasoil, fueloil y electricidad, el país deberá replantearse si tiene sentido continuar en la fantasía de precios irreales, de asignación de supuestas culpas al sistema regulatorio y empresarial, y de agresividad y rechazo hacia los inversores que perdieron miles de millones de dólares. Se verá si el futuro del país es sustentable negando precios y tarifas y desconociendo discrecionalmente el marco regulatorio y leyes plenamente vigentes, pero ignorados por las autoridades. Se verá si la abolición de facto de las leyes y reglas de juego, favoreciendo discrecionalmente a empresas sin respaldo técnico y financiero ni experiencia alguna, es un sistema viable. Precisamente en la empresa Transener, de elevada reputación técnica, se procura hacer ingresar a Enarsa y a un proveedor del sector eléctrico de obras públicas de gran crecimiento reciente. El congelamiento de las tarifas -de allí surgen los recursos para las obras- fue reemplazado por los mecanismos de fondos fiduciarios, con múltiples subsidios cruzados y falta de claridad, que desembocan en operaciones dominadas por hechos de corrupción, como ocurre con el escándalo Skanska, por la ampliación del Gasoducto del Norte. La corrupción entre privados, como insiste el gobierno nacional en calificar ese caso, podría ser alegada si no mediase la intervención del Estado por medio de un fondo fiduciario público. Otro año con problemas se asoma en el horizonte. Ante ello es imprescindible una modificación de la política de precios y de regulaciones en el sector que permita afrontar sin titubeos y de manera urgente la crisis energética, que ya no se debe seguir subestimando. LN 30.05.2007.
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El día que se acabó la energía.
Nicolás Eliaschev es abogado, especializado en regulación energética, con un máster en la London School of Economics. LN martes 19 de junio de 2007.
La falta de energía es una realidad, no sólo un mal recuerdo. Es el momento de intentar una reflexión con la vista en el largo plazo, para superar la recurrente tendencia al pensamiento mágico que nos lleva a creer que es posible contar con un suministro energético adecuado sin afrontar sus costos. Está de moda denostar las políticas adoptadas en la década del 90 como las responsables de todos los males de la Argentina. No obstante, deberíamos tener la inteligencia de diferenciar y preservar las cosas que se hicieron bien. Ello no implica convalidar los errores cometidos en otros campos. La energía es una clara muestra de lo bueno de los 90. Tomemos, por ejemplo, el sector eléctrico. Junto con el gas, la electricidad fue privatizada y transformada, no por un decreto presidencial, sino por una ley sancionada por el Congreso. Y la modificación no se limitó a un cambio de manos en la titularidad de los bienes o en la prestación de servicios, sino que fue una reforma profunda. El marco regulatorio eléctrico aprobado por la ley 24.065, de 1992, constituyó un instrumento avanzado, elogiado y hasta copiado en muchos lugares del mundo. El sector fue dividido verticalmente en generación, transporte y distribución. Se creó el mercado eléctrico mayorista, que fomentó la competencia en el sector de generación y permitió a los grandes usuarios comprar libre y directamente la energía eléctrica a sus productores. Uno de los principios esenciales fue la sanción de precios en función de criterios estrictamente económicos. El sistema estaba dirigido a incentivar la innovación tecnológica, la eficiencia y la reducción de costos. Los resultados fueron contundentes. Entre 1992 y 2001, la capacidad instalada para generación de energía eléctrica aumentó un 80 por ciento, con inversiones por 2855 millones de dólares en infraestructura de generación de electricidad de avanzada. En el mismo lapso, los precios mayoristas de la energía descendieron un 60 por ciento. La calidad del servicio residencial, por su parte, se elevó notoriamente. Disminuyeron sustancialmente los cortes y bajas de tensión. Sin embargo, cuando hoy falta energía, los dedos acusadores de muchos se dirigen a la década del 90. Ignoran esos críticos que son precisamente las inversiones efectuadas en esos años las que permitieron un abastecimiento normal de energía en el período 2002-2007, y que en este período no se ha agregado capacidad adicional de generación de energía eléctrica. Es en la política adoptada en 2002 donde deben buscarse las causas de la escasez actual. Esa política hoy vigente ha tenido un imperativo principal: evitar que los usuarios residenciales sufrieran aumentos en sus facturas de electricidad. Ciertamente que ello constituyó un objetivo razonable en las postrimerías de la gran debacle en los años 2002 y 2003. Hoy, en pleno crecimiento, a tasas asiáticas, el congelamiento tarifario se ha transformado en un masivo subsidio a los sectores acomodados de las clases medias y altas. Así, en lugar de subsidiar a nuestros compatriotas realmente castigados por la pobreza y la indigencia, el congelamiento de tarifas implica una dádiva para los sectores más pudientes: una tarifa "social" para countries y usuarios de los barrios con familias de mayor nivel económico. El congelamiento de precios y tarifas incide dramáticamente en el sector. Y tiene tanto impacto porque estos precios congelados están cada vez más divorciados de los verdaderos costos y riesgos de la actividad del sector eléctrico y privan a sus empresas de ingresos indispensables para efectuar las inversiones necesarias. La falta de ingresos se traduce en falta de inversiones y, como hemos comprobado en los últimos días, la falta de inversiones causa en definitiva, que no haya suficiente energía. El Estado ha debido subsidiar a numerosas empresas que no alcanzan a cubrir sus costos de combustible, importando con fondos públicos fueloil venezolano. Los cuantiosos subsidios estatales implican la posterior ausencia de fondos para inversiones públicas. Pero dejemos por un momento los gobiernos y las políticas. Sin dudas, el Gobierno actúa de un modo comprensible -con una visión de corto plazo- cuando mantiene los congelamientos de precios y tarifas. Un aumento de tarifas tendría un costo político muy elevado. Como muestra de ello, basta ver las reacciones airadas de sectores de la clase media porteña cuando se producen mínimos cortes de energía. Esa misma clase media, sin embargo, convalida con un nivel de consumo creciente los aumentos que se dan en los más variados productos. Esto se verifica en el crecimiento del consumo en supermercados a pesar de los aumentos de precios. Pero cualquier aumento tarifario es visto por esos sectores como un robo o un abuso. Y así llegamos al meollo del problema. Si algún defecto cabe achacarle a la reforma energética de los 90, no está en su contenido, sino en una cuestión política, cultural y educativa. El marco regulatorio eléctrico, vigente desde 1992, implicó un cambio filosófico: el precio de la electricidad se determinaba a partir de su real costo, y el usuario debía pagar por la electricidad lo que realmente costaba. Esto no fue, empero, acompañado de un cambio cultural, dirigido a hacerle entender a la gente que la magia no existe y que la energía es un bien valioso cuyo costo se transmite a un precio que debe ser pagado. ¿Representaban los principios económicos consagrados en la regulación eléctrica el real sentir de la ciudadanía? Tal vez ésta y otras preguntas no se plantearon con la fuerza necesaria, como tampoco se dio la necesaria discusión y búsqueda de consenso que permitiera que los nuevos conceptos pudieran ser internalizados realmente por la sociedad. Es posible que los legisladores y reguladores de entonces hayan preferido actuar al amparo de la holgada legitimidad que proveían factores exógenos a la regulación tales como la estabilidad de la moneda argentina y su alto poder adquisitivo. Así, la gente siguió pensando que la energía no tenía costo y que, por ello, podía ser un bien que podía consumirse con prescindencia de su real valor. Seguramente, también contribuyó a ello que en los 90 los precios de la energía en el mundo eran notoriamente baratos. Hoy pagamos las consecuencias. En un contexto mundial de aumento exponencial de los precios de la energía, con agotamiento de recursos, es patente que sólo si se reconoce y remunera la energía por su real costo podremos disponer de ella en forma adecuada a nuestras necesidades. Si no entendemos esta realidad, sólo nos queda seguir confiando, como hasta ahora, en las bondades de la magia y los azares climáticos.
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Llegó la noche.
Alberto A. Natale fue diputado nacional por el Partido Demócrata Progresista. LN martes 19 de junio de 2007.
Llegaron la noche y el silencio, dice Mitterrand en sus Memorias interrumpidas sobre un momento de su agitada vida. Noche y silencio también entre nosotros, en materia eléctrica. Noche, porque se empezó a cumplir el pronóstico hecho mucho tiempo atrás, y silencio, cuando funcionarios que parecen robotizados siguen diciendo que todo está bien. El 19 de julio de 2005 publiqué una nota cuyo título fue anticipatorio: "La oscuridad está a la vista". Recordaba allí que dos años antes había advertido sobre el problema y vaticinaba: "Este es el cuello de botella que va a explotar tal vez en 2006 y con certeza absoluta en 2007. ¿Por qué? Porque en 2006 dependerá de ciertos factores, del frío, del agua de los ríos, del crecimiento de la demanda eléctrica, pero en 2007 es inexorable que esto suceda". Lamentablemente para el país, dicho y hecho. Producida la devaluación, con la consiguiente modificación de los costos, y abandonado el sistema de libre formación de precios en el marco del mercado eléctrico mayorista, el Gobierno estableció un sistema de precios regulados que desalentó cualquier interés por hacer nuevas inversiones. Aquí y en la China, nadie invierte para perder. A lo sumo, cuando la inversión ya está hecha, se trata de seguir operando con la menor pérdida posible, a la espera de que cambien los tiempos. Pero inversión nueva, por supuesto, no. Primero se negó el problema. Después vinieron las promesas ilusorias: terminar Atucha II, aumentar la cota de Yacyretá. Más adelante, la creación de un fondo formado por las deudas que el Estado tiene con las compañías generadoras para construir dos usinas térmicas de ciclo combinado en Timbúes y Campana, que, con mucha suerte, podrán operar en plenitud dentro de un par de años. Estas dos usinas, una vez puestas a pleno, aportarán la energía sólo equivalente al aumento de un año de lo que viene creciendo la demanda eléctrica. Frente a esto, ¿qué se hace? Si se corta la luz a las viviendas familiares, como ocurría en los años 80, indignación generalizada. Si, por el contrario, se restringe a la industria -como se está haciendo- baja la producción, baja el empleo, baja el crecimiento, suben los precios por menor oferta de bienes. No se diga que el problema surgió por cuatro o cinco días fríos, porque si Brasil y Uruguay no hubieran tenido excedentes que ofrecernos, las cosas habrían resultado peores. Entonces, el absurdo: una empresa distribuidora de la Capital, cuyo negocio es vender electricidad, hace propaganda para que se consuma menos. Igual que si un fabricante de televisores recomendara no ver televisión. No hay que olvidar que para abastecer solamente el crecimiento anual de la demanda se debe hacer una inversión superior a los mil millones de dólares cada año, y llevamos un atraso de varios años. No es que se esté operando al borde del colapso, sino que el sistema ya está colapsado. Por eso las órdenes telefónicas para contener los consumos. Ante ello hay dos caminos. El sensato sería posibilitar precios que estimularan la inversión. Claro que, a la vista de nuestra historia reciente, esto demandaría certidumbres, garantías que a este gobierno no le será fácil brindar. Además, se reflejará en las tarifas, con sus diferentes secuelas. El otro rumbo, quizás atractivo para ciertos funcionarios, sería una enorme inversión pública. Pero, ¿con qué recursos? ¿Con excedentes fiscales, cada vez menores? ¿Con las reservas -más de la mitad adeudadas a los bancos por la esterilización de pesos-, sin medir el efecto inflacionario? Además, habría que volver a las empresas del Estado con sus secuelas de ineficiencia y corrupción. ¿Cuánto tardaría aumentar la oferta eléctrica en manos de los burócratas? ¿Tanto como construir Yacyretá? El próximo ciclo presidencial, el que empezará el 10 de diciembre, estará teñido por un grave problema energético, cuyas consecuencias políticas soportará el futuro gobierno. La electricidad no alcanza, el gas es insuficiente -aunque le paguemos a Evo Morales tres veces lo que se paga a la producción en la Argentina-, el gasoil tiene venta restringida, a Chile no le cumplimos los contratos, dependemos de los excedentes brasileños y uruguayos, la producción de petróleo cae sensiblemente. Aunque la economía mundial nos siguiera ayudando indefinidamente -viento de cola que se puede contener apenas se enfríe alguna de las locomotoras actuales-, nuestros errores nos jugarían en contra. Hace dos años, la oscuridad estaba a la vista. Hoy, ya se vino la noche.
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Persecución inaceptable.
LN jueves 5 de julio de 2007.
La crisis energética reconoce como causa fundamental el control de los precios de la electricidad, el gas, el petróleo y sus derivados. Tanto el congelamiento de las tarifas como el uso de instrumentos indirectos e incluso de presiones y amenazas sobre las empresas tienen como claro ejecutor responsable al gobierno nacional. Desde la devaluación y el abandono de la convertibilidad, a comienzos de 2002, las relaciones contractuales y los marcos regulatorios que regían las concesiones fueron alterados unilateralmente por el Estado. Esto afectó negativamente la ecuación económica de las empresas e hicieron inviables sus inversiones. Las consecuencias eran esperables. Tarde o temprano se llegó a situaciones de faltante de producto y de insuficiencia de oferta ante el crecimiento de la demanda. La recuperación de la economía se apoyó fundamentalmente en el uso más intensivo de la capacidad ya instalada, pero esto encontró límites y el sector energético no fue una excepción. Las carencias son hoy evidentes en el suministro de electricidad y gas, y lo han sido desde hace tres años en el abastecimiento de gasoil. Funcionarios del gobierno nacional y particularmente el propio Presidente intentaron inicialmente negar la realidad del desabastecimiento y de la crisis energética. Más recientemente, ante la evidencia, se han inclinado por adjudicar culpas a las empresas, sin reconocer su verdadera responsabilidad en el origen del problema. Esta misma actitud fue adoptada toda vez que esas empresas solicitaron aumentos de precios para poder financiar sus inversiones. En el caso de los combustibles líquidos, supuestamente no sujetos a precios oficiales, la disuasión operó eficazmente al primer intento de aumento. La petrolera Shell, en ocasión de lanzar un gasoil de mejor calidad pero mayor precio, debió sufrir la acción de piqueteros que respondieron rápidamente al pedido presidencial de boicotear la compañía. La voz del presidente de esa empresa, Juan José Aranguren, se ha hecho escuchar con argumentos serios y fundamentados sobre las causas de la situación. Hoy, su actitud debe ser calificada de valiente frente al extendido silencio que se observa en el empresariado ante los abusos y las intervenciones indebidas del poder. Esta actitud sincera, que debería ser apreciada por el Gobierno, ha producido como respuesta, por lo contrario, una agresiva e indisimulada persecución. Luego de reunirse con el presidente de la Nación, la ministra de Economía y el secretario de Comercio Interior anunciaron la aplicación de multas a la empresa Shell por 5 millones de pesos, con la posibilidad de ampliarlas a 45 millones, por faltantes de gasoil en sus estaciones de servicio. Además, el Gobierno se presentó ante la Justicia y reclamó para la empresa y sus directivos las penas máximas de la más que discutible ley de abastecimiento, que incluyen la prisión. La empresa negó los faltantes y aportó información al respecto. También anunció que apelarán las multas, que se quedará en la Argentina y que recurrirá a la Justicia para pedir protección contra los abusos del poder. Encomiablemente, Aranguren volvió a exponer la realidad de la situación y a objetar los argumentos y las acciones del Gobierno. La simple observación pone en evidencia que faltó y sigue faltando gasoil en todo el ámbito del país y en el despacho de otras empresas, que no han sido tratadas con la misma vara y con el encono aplicado a la empresa Shell. La discriminación y el amedrentamiento por el solo hecho de contradecir al Gobierno resultan evidentes y deben considerarse absolutamente inaceptables. Si frente al inicio de la campaña electoral por la nueva candidata oficial se habla de cambio, deberá empezarse por rectificar estas actitudes en bien del futuro del país.
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La intervención en Metrogas.
LN lunes 9 de julio de 2007.
La improcedente intervención del gobierno nacional, por medio de su impresentable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la empresa Metrogas, es un capítulo más de una lamentable política de persecución y amedrentamiento contra el sector privado. El viernes último, el citado funcionario se presentó en las oficinas de la empresa distribuidora de gas en la ciudad de Buenos Aires y la zona sur del conurbano. En un clima de máxima tensión, acusó a directivos de la empresa de deficiencias en la prestación de sus servicios, al tiempo que se anunció una intervención de esa compañía privada por 180 días, amparándose en la derogada ley de abastecimiento. Con el correr de las horas, se abandonó la a todas luces disparatada idea de intervenir la empresa, pero se forzó el reemplazo del director general de Metrogas. El anuncio de este cambio fue hecho desde el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Desde donde se lo mire, todo lo ocurrido resulta tan insólito como extremadamente grave. Entre otras cosas, resulta increíble que un funcionario del Poder Ejecutivo pretenda intervenir una empresa privada, con un desconocimiento absoluto de elementales normas constitucionales. No menos increíble es que los cambios en la dirección de una compañía que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York sean anunciados públicamente desde un ministerio. El fondo de la cuestión deja no menos dudas. Alegó el secretario de Comercio Interior que Metrogas había impuesto una restricción del 35 por ciento del gas contratado como firme por las industrias y que la empresa se negó a abandonar tal medida. Pero la pretensión del funcionario chocaba con la orden que el comité de emergencia, creado para afrontar la crisis energética y presidido por el secretario de Energía, Daniel Cameron, les había dado a las empresas distribuidoras de gas de restringir el servicio para evitar males mayores. Aparece así una lucha por espacios de poder entre un secretario de Comercio Interior que, como de costumbre, se excede en sus atribuciones y un secretario de Energía al que se ha desacreditado, lucha en la cual las empresas prestatarias de los servicios son carne de cañón. Lo sucedido en Metrogas se produjo poco después de la aplicación de graves sanciones a la empresa petrolera Shell por faltantes de gasoil en algunas de sus estaciones de servicio. En ambos casos, se advierte que las autoridades gubernamentales no tratan a todas las empresas con la misma vara. Pero lo más grave es que, en momentos en que el presidente de la Nación asegura que la Argentina avanzará hacia una mayor institucionalización con quien espera que lo suceda en el poder, cada día se retrocede más en ese aspecto. Se desconocen las normas y ahora, por si fuera poco, se suplanta a los entes de control de los servicios públicos como autoridad de aplicación por la prepotencia de un funcionario. La seria crisis energética que vive el país no puede ser enfrentada con actitudes demagógicas ni con actos patoteriles. El secretario de Comercio Interior, el mismo que no hace mucho aseguró que iba a llover gasoil, le haría un favor a la economía argentina si dejara de lado su grotesco afán de protagonismo. Y le haría un doble favor a su gobierno y al país si presentase su renuncia. Entretanto, es menester que las autoridades nacionales comprendan que la salida de la crisis energética dependerá de la puesta en marcha de soluciones estructurales, que deberán estar acompañadas por el respeto de las reglas de juego y por la generación de un clima propicio para alentar las tan necesarias inversiones en el sector.
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La energía, en su momento crítico.
Como producto de la imprevisión del gobierno nacional y de responsabilidades compartidas por distintos sectores de la vida nacional, el sistema energético en su conjunto afronta una gravísima crisis. Por un momento, sin embargo, sería conveniente suspender el debate sobre sus causas y abrir un espacio a la reflexión. El abastecimiento de energía atraviesa una hora crítica. Las restricciones comienzan a amenazar el funcionamiento ordenado de la sociedad. Será necesario, entonces, adoptar decisiones muy delicadas y convendría que esas determinaciones se tomen de manera coordinada. La crisis actual está caracterizada por la insuficiencia de la oferta energética, en especial de gas y electricidad, restricción que seguirá haciéndose sentir sobre el país en los próximos meses. Este desequilibrio plantea opciones muy simples: si la demanda excede la oferta y ésta no se puede modificar en lo inmediato, se debe intervenir sobre la demanda para evitar el peor de los escenarios, que es la restricción automática no controlada. Hoy, el sector industrial, que en condiciones normales representa un tercio del consumo total, sufre cortes en el suministro de gas. También tiene limitaciones en el consumo eléctrico, que en horarios determinados alcanza hasta un 40 por ciento. Tal estrategia, que tiene un altísimo costo productivo, no es la única posible. Se podría restringir menos la demanda, pero sobre un universo más extenso de consumidores. Además de la industria, extenderla a servicios, a la administración pública, al GNC, a la iluminación callejera, a los espectáculos nocturnos y al consumo domiciliario. Esta segunda opción haría posible que el sistema energético funcione con el mínimo de impacto sobre la actividad económica, con un ahorro general menor que el 10 por ciento de lo que se consume. Hoy el país importa fueloil, gasoil y el máximo posible de electricidad desde Brasil. A la vez, reduce el gas y la electricidad a la industria, está sin reservas de generación eléctrica y empieza a tener problemas de funcionamiento en las diversas cadenas de producción por falta de insumos, un problema que crece. Esto provoca importaciones urgentes, suspensiones del personal y un incipiente desabastecimiento. En los próximos días es probable que se deje de contar con el aporte de algunas represas del Comahue. El sistema se verá ante una dura alternativa: o se extiende la magnitud de la restricción energética a la industria, con lo cual habría una mayor interferencia en los procesos productivos, con su cadena de desabastecimientos y conflictos sociales, o se restringe el consumo de sectores más amplios con el fin de disminuir el costo económico y social al mínimo posible. No hay posibilidad de eludir un control de la demanda, a menos que se prefiera la interrupción caótica del suministro de gas y electricidad, con consecuencias mucho más costosas. Es de esperar que prevalezca la racionalidad. Es decir, que no se opere sobre la emergencia con criterios demagógicos, sino que se preserve el funcionamiento ordenado de la economía a través de un ahorro energético generalizado. Esta opción requiere una urgente campaña de información y educación, ya que es imperioso que la sociedad tome conciencia lo antes posible de una crisis cuya evidencia se ha venido negando en el discurso oficial. El esfuerzo común es el mejor camino. Confiamos en que la sociedad responderá con solidaridad ante la emergencia. LN viernes 13 de julio de 2007.
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Crisis energética: diagnóstico y tratamiento.
Mientras la falta afecta hoy a todos los insumos al mismo tiempo, el Gobierno sigue negando la crisis. Cuáles son las soluciones que Kirchner no se anima hacer marchar. LN domingo 15 de julio de 2007.
Trabajadores suspendidos por falta de electricidad. Interrupción de la venta de GNC a vehículos. Largas colas de taxis para cargar hasta 25 litros de nafta a precio de gas. Cortes de luz en algunas ciudades y barrios. Centros comerciales, cines y universidades con consumo reducido. El Gobierno evita la palabra "crisis", pero la realidad parece imponer su propio lenguaje. Y mientras se juega con las palabras, se apuesta a un discurso de carácter meteorológico que deposita la solución en el termómetro y en el pluviómetro: todo volverá a la normalidad si cede el frío y llueve en las cuencas de generación hidroeléctrica. De hecho, los esfuerzos están puestos en evitar que las medidas de restricción al consumo afecten a las casas de familias. Objetivo de corto plazo: superar sin medidas drásticas los días más críticos del invierno para no pagar costos políticos que malogren la incipiente carrera electoral. Sin embargo, el presidente de la comisión de Energía del Senado, el kirchnerista César Gioja, no clausuró totalmente la posibilidad de que se produzcan cortes de gas o de luz en los hogares. Los especialistas en temas energéticos tienen una mirada menos coyuntural. Creen que los problemas son estructurales y que demandará al menos tres años sortearlos, siempre y cuando se adopten medidas de racionalización del consumo y se concreten obras de infraestructura que aumenten la generación. Peor aún, aseguran que no estaremos salvados con sólo pasar el "invierno": las dificultades reaparecerán en el pico estacional del verano y también el próximo invierno, porque en el corto plazo no hay posibilidades de eludir el cuello de botella en el consumo. Según las estadísticas oficiales hoy se gasta entre 30 y 35 por ciento más de gas y de electricidad que hace cinco años. "Y para sostener tasas de crecimiento de consumo del 6 por ciento anual se tendría que invertir entre 3000 y 3500 millones de dólares al año, algo que no está ocurriendo", dice el secretario de Energía del gobierno de Fernando De la Rúa, Daniel Montamat. Expertos y políticos coinciden en que, en el corto plazo, el gobierno debe reconocer la gravedad de la situación para poder lanzar un plan generalizado de racionalización del consumo, con premios y castigos efectivos, que no sólo incluya al sector productivo sino también al residencial. De este modo se evitaría una paralización de la industria que terminaría retrasando el crecimiento económico. También consideran una actualización de las tarifas en los niveles de mayor consumo. En el mediano y largo plazo, la única solución de fondo consiste en aumentar y diversificar la inversión en generación energética para que sea posible igualar la oferta a la creciente demanda. Pese a estas recomendaciones, el Gobierno sólo ha recurrido hasta ahora a medidas orientadas al sector industrial y de transporte. Un especialista en opinión pública que asesora a la Casa Rosada sintetizó la consigna oficial: "Cualquier otra medida antes que afectar a la clase media de las ciudades, que compone la máxima reserva electoral". La experiencia histórica brinda alguna justificación para esta lectura política. Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín entraba en su etapa final, una profunda crisis energética lo obligó a tomar una decisión crucial: anunciar cortes rotativos de energía en el sector residencial para preservar la actividad industrial. Muchos creen que ésa fue una de las razones de la derrota del radical Eduardo Angeloz en los comicios de 1989. El Gobierno mantiene vigente la memoria de este antecedente y, según algunos analistas, ha logrado instalar exitosamente en la sociedad la idea de que los responsables principales de la crisis son las empresas privadas, porque no han hecho las inversiones necesarias para alimentar la mayor demanda de energía. "La gente no identifica todavía el tema energético como uno de los principales problemas porque no sufrió recortes en sus domicilios particulares. Al tope de sus preocupaciones siguen figurando la inseguridad, el alza de los precios y ahora empiezan a aparecer menciones a la corrupción", explica Roberto Starke, consultor político de Analogías. Esta percepción es compartida por su colega Carlos Fara, para quien el tema energético "no alcanza a tener impacto electoral. Puede afectar algunos días, pero se va a diluir. El consumo doméstico es la clave". De todos modos, las fotografías que dejó la última semana fueron muy preocupantes. Empresas paralizadas o sancionadas por alto consumo, cortes no programados de electricidad, colas de taxis que agravaron el caos del tránsito porteño, restricciones a las exportaciones a Chile y Paraguay, y un gobierno recurriendo una vez más a los subsidios para amortiguar el impacto de las limitaciones energéticas a las industrias. El ejemplo que más se menciona a la hora de buscar modelos de racionalización es el de Brasil, donde el sistema ingresó en crisis en 2000 debido a la baja de los ríos y a su dependencia de la hidroelectricidad. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso estipuló un ahorro obligatorio promedio de 20% para domicilios e industrias, y una multa del 50% por cada KW de exceso. Brasil salió de la crisis en un año, aunque en el camino dejó 2 puntos del PBI y un gobierno desgastado por la medida. Chile apeló a la misma receta cuando en 1997 se quedó sin agua en los ríos y sin generación de represas (entonces no dependía del gas argentino). La situación argentina también es seguida con atención desde el exterior, donde muchas veces se deciden las inversiones que influirán en la economía local. Para Paul Isbell, director de Geopolítica Energética Del Real Instituto Elcano, de España, la salida de la crisis "llevará tiempo", y deberá incluir "una corrección de la política de tarifas y, sobre todo, un cambio cultural que implica asumir la crisis y modificar los hábitos de consumo". En Estados Unidos, en tanto, los analistas no abordan directamente la cuestión de cómo salir de la complicada coyuntura. Pero advierten, como lo hicieron recientemente los analistas de Bear Stearns Thierry Wyzman, Alex Kazan y Carmen Bedoya, que "la baja inversión en infraestructura energética, y los riesgos resultantes de que haya cortes o racionamiento de electricidad permanecen como una potencial restricción del crecimiento doméstico". Los analistas coinciden en que será necesario aumentar las tarifas en algún momento, pero no dicen cómo salir de esta coyuntura complicada. Prefieren concentrarse en lo que a ellos les interesa: evaluar las causas de la crisis y, si la crisis puede forzar al Gobierno a conceder un aumento de las tarifas, evaluar entonces si recomendar a sus clientes que inviertan en las empresas de servicios públicos que podrían beneficiarse. Mientras tanto, los principales referentes de la oposición suman propuestas y a la vez le pegan al Gobierno, aunque no son categóricos a la hora de responder a esta pregunta: ¿llevarían la restricción del consumo a los hogares? La candidata presidencial de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, propuso un "plan voluntario de racionalización de la energía, a través de una convocatoria que debe hacer el Presidente a todos los sectores sociales. Hay que asumir la verdad, las sociedades modernas deben promover el uso racional". Para la ex diputada, el tema de las tarifas "se debería reordenar en un marco general, porque es un escándalo que los sectores medios y altos estén subsidiados y los pobres paguen el triple por el gas". Su competidor de Recrear, Ricardo López Murphy, recurrió a una respuesta figurada ante la pregunta de este diario sobre la necesidad de recortes en el suministro domiciliario: "El Gobierno actúa como si operara una computadora sin software, sin reglas de juego. Si lo utilizara, el software corregiría eso porque la energía que va a las industrias y la que va al sector residencial es la misma". Javier González Fraga, principal referente económico de Roberto Lavagna, desagrega una serie de medidas en su receta al problema: "Se debe avanzar en un ahorro en el consumo que recaiga más en el sector residencial, menos en el transporte y no tanto en la industria, porque no puede pagar lo mismo el que quiere calentar su piscina en invierno que el quiere producir. Esto se debería acompañar con una revisión tarifaria protegiendo a los que menos tienen, y ampliar la matriz energética para hacerlo menos dependiente del gas y la electricidad". El modo de aplicar el racionamiento de energía es el tema más urticante en este momento. La mayoría de quienes actúan en el sector energético considera que las actuales medidas de restricción al consumo son insuficientes porque el sistema está trabajando al límite, y con riesgos para la estructura. Se argumenta en este sentido que el incremento de las tarifas debe servir no sólo para alentar la inversión de parte de las empresas sino también como disuasivo para el consumo, ya que parte de la crisis se debe a que todavía no existe en la sociedad una percepción clara de la emergencia y de la necesidad de ahorrar. "En el corto plazo no queda más que racionalizar el consumo", entiende Montamat, para quien la vía más apropiada es "una recomposición de tarifas, porque hoy hay un subsidio indiscriminado al sector residencial que beneficia al usuario de Barrio Norte, que paga 0,30 peso el m³ de gas y perjudica a grupos sociales más desfavorecidos, que usan garrafa a 1,20 peso el m³". El ex secretario de Energía de Carlos Menem, Carlos Bastos, cree que "el Gobierno se equivoca" con las medidas que toma porque "debería nivelar precios y tarifas con el costo económico de proveer los servicios, obviamente con un esquema de subsidios para los sectores de menores recursos".
Pasar el invierno: Por esa razón estos días son cruciales en la definición de la pulseada que se desató entre el sector político encabezado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, defensor del consumo domiciliario, y el ala técnica que representa el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien le propuso a Néstor Kirchner distribuir el peso del ajuste entre la actividad industrial y la demanda domiciliaria. La especulación del Ejecutivo, reseñada por un funcionario que pidió reserva de la fuente, es que "si se aguanta así hasta el 20 de julio, el problema está superado, porque después vienen las vacaciones de invierno, cuando hay menos consumo porque la gente viaja, y en agosto ya no hace tanto frío. Después viene la primavera". Esta última línea es la que defiende Gioja, quien afirmó "las dificultades del sistema están vinculadas al clima. Si esas anormalidades climáticas se resuelven, habremos superado el cuello de botella". En voz baja los expertos en temas energéticos reconocen que en la segunda mitad de los 90 se optó por maximizar la explotación de los pozos ya conocidos sin arriesgar dinero en explorar nuevas cuencas. Así, la Argentina pasó de tener reservas comprobadas de gas y petróleo para 30 años a tener reservas para 9 años, período que coincide con el vencimiento de la mayoría de las concesiones a partir de 2016. Carlos Pierro, presidente del capítulo argentino del Comité Mundial de Energía, explica que en la década pasada hubo una mejora de la infraestructura, pero que en 1998 se sumaron dos factores que influyeron en la desaceleración de las inversiones. "Por un lado se hicieron evidentes los signos de recesión económica por las crisis de Rusia y de Brasil. Y por el otro, el sector energético a nivel mundial se tomó una pausa en las inversiones porque la rentabilidad había bajado sensiblemente. Había excedente de gas y petróleo, y no había señales claras del mercado". A este cuadro se sumó la devaluación y la emergencia económica de 2002, identificada por la mayoría de los expertos como el inicio del declive energético. Así lo plantea Mario Guaragna, director de Strat Consulting, al decir que "en los últimos seis años la inversión en energía fue mínima, hubo congelamiento de precios y una ausencia de seguridad jurídica y de un horizonte definido para la actividad privada". En la visión del economista Francisco Mezzadri, "a partir de 2002 se percibe una carga ideológica contra las empresas privatizadas, a pesar de que en los años anteriores se había hecho una inversión de 8500 millones de dólares en electricidad, y de 2900 millones en gas". Con algo de resignación, en el sector energético consideran que ahora hay que trabajar con miras al futuro gobierno. Los principales candidatos de la oposición plantean con claridad la necesidad de promover cambios en el área. Y Cristina Fernández de Kirchner, silenciosa hasta ahora, podría alentar una mayor influencia de Cameron, un hombre respetado en el ambiente, pero hoy marginado de las decisiones del gobierno. De lo que no quedan dudas, en todo caso, es que la futura administración nacional no podrá eludir el dilema energético.
Termómetro social: La reciente solicitud del Gobierno para que todos comenzaran a ahorrar energía resonó en la opinión pública con posiciones variadas. Algunos, como Juan Carr, lo asumieron como un compromiso colectivo y solidario: “Apagando dos bombitas de luz de 60 vatios en cada casa se beneficia la producción industrial”, convocó. Más preocupado por la envergadura política del asunto, Jorge Lanata, en su programa de radio, expresó su negativa a sumarse a una campaña de bajo consumo al menos hasta que el Gobierno admita que hay una crisis y diga cómo va a solucionarla. También la Fundación Vida Silvestre lanzó un comunicado recordando la vigencia por ley de un sistema de etiquetado de electrodomésticos que marcan el nivel de consumo energético. En una encuesta realizada a fines del mes último, el 72,24 % de los 12.336 participantes opinó que los problemas energéticos del país se deben a la imprevisión y a las políticas del Gobierno; el 9,52 % lo atribuyó a la falta de inversión de las empresas; el 1,64 %, al crecimiento de la economía; el 0,24 %, a las variables climáticas, mientras que el resto lo consideró una combinación de todos estos factores. La posición de los lectores de La Nación también fue contundente: sobre un universo de 6331 opiniones, el 71,39 % refirió menor presión de gas, en tanto que en una encuesta anterior, sobre un universo de 6973 respuestas, el 61,83 % dijo estar ahorrando electricidad. El mal humor de la gente anticipa cuál podría ser el impacto electoral del corte en los hogares. "En las últimas semanas -escribió Alberto Brunori, de San Justo- se han producido cortes de energía eléctrica de dos horas o más de duración y siempre entre las 19,30 y las 22 hs... Todos sabemos lo peligroso que es el conurbano, imagínense de noche" También Paola Pasinato, de San Isidro, escribió recientemente: "Quisiera expresar mi furia y mi queja ya que en el frío día de hoy me han cortado el gas sin aviso. Tengo dos niños pequeños y me da mucha bronca pasar frío en mi propia casa".
Las obras que están pendientes: Para seguir creciendo, el país necesita 1000 megavatios de nueva generación eléctrica por año y ampliaciones por al menos 15 millones de m³diarios de gas. Qué hay que hacer para conseguirlo. No lo hizo, pero el Gobierno podría haber recurrido hace cuatro años, apenas despuntada la escasez, a informes de consultoras regionales que indican que hay por lo menos, en América latina y el Caribe, 14 países en estado de crisis energética. Se trata en realidad de la segunda, y tal vez tardía, estrategia oficial utilizada este año, una vez aceptados los problemas: no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo se corta la luz. Quizá la comparación más adecuada no sea Shangai, como adujo la semana pasada en la Bolsa el presidente Kirchner, sino la propia Argentina de hace apenas cinco años, que tenía uno de los parques eléctricos más modernos del mundo. No porque tuviéramos aquí la suerte de contar con genios innovadores de la tecnología universal, sino simplemente porque se habían instalado equipos nuevos que, tras la privatización, buscaban reemplazar a las obsoletas máquinas de los apagones de 1988. ¿Qué diferencia entonces a esta Argentina de otros países? Primero, que aquí siempre se discutió si había crisis. Segundo, que aquí el faltante alcanza hoy a todos los insumos –gasoil, nafta, crudo, electricidad, gas natural y hasta agua– al mismo tiempo. En las áreas técnicas del Gobierno siempre lo supieron. También los analistas privados, que afirman que el país necesita, si quiere seguir creciendo, 1000 megavatios de nueva generación eléctrica por año y ampliaciones por al menos 15 millones de metros cúbicos diarios de gas. ¿Se hace? Se intenta. El plan anunciado el 11 de mayo de 2004 en la Casa Rosada hablaba de 11.000 millones de pesos de inversión hasta el año próximo, de los que se han concretado, según difundió hace dos semanas el Ministerio de Planificación Federal, 2750 millones. Una curiosidad: 11.000 millones es un monto similar al que habrá gastado el Estado argentino entre 2004 y 2008 para cubrir el déficit eléctrico con gasoil, fuel oil e importación de luz.
Queda, pues, un gran trabajo por delante. Algunos de ellos:
* La culminación de las centrales eléctricas de Timbúes y Campana, prevista para el año próximo. Aportará 1600 MW, algo así como la mitad del déficit de hoy.
* La ampliación de los gasoductos en 20 millones de m³ diarios. Eso debía terminarse este año, pero el escándalo en Skanska frenó las obras. La gran duda: ¿con qué gas se llenarán esos caños?
* La elevación de la cota de Yacyretá a 83 metros, prevista para el año próximo. Hoy está en 79.
* La terminación de la central nuclear Atucha II, inicialmente fijada para 2009.
* La línea de transmisión eléctrica entre Puerto Madryn y Pico Truncado, que podría inaugurarse antes de las elecciones de octubre.
* Proyectos similares en transmisión eléctrica en las líneas Comahue-Gran Mendoza-San Juan, y entre el Nordeste y el Noroeste del país.
* Aumento de la interconexión entre Yacyretá y el Gran Buenos Aires.
* La concreción del Gasoducto del Nordeste, que traerá gas de Bolivia y que podría terminar definitivamente con el faltante argentino. Debía estar terminado en mayo de 2006. Todavía no concluyó siquiera la etapa de licitación.
* La construcción de una gran refinería en Chubut, que se llamará Gral. Mosconi II y cuyos estudios de factibilidad transcurren este año. Demandará una inversión de 2250 millones de dólares. Según los petroleros, no estará antes de 2015.
* El más grandilocuente: el Gran Gasoducto del Sur, ideado por Hugo Chávez para unir Puerto Ordaz, Venezuela, con el Río de la Plata, obra que se convertiría en el gasoducto más largo del Planeta. El proyecto, denominado por los escépticos Hugoducto, fue anunciado también por el gobierno argentino. Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo que se trataba de un buen proyecto a 30 años. Demasiado tiempo para una Argentina que mira nerviosa al cielo esperando algo menos pretensioso: que llueva esta semana en el Comahue para que no se corte la luz.
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Un gasoducto caro.
Alberto A. Natale. LN sábado 21 de julio de 2007.
En ostensible acción gatopardista, el gobierno de Kirchner, por intermedio del ministro De Vido, cambió algo para que nada cambiara en la contratación directa para la construcción del Gasoducto del Noreste. El gasoducto comienza en Bolivia, cruza el noreste de nuestro país y termina, alternativamente, en San Jerónimo Sur, Santa Fe, o en Campana, Buenos Aires. En abril de 2004 impugné la adjudicación sin licitación de la obra, cuyo valor entonces se estimaba en 800 millones de dólares. Ante el escándalo que se produjo, el ministro anunció que la obra habría de ejecutarse por medio de una licitación pública. La licitación se postergó porque no se sabía qué pasaría con la provisión de gas boliviano. Ahora, el gobierno argentino vuelve a la contratación directa por medio de un sigiloso camino instrumentado a través de Enarsa. El 24 de marzo de 2007 se dictó el decreto 267, por el que, forzando arbitrariamente la ley de hidrocarburos, 17.319, se otorga en forma directa a Enarsa la concesión para el transporte de gas por medio del Gasoducto del Noreste. Enarsa es una sociedad del Estado que, expresamente, fue excluida de los controles que tienen las empresas estatales y funciona como una sociedad anónima privada. Este decreto 267 le da a Enarsa la exclusividad de la importación del gas boliviano, le otorga la concesión de su transporte por medio del gasoducto, le encomienda su construcción y la autoriza a ceder en garantía, a favor de terceros, la concesión. Ahora, el gasoducto tiene un costo estimado de casi 1400 millones de dólares, más IVA, según el decreto 267. El 27 de junio de 2007 se dictó el decreto 805, y el ministro de Planificación dictó ese mismo día la resolución 412. Por ella, instruyó a Enarsa para que cumpliera con su cometido. El 29 de junio se publicó la licitación para comprar los caños, con un presupuesto oficial de 2305 millones de pesos (744 millones de dólares). Los caños que ahora se comprarán equivalen aproximadamente al 50 por ciento del valor total de la obra. Ya están en marcha la ingeniería básica y el estudio de impacto ambiental, contratados a la misma empresa a la que en 2004 se le había adjudicado sin licitación la construcción del gasoducto. Seguramente será la misma empresa que proveerá los caños. Así, con la pantalla de Enarsa, el Estado se hará cargo de la financiación de una obra cuyo costo final nunca se sabrá. La historia vuelve a repetirse. Veinte años atrás, el gobierno era otro, pero los actores privados, los mismos, y por una vía extraña se construyó el Gasoducto Neuba II, desde Loma de la Lata. Su costo fue inconmensurable, y la brutal inflación que después se desató respondió, en parte, a la emisión monetaria que se hizo para financiarlo. Se usaron como pantallas sociedades del Estado. Ahora también se apela a otra sociedad estatal, que será la nueva pantalla para hacer obra pública por caminos sinuosos.
Opinión: 1. Primer tema: agradezco que Alberto Natale comparta su información con sus conciudadanos. Segundo tema, respetuosamente me permito sugerir algunas modificaciones a su expresión "La historia vuelve a repetirse. Veinte años atrás, el gobierno era otro, pero los actores privados, los mismos". No creo que haya repetición, me parece que los hechos han sucedido sin solución de continuidad desde los albores de la patria misma, para usar una frase hecha. Exagerando, pero no mucho, se puede leer el libro "Soy Roca" del Dr. Félix Luna intercambiando fechas y nombres sin que se altere prácticamente nada. Hacer "negocios" desde el Poder Público ha sido una política de Estado implícita en TODOS los gobiernos y de cualquier bandería o facción. Creo que se salvan de este juicio muy pocos patriotas, por su actuación personal y porque no lo consintieron por acción u omisión; hasta dónde conozco: Manuel Belgrano, José de San Marín en el siglo XIX, Arturo Illia en el Siglo XX. Agradecería de corazón que mis conciudadanos me amplíen la lista, no creo bueno meter a TODOS los políticos en esta bolsa; es como matar a la esperanza.
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Contrastes de la Presidente.
LN domingo 24 de febrero de 2008.
La crisis energética cubre como una frazada corta a Brasil, la Argentina y Bolivia. El gas es escaso y el principal productor, Bolivia, no seduce a los inversores. La Argentina, tampoco. Y Brasil siempre recibe menos de lo que necesita. Brasil no resolverá los problemas que la Argentina postergó, como se comprobó ayer. No, al menos, si su generosidad significara sacrificar la poderosa industria de San Pablo. Sin embargo, Cristina Kirchner lanzó el viernes conceptos de integración que sonaron como música en los oídos brasileños. Hay que llevar esas palabras a las certidumbres. Un día antes, quedó eufórica tras una larga reunión con legisladores norteamericanos; era la reconciliación de hecho con Washington. Setenta días pasaron entre la primera decepción y la última alegría. ¿Qué justificó, entonces, aquella inicial y explosiva acusación contra el gobierno norteamericano? La Presidenta le dijo a Lula que la energía es un problema común porque Brasil tiene muchos intereses en la industria argentina. Es cierto. ¿Qué hacer en tal caso? ¿Echar al capital brasileño de la Argentina o profundizar la integración entre los dos países? Cristina Kirchner avanzó en su idea de una integración industrial, que podría definir qué producirá cada país para que el Mercosur tenga una oferta común al mundo. Es lo que vienen proponiendo muchos dirigentes brasileños desde hace varios años. La Argentina demoró, como demora todo, sus respuestas. Los acuerdos sobre cuestiones nucleares y de defensa son, más allá de su contenido, los más simbólicos. Los dos países tienen una historia compartida de absurdas hipótesis de guerra, que hasta frenaron el desarrollo de las regiones fronterizas. La sepultura de la historia necesita de un ritual. El carismático Lula suele decir en las principales capitales del mundo (lo dijo en Madrid hace poco) que la política exterior de su país empieza en la Argentina. Es mi política. Lean los documentos de Itamaraty , recalca. El gas es el único diferendo de estos días entre los dos países. La crisis energética es mundial, pero la Argentina hizo lo suyo (espantar inversiones en los últimos años, fundamentalmente) para profundizarla. Evo Morales se columpia entre las necesidades de sus dos vecinos. Pero el presidente boliviano lo anticipó en Brasilia hace poco: cumplirá con Brasil, por sobre todo otro compromiso. Evo tiene autonomistas en Bolivia deslumbrados por Brasil. Curtido rastreador del poder, sabe que una sola cosa no le está permitida en aquella lucha por la integridad de su país: enfrentarse con Brasil. En San Pablo no hace tanto frío en el invierno como en Buenos Aires, le dijo Cristina a Lula. Es cierto, pero la industria brasileña es un gigante siempre sediento, le contestó Lula. La industria es para Brasil casi una definición de la patria. La frazada cubre y descubre. La crisis energética no la resolverá aquí tampoco la gresca constante de Guillermo Moreno con las petroleras. Ya volveremos a él. Cristina Kirchner sigue la elección norteamericana como si fuera una pelea al lado de su casa. Mira los debates por televisión y hasta compara los conceptos de Hillary y de Obama. Cuenta delegados y superdelegados del Partido Demócrata. Sobre esos detalles se enredó con los legisladores norteamericanos y por eso uno de ellos le echó más flores que cualquier argentino. La relación está mejor que antes del 10 de diciembre , afirmó, más austero, un diplomático en Washington. Nada cambió desde que se abrió la investigación en Miami por la valija de Antonini Wilson. El gobierno norteamericano sigue siendo el mismo y los valijeros siguen hablando. El único cambio consistió en que el gobierno argentino se notificó de que los fiscales norteamericanos tienen poco y nada que ver con su gobierno. ¿Para qué sirvió, entonces, el escándalo argentino del principio? ¿Alguien en el gobierno no debió contrastar la deducción y la información antes de que la Presidenta tomara el micrófono? Información y reflexión. Cristina es más reflexiva que Néstor Kirchner, pero le escasea la información cuando no la consigue por su cuenta. Le pasó con el dictador guineano Teodoro Obiang. Se enteró de quién era sólo cuando leyó los diarios. A Obiang no lo trajo Julio De Vido. Lo aseguran los propios adversarios de De Vido en el gabinete. Sería fácil depositar el pecado en De Vido, viejo pecador, pero él no cometió ese pecado. El error fue de la Cancillería. Jorge Taiana cargó las culpas sobre la línea profesional de su cartera. Africa es una asignatura para el mundo occidental. ¿Acaso se la ignorará sólo porque se parece a una vasta plantación de dictadores? ¿O se tratará de influir sobre ese continente para llevarlo a los métodos de la democracia y de la transparencia? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que un gobierno no puede invitar a alguien que no sabe quién es. Una cabeza debería caer en algún nivel diplomático por semejante desorden. El mundo que imaginó la Presidenta comienza a acomodarse. Su problema son las módicas certidumbres argentinas. Por ejemplo, otra elección que la atrae es la española y ahí tiene el corazón inclinado hacia Rodríguez Zapatero. Pero su gobierno no puede resolver el problema de Aerolíneas Argentinas y Austral, propiedad de un poderoso grupo español. Los dueños de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, son los líderes de la central empresaria española. Cristina no le haría ningún favor a Zapatero si le agregara un adversario más a los que ya tiene. Su amigo español está peleando las elecciones, cuerpo a cuerpo, con un sólido partido opositor. Los conflictos de Aerolíneas Argentinas son vetustos. Huelga de pilotos de Austral contra los de Aerolíneas. El motivo es la posesión de unos aviones que ya no sólo no se fabrican; tampoco existe la fábrica que los hacía. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, llamó a sus amigos de los colectivos y de los trenes para interesarlos en una posible compra de la empresa. Es poco serio. Un reciente contrato de la compañía para la compra de nuevos aviones fue por 6000 millones de dólares; son créditos, desde ya. ¿Qué empresario argentino podría asumir semejante compromiso? No los hay, simplemente, y los dueños españoles de Aerolíneas no quieren vender. Jaime se divierte con una tragedia: los argentinos y los turistas no vuelan o vuelan en la incertidumbre. Martín Lousteau tiene un problema que no es político ni personal: es de solvencia técnica. Su contrincante es Moreno, que a veces confunde el cargo de secretario con el de ministro. El problema técnico se reduce a cómo salir de esa fórmula que mató al INDEC persiguiendo que las noticias sean siempre buenas. Néstor Kirchner lo usó a Moreno, al principio de todo, para darles un susto a los empresarios. Era, decía, sólo un golpe sobre la mesa. El golpe se convirtió en un modelo. A los argentinos les cuesta cambiar los modelos de la economía. Lousteau se ha propuesto crear un INDEC creíble para los agentes económicos. A Moreno le interesan sólo los índices, no el INDEC. Mete la mano, manipula, decide. Ni los economistas más pintados están preparados para meterse en el reino de las estadísticas de costo de vida. Moreno, en cambio, se pavonea, campante. Lousteau mencionó por ahí la palabra certidumbre como el agente de la seducción a los inversores. Un nuevo y un viejo orden parecen combatir en toda la administración. El final se hace esperar. Mientras tanto, la Argentina es precaria. ¿Pruebas? Según embrionarias mediciones de la inversión extranjera en América latina en 2007, la Argentina quedó rezagada al sexto lugar como receptor, con una caída del 11 por ciento. En el mismo año, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú registraron crecimientos satelitales de inversión externa. La culpable no es la economía. Son las instituciones, los mensajes cruzados, las travesuras de trastienda, la certidumbre, en fin, como una ausencia.
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Sin acuerdo por el gas con Bolivia y Brasil.
Cumbre energética: crean una comisión trinacional en busca de una solución. . Lula y Evo Morales rechazaron una propuesta que había hecho Cristina Kirchner. LN domingo 24 de febrero de 2008.
La cumbre del gas en Olivos no sirvió para alcanzar un acuerdo energético. La presidenta Cristina Kirchner recibió ayer sonriente a sus pares de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Bolivia, Evo Morales, pero en la reunión tripartita no pudieron encontrar una solución para garantizar el suficiente suministro de gas natural a nuestro país y alejar el peligro de faltante en el próximo invierno. Multitudinaria, tensa y ardua. Así fue la cumbre energética: en más de dos horas y media se reveló que nada estaba convenido de antemano. El único acuerdo consistió en que los ministros de Energía de la Argentina, Brasil y Bolivia conformarán un grupo coordinador para buscar “las mejores alternativas” de corto y de largo plazo para garantizar el suministro. Se reunirá por primera vez en La Paz, dentro de unos diez días. No hay fecha aún. La Argentina hizo una oferta módica, pero fue rechazada. Según confiaron luego los funcionarios brasileños, Cristina Kirchner pidió que Brasil le cediera un millón de metros cúbicos de gas por día de los 30 millones que importa ese país de Bolivia, para garantizar el abastecimiento de la demanda interna en el invierno. "Gas no", dijo Lula da Silva. Sólo ofreció exportar 200 megavatios de energía eléctrica por hora, lo cual equivale a aquel millón de metros cúbicos de gas en el potencial energético. Se cumplió así lo que había anticipado el canciller brasileño Celos Amorim. Brasil usará todo el gas que recibe de Bolivia, pero cedería electricidad, tal como se informó ayer. Y Evo Morales reiteró ayer lo que su gobierno adelantó hace diez días: no puede aumentar el suministro a Brasil y a la Argentina en el próximo invierno por falta de inversiones para extraer gas. Como única alternativa, había propuesto que estos países se lo redistribuyeran. Y Brasil no cedió y así se desvaneció la única esperanza que tenía la Casa Rosada. La Argentina importa de Bolivia algo más de 3 millones de metros cúbicos diarios, pero debería recibir 7,7 millones, según en el contrato vigente y para evitar una crisis. Brasil defiende sus 30 millones diarios porque también lo tiene garantizado por convenio. El presidente de la petrolera brasileña Petrobras, Sergio Gabrielli, dijo anteayer que no renunciaría "a una sola molécula de gas". Y lo confirmó en Olivos.
Pocas explicaciones: El grupo coordinador que se reunirá en La Paz dentro de diez días estará integrado por los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Minas y Energía de Brasil, Edson Lobao, y de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas. El canciller Jorge Taiana leyó en Olivos un escueto comunicado que indicó que ese grupo "deberá analizar la evolución de las respectivas demandas de energía y coordinar las medidas que considere oportunas". Se evaluarán, dijo, "las mejores alternativas para el crecimiento de la producción y de las infraestructuras para que el sector energético pueda acompañar el crecimiento de las economías". En el aeroparque Jorge Newbery hablaron los visitantes. Villegas dijo que en La Paz "se va a ver el tema estructural, y el tema coyuntural de suministro en picos de demanda". Consultado sobre el volumen garantizado, señaló que "no se garantizó ninguno". Con un pie en el avión, Lula habló. "Después de tanto tiempo sin inversiones en Bolivia, comenzó a haber inversiones de Petrobras y del propio gobierno boliviano. A mediano plazo, Bolivia podrá atender las demandas de Argentina y Brasil y no tendremos problema", dijo. "La energía no es sólo producida por gas. Lo importante es tener una cantidad importante de megavatios para los países que necesitan de Brasil, como Uruguay y la Argentina. A veces necesitamos de la Argentina; por eso una política de solidaridad es extremadamente importante", dijo Lula. Lobao informó en el Aeroparque que, en Olivos, la parte argentina, con la presidenta Cristina Kirchner a la cabeza, había pedido "aumentar un millón de metros cúbicos más de gas por día y que lo ceda Brasil". O sea, elevar el flujo de 3 a 4 millones. "Brasil no va a proveer gas, ofreció 200 megavatios por hora para colaborar", dijo Lobao. El asesor principal de Lula, Marco Aurelio García, dijo que el grupo coordinador "ideará un mecanismo de solidaridad energética" y relató, en forma enigmática, que Evo Morales admitió al final del encuentro su país "tiene más gas del que se suponía". Pero no para exportarlo.
Periodistas, desalojados y atendidos sólo por Lula: Hasta la prensa extranjera sufrió los desaires kirchneristas. El canciller Jorge Taiana leyó el comunicado oficial de la cumbre energética tripartita ante una sala de prensa raleada de periodistas. El personal de prensa del Gobierno y de la residencia presidencial de Olivos había desalojado poco antes a todos los cronistas y enviados especiales argentinos, brasileños y bolivianos. Poco antes de que hablara Taiana, la mayoría de los periodistas se habían marchado hacia el aeroparque Jorge Newbery. Es que en contraste con la política de hermetismo informativo de la Casa Rosada, el gobierno de Brasil había adelantado que su presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, informaría a la prensa antes de abordar el avión. Cristina Kirchner no hablaría. Ni ningún funcionario argentino. Ni siquiera habría comunicados oficiales, dijo una empleada de la oficina de prensa del vocero Miguel Núñez. Pero hubo cambio de planes y Taiana debió hablar ante los pocos cronistas que habían quedado. El grueso de la prensa se había marchado ante el desalojo, que se produjo a las 12.20, y por la falta de resguardo del sofocante rayo de sol en la calle Villate. La prensa brasileña no salía de su asombro. El histórico columnista del diario Folha de S. Paulo, Clovis Rossi, estaba indignado, aunque sin perder el buen humor y la simpatía carioca. "Es ridículo, incomprensible, es primitivo", señaló, en Aeroparque. Agregó Rossi que "el gobierno argentino no tiene noción de que debe rendir cuentas sobre un tema de interés público, como el gas. No se decidía acá un secreto de Estado". Veterano de varias batallas, Rossi habla un perfecto castellano por haber sido corresponsal en la Argentina de ese diario durante años. Incluso en la época de la dictadura militar. "Hemos venido desde Brasil a una reunión de tres presidentes. No nos pueden echar así. ¿Qué cuesta informar lo que se decidió? Olivos se ha vuelto un escondite", agregó. El contraste fue total. Lula da Silva cumplió amablemente con la norma democrática de informar actos públicos de su gobierno. No lo hizo en Olivos, sino en el Aeroparque. También su ministro de Energía, Edson Lobao; de Defensa, Nelson Jobim; el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, y su asesor Marco Aurelio García. La prensa argentina se enteró gracias a ellos de los detalles de la cumbre tripartita. El canciller brasileño Celso Amorim informó anteayer en su embajada y Gabrielli en la Plaza de Mayo, fuera de la Casa Rosada. Evo Morales, en cambio, suspendió una rueda de prensa que había citado en el Sheraton. Y mientras Lula hablaba con la prensa al pie del avión, por detrás de él se retiraba Morales, con disimulo, con honores militares y la banda del Regimiento de Patricios.
Para la oposición, el país nunca tuvo un plan de inversión: Coincidencias por el conflicto energético. La falta de inversiones para resolver el abastecimiento del gas; estar pendiente del día a día y no tener un programa para el mediano y largo plazo, y que la cumbre de los presidentes haya sido entre los gobiernos y no en el marco del Mercosur fueron las principales críticas que hicieron algunos dirigentes de la oposición a la falta de un acuerdo concreto entre la Argentina, Brasil y Bolivia para resolver el abastecimiento del gas para el próximo invierno. El diputado nacional Miguel Giubergia (UCR-Jujuy) comparó las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y de Carlos Menem. "Se siguió con el modelo menemista; sabíamos que se iba a llegar a esta situación y se creyó que Bolivia iba a tener gas disponible para nosotros y no se tomaron medidas preventivas", señaló. Según el legislador jujeño, en la Argentina hubo una falta de inversiones, provocada por el bajo precio de gas que se paga en boca de pozo, "muy inferior -destacó- al precio que se le paga a Bolivia". "Lo que pasa es que el Gobierno cree que soluciona todo con subsidios, pero el problema es más grave", dijo. Giubergia también cuestionó la falta de prioridades a la hora de elaborar un plan: "Se despilfarró mucho dinero en obras para Santa Cruz que no solucionaron el abastecimiento energético", afirmó.
"Replantear la matriz": Por su parte, el diputado nacional Claudio Lozano (CTA-Capital), dijo que "la solución a los problemas energéticos implica replantear la matriz energética a través de la diversificación de las fuentes de abastecimiento". Lozano agregó que el país depende en un 90 por ciento de los hidrocarburos "cuando tiene un potencial importante para tener una matriz diversa como los biocombustibles. En la Argentina sólo tenemos a Enarsa con el único objetivo de dar concesiones de áreas a empresas privadas", criticó. Lozano defendió la política energética de Brasil: "Descubrió un yacimiento petrolero y se convirtió en una potencia energética", señaló. El diputado nacional Luis Galvalisi (Pro-Capital) cuestionó "la falta de previsión del gobierno argentino para solucionar el problema, ya que se lo habían advertido en 2004". "Estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente brasileño de que hay que pensar en grande y no en un sálvese quien pueda", opinó en referencia a que Brasil no enviará a la Argentina el gas que le compra a Bolivia. "En la Argentina hay una falta de inversión que no se soluciona en el corto plazo. No hay políticas de Estado; entonces no les podemos pedir a otros países que nos ayuden para abastecernos de gas, si nosotros le cortamos el fluido a Chile", agregó. El legislador dijo que si se quiere seguir creciendo a las mismas tasas habrá que invertir más en energía. "No se puede continuar con estas políticas de reducir el huso horario o controlar el consumo del aire acondicionado", señaló. Por su parte, Fernando Iglesias, diputado nacional de la Coalición Cívica por Capital, cuestionó que el acuerdo entre los países no se haya dado en el marco del Mercosur. "Es difícil que se logre un acuerdo como el que pretendían sin una estructura común como es el Mercosur", dijo. "Cuando se hacen estos acuerdos entre gobiernos muchas veces fracasan y quedan como una expresión de deseos", concluyó.
Opiniones argentinas: 1) marcelogiraud: Argentina está importando de Bolivia unos 3 millones de m3 diarios de gas, y Brasil nos ofrece 200 MW para colaborar, pero no quiere cedernos 1 millón de m3 diarios del gas que compra a Bolivia. La mina Potasio Río Colorado en el sur de Mendoza, cuyo proyecto recibirá Declaración de Impacto Ambiental y posiblemente autorización en cuestión de semanas, requeriría 1 millón de m3 diarios de gas, y una carga eléctrica de 78 MW. El mendocino Alejandro Rodríguez, actual Subsecretario de Combustibles de la Nación, siempre ha apoyado el proyecto. ¿Seguirá haciéndolo ahora con esta crisis energética, y le otorgará ese gas, equivalente al consumo residencial+comercial+oficial de toda la provincia de Mendoza? ¿Pasando por alto el hecho de que las reservas probadas de gas en el país alcanzan para apenas 8 años? Ver más detalles en comentario nº 73 (hacer click en "ver todos los comentarios"). Prof. y Lic. Marcelo Giraud - Docente efectivo carrera de Geografía - U.N. Cuyo
2) viking: Fíjense como se ha vendido esta noticia: cuando Lula llegó, era un gran acierto esa reunión y más aún la del día siguiente, con Evo Morales. Lo que finalmente sucedió, es un nuevo fracaso para las relaciones económicas y diplomáticas de la Argentina. Algo que ya se conocía o se esperaba. Sin embargo, recién ayer tarde se puso énfasis en la situación. Además me pareció bochornosa la actitud hacia la prensa, que por otra parte nos incluye a nosotros, los ciudadanos. Lamentables los KK, como siempre.
3) angel de barrio: Pero como ¿ayer tanta sonrisa y hoy depresión? ¿Puede ser que nuestro querido país, con los recursos naturales con los que cuenta más el agregado del nivel de profesionales de excelencia no logre salir del pantano en que se encuentra? Pregunto ¿el dinero que correspondería a la investigación de nuevos yacimientos petrolíferos llega a donde corresponde? ¿Se llama a que colaboren los Ingenieros y Técnicos egresados de las distintas Universidades Nacionales? No sé por qué pero lamentablemente veo que vamos en picada, y cada vez mas engañados.
4) Tasman: angeldebarrio-3-Yo soy ingeniero químico, en su momento y antes de emigrar a Australia hice, junto a pequeño grupo de especialistas, una importantísima contribución a la industria petroquímica, que hoy cada argentino disfruta, no puedo dar más detalles. Hoy ya no trabajo en petroquímica, es otra mi especialidad y muy interesante sin duda. La Argentina tiene aún brillantes mentes en esta industria, pero no son consultados o han emigrado como yo. El nivel de corrupción e incompetencia es tal, que puede destruir a la Argentina. Han perdido 4 años preciosos: por un lado Ginés García promoviendo el aborto y la venta de preservativos; por otro lado Alicia Kirchner en Bienestar Social haciendo nada. En Salud Pública no sabe cómo actuar si la peste que viene del norte ingresa al país. No hay políticas de cuarentena, ni capacidad de producción de vacunas, sólo un sistema hospitalario en crisis. Se está produciendo la eutanasia de pobres e indígenas. En el campo energético y una vez más estaban prometiendo con Chávez una obra faraónica un super-gasoducto para dentro de 5 años, se necesitan soluciones dentro de tres meses en el centro del país, en un mes en la Patagonia. Afortunados los habitantes de los pueblos chicos del país que al menos podrán calentar agua y cocinar con calefones y cocinas a leña. Kirchner lo hizo.
5)sioux: Muchos foristas señalan una verdad de a puño: la Argentina ha perdido peso específico en este mundo globalizado y, desde que se inició el siglo XXI, corre serios riesgos de volverse lo que ya se olfatea, un país absolutamente marginal, marginado del sistema de poder multipolar que se está gestando. Que lejanos parecen aquellos días en que argentinos y brasileños se disputaban el liderazgo político de Sudamérica! A menos que nuestro pueblo se saque de encima la modorra y los pésimos gobernantes que supimos conseguir, nuestro futuro se ve negro. Se necesita una reforma política en serio, que deje de premiar a los audaces y corruptos y que abra camino para establecer un sistema político racional, que desarrolle económicamente al máximo al país. La credibilidad de nuestros dirigentes en el mundo es cercana a cero y duele la falta de un proyecto nacional viable de nuestra clase política. Argentina es un país de cabotaje, cada vez más ensimismado en sus problemas y cada vez con menos soluciones para ellos. Y por lo tanto, su capacidad negociadora se ve muy reducida. Mientras tanto, Brasil ya es una líder mundial de los países emergentes, que junto a China, India y México, están cambiando las relaciones de poder con el mundo desarrollado. Ya se comenta en medios internacionales que Brasil estaría considerando su ingreso a la OPEP pues, gracias a los nuevos yacimientos descubiertos recientemente, se convertirá en un exportador nato de crudo. Como nuestros dirigentes siguen envueltos en sus peleas minúsculas y ridículas, mirándose el ombligo, más nos valdría - como propuse comentando el papelón vivido por nuestra diplomacia con Guinea Ecuatorial - cerrar todas nuestras Embajadas y pedirle a Brasil que abra en las suyas ¨secciones de intereses argentinos", con lo que seguramente estarían mejor protegidos y el país ahorraría un montón de divisas.
6) ElOlvidao: mi noche triste, como el tango, que le vamos a hacer, esto era previsible como dijeron colegas anteriormente. Creo que ha llegado la hora de pensar en serio la República, desde estos foros, sin censura y sin agravios podemos entre todos repensar como vamos a contribuir a la crisis energética que se nos viene. Si no estamos en condiciones de darle a Chile la cantidad de gas necesaria prevista para este invierno, incumpliremos un contrato ya pactado. Los empresarios que usan gas para sus industrias en argentina deben replantear su política de crecimiento sin despedir personal, siempre el obrero es la variable de ajuste cuando se presiona a un gobierno que no tuvo la inteligencia de saber implementar una política energética. Ya no tiene sentido escribir improperios a esta administración la peor vergüenza que pueden sentir es decirles los errores que cometieron, con inteligencia y altura de un argentino bien parido. Lamentable: Periodistas, desalojados y atendidos sólo por Lula. (Hoy más que nunca tengo ganas de escribir lo siguiente por que este pueblo se lo merece, no así sus dirigentes: VIVA LA REPUBLICA ARGENTINA!
7) NestoriusI: Mi nombre es Constanza Larguía y trabajé en la producción de Telenoche Investiga. Estuve asignada, junto con otros tres productores, a la investigación de una denuncia sobre coimas que las empresas, a las que les pesificaron sus deudas, le pagaron a funcionarios del Gobierno. Durante nuestro trabajo encontramos pruebas de que el 12 de enero del 2002, por gestiones del Ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, el Presidente Duhalde, junto con el Ministro Remes Lenicov y el Jefe de Gabinete Capitanich se reunieron en secreto con varios grandes empresarios. Los empresarios reclamaron que se pesificaran todas las deudas y no las menores a 100.000 dólares (como era el proyecto original). El Presidente Duhalde -según contó uno de los presentes en esa reunión- dijo que eso sería posible si los empresarios (a los que se les licuaría una deuda de más de 60.000 millones de dólares en conjunto) hacían una 'contribución' para la 'caja' política. Esa 'colaboración' debía ser de 500 millones de dólares, en esa divisa y en efectivo. Si no, no habría pesificación de deudas. Los empresarios presentes se asombraron por lo escandaloso de la cifra pero, en su gran mayoría, aceptaron pagar. En nuestra investigación también determinamos el mecanismo por el cual los empresarios están consiguiendo los billetes de dólar para hacer los pagos. En su gran mayoría, están trayendo las divisas del exterior, vendiéndolas en el mercado libre y luego comprando dólares en el Banco Central (que los vende a un precio menor al de plaza, para regular el mercado). De esta manera se ahorran un buen dinero. El problema es que para vender esos dólares, el Central obligó a los bancos a entregar los depósitos de los ahorristas. Según se supo, 200 millones fueron distribuidos entre diputados y senadores para que aprobaran todas las normas que fueran necesarias para la 'pesificación' -75 fueron para Remes y su equipo; -75 para Mendiguren por sus gestiones; -25 para Capitanich; - 25 (el resto) para Duhalde. Uno de los empresarios que se negó a esta 'contribución' fue Gregorio Pérez Companc, al que en estos momentos lo está investigando la AFIP para extorsionarlo y obligarlo a permanecer callado sobre este episodio. Cuando el equipo en el que yo trabajaba presentó sus conclusiones, el productor general de Telenoche Investiga, Roberto Mayo, nos felicitó por el rigor periodístico de la investigación y nos prometió poner al aire el trabajo en la primera emisión del ciclo 2007. Sin embargo, una semana después, a todos los integrantes del equipo de investigación nos informaron que nuestros contratos estaban rescindidos por 'razones presupuestarias'. Desde ese entonces, todos los integrantes del equipo recibimos llamados telefónicos en los cuales nos advertían que nos olvidáramos de todo. Tenemos miedo y yo, personalmente, estoy pensando en irme del país. Sin embargo, creo que esto es algo que todos los argentinos deberían saber para qué, algún día, podamos tener un país más honesto. Constanza Larguía D.N.I.: 24.228.011 Hacelo circular por el bien de la justicia.
8) Boogie: Y esto es lo que se llama coherencia, mi amigo. Una "presidenta" que gana las elecciones casi sin hacer campaña, dibujando resultados peor que en el INDEC y casi sin contacto con la prensa. ¿Cómo va a dar publicidad de sus actos de gobierno? Mucho menos cuando son fracasos rotundos como éste.
9) JulioA.Roca: Sigan cambiando bombitas. En julio hablamos. Felicitaciones por la política energética, Néstor. Seguí gobernando que dormimos tranquilos y con frazadas.
10) cordobes10: Hace medio siglo llegaba a la presidencia el Dr. Arturo Frondizi, el gran estadista desarrollista que vivió muy adelantado para oposición y militares, hoy veneramos sus ideales y sus principios. Aun conservo y releo sus libros de Política y petróleo y aplaudo su decisión en cambiar de opinión y accionar al llegar a la presidencia y descubrir que YPF era un "gran globo". Su política y su gente lograron los mejores contratos petroleros que posteriormente fueron anulados por el gobierno radical del Illia sacando pecho por la "gran obra". Que diferente seria el presente con el gas, petróleo y sus derivados. Ninguno de los gobiernos posteriores al de Frondizi tuvo planes a mediano y largo plazo. Sería bueno que los políticos y gobiernos de turno entiendan, practiquen y apliquen el desarrollismo. Solamente asi lograremos un pais donde reine: bienestar, paz, desarrollo y democracia verdadera y perdurable.
11) ariel1978: Sin embargo las inversiones personales de los Kirchner y sus funcionarios no paran de crecer. Cosas de la Argentina sotreta.
12) superagente86: ¡Qué lejos que están los tiempos en que Argentina era una potencia dominante en Latinoamérica y Brasil solo podía aspirar a vivir en la sombra del brillo argentino! Tomó 60 años de influencia peronista y la complicidad de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner para reducir a la Argentina a una Nación sin ningún poder de proyección internacional! Sobre todo en Bolivia otrora parte del Virreinato del Rio de la Plata. Vergüenzas que en el pasado equivaldrían a traición a la patria y hoy tenemos a CK enorgulleciéndose del sometimiento del país al Brasil. Para aquellos que pueden leer ingles les sugiero el siguiente artículo que deja perfectamente en claro la posición Argentina entre 1939 y 1955 y su declinación frente al Brasil en el periodo peronista. The Challenge of Cooperation: Argentina and Brazil, 1939-1955, Gabriel Porcile, Journal of Latin American Studies, Vol. 27, No. 1 (Feb., 1995), pp. 129-159.
13: Fire&forget: Este papelón pone nuevamente al desnudo la desastrosa diplomacia KK, pródiga en fotos de dignatarios sonrientes y totalmente carentes de resultados prácticos (me refiero a los positivos, pues los otros lamentablemente abundan). Todo el asunto es patético: ¿nos hubiéramos imaginado acaso hace algunos años a Argentina suplicándole de rodillas a Bolivia que le venda más gas para evitar una crisis energética? Ya lo dije en otra oportunidad, la "hermandad" o "unidad" latinoamericana, que fue el librito-verso de nuestra Presidente, como el de Chávez y Evo, es una utopía, o un cuentito infantil. Cualquiera de los países que conforman Latinoamérica, hará su conveniencia. Ninguno dará nada en pos de la "hermandad". Por esto sería conveniente, que pusiéramos nuestra mira en abrirnos realmente al mundo. Para captar nuevas inversiones y en forma urgente comenzar obras de verdadero desarrollo para el país.
14) pinzgau: fire& (13) no, no los hubiéramos imaginado, de la misma manera que no nos hubiéramos imaginado la noticia -también hoy en este diario- de que Bolivia nos donó vacunas para poder seguir vacunando en el norte contra la fiebre amarilla. No, hace unos años no me lo hubiera imaginado. ¿Esta es la gran estadista que nos iba a reinsertar en el concierto internacional? Ni con los vecinos por el gas. Y eso que la presidenta dijo, hace más o menos un mes y después de un acuerdo con Evo sobre el gas, que la Argentina le pagaría más a Bolivia por su gas que los demás clientes. Todo en aras de la "solidaridad latinoamericana". Y nadie dijo nada. Hoy habría que repetir la frase de Clinton: es la economía, estúpida.
15) ciclope246: Ciertamente, ¿se podía esperar otra cosa? Porque tanto Brasil como Bolivia (aún con sus menores posibilidades), aspiran a un desarrollo independiente que los lleve a afianzar una soberanía real. Y los países que así proceden merecen respeto en todo el Mundo. Argentina por su parte, y con un proceso más acelerado desde el ’89 a la actualidad, gracias al accionar de los gobiernos del PJ (Menem-Duhalde-Kirchner-Kirchner) y la Alianza de De La Rúa-Álvarez, ha entregado sus recursos energéticos a una empresa ligada al gobierno de un país extra-continental, renunciando a su soberanía energética y con ello retornando a una situación cuasi colonial. Pero no solo se limitó a esta situación, sino que en el momento en que Bolivia encaró recuperar sus recursos enfrentando a las multinacionales, el presidente Kirchner se apresuró a enviar a sus representantes en lo que pareció una acción dirigida a proteger los intereses de la Repsol contrapuestos a los del pueblo boliviano. Triste papel el de una Nación defendiendo los intereses empresarios de una multinacional extranjera. Brasil lo hizo con Petrobrás, que es brasileña. Hay cosas difíciles de olvidar. Y no lo ha de olvidar Bolivia, que por sus raíces históricas había apoyado el ingreso de la YPF estatal en explotaciones en su territorio. Y más todavía: pienso que en estos momentos Bolivia debe evaluar que aproximarse al Brasil le ha de garantizar más su camino a la soberanía y a su salida al mar, que aliarse con la Argentina, que pareciera querer retornar a aquella colonia llamada Virreinato del Río de la Plata . De otra forma sería imposible el entender cómo en plena “crisis energética” se permite la exportación del gas y el petróleo y sus derivados, cuando a nuestros productores del campo y la industria se les niega, como reiteradamente denuncian. Por no hablar de los transportistas, que de seguir así deberán regresar a las carretas tiradas por bueyes. Esta política beneficia a las petroleras multinacionales y a las empresas que reciben dicha energía en el extranjero, pero no parece la más conveniente para un país en “emergencia”. Si realmente se desea superar la “crisis” el único camino es recuperar nuestros recursos, que nunca debieron ser entregados, mediante su nacionalización. Pero no hay “voluntad política” para ello. Lo que nuestros políticos pareciera que desean y aspiran es a lograr algunas migajas de los despojos en su propio beneficio. Y los ciudadanos se los estamos permitiendo. Triste, pero es así. Espero que nuestros hijos tengan la bondad del perdón, aunque no lo merezcamos.
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El corralito energético.
Daniel Gustavo Montamat fue presidente de YPF y secretario de Energía. LN martes 3 de junio, 2008.
El nuevo inversor, el que descubre las potencialidades de la Argentina en un mundo de alimentos caros, está acorralado por la escasez y los precios de la nueva energía que tiene que conseguir. Si desiste de instalarse, el país pierde capital, empleo y nueva producción. El visitante llega a Ezeiza porque ya ha decidido apostar por el futuro argentino. No conoce el país, pero su pujante emprendimiento en Asia lo llevó a valorar la bonanza agropecuaria argentina. Sabe que arriba a un país bendecido por una de las tierras más aptas del mundo y donde la tecnología de siembra directa, con la introducción de variedades transgénicas, generó una de las mayores productividades comparadas del mundo. Quiere agregar valor a la materia prima argentina pensando en el mercado mundial, a partir de la plataforma que ofrece el mercado regional. Por eso, hizo una escala en Brasil antes de llegar a la Argentina. Cuando alquila un auto en el aeropuerto para desenvolverse con autonomía durante su breve estada, empiezan sus desventuras energéticas. Opta por un automóvil "gasolero" de la misma marca que el que le provee la empresa en su país de origen. En la agencia le recomiendan un "naftero" porque va a tener menos problemas para conseguir nafta que gasoil. Insiste y deja el aeropuerto conduciendo el "gasolero" que eligió, pero con el tanque a la mitad. Previsor se detiene en la primera estación de servicio que encuentra. En un español castizo que practicó en España, pide que le llenen el tanque; el empleado, con una sonrisa, le aclara que tiene suerte porque recién llegó un camión a aprovisionar la estación. Hasta ese día había habido algún racionamiento (una carga por el valor de no más de $ 30 por cliente). No puede pagar con la tarjeta, pero ya había conseguido cambiar dólares por pesos en Ezeiza. Hombre de números, no puede resistirse a las comparaciones. En Brasil había pagado por el mismo litro de gasoil $3.50; aquí, $1.70. Ya en el hotel, sus potenciales socios locales le aclaran que los combustibles argentinos están atados a un precio de barril de petróleo de 42 dólares, lejos del petróleo de más de 130 dólares que no cesaba de subir. Al principio, lo toma como una ventaja, hasta que cae en la cuenta de que su experiencia en el surtidor estaba asociada a la escasez del producto. Le explican que la refinación local ya había alcanzado su techo y había necesidad de importar gasoil a los precios de referencia internacional. La escasez recrudece cuando hay siembra o cosecha y, ahora también, porque se utiliza gasoil para generar electricidad. Como los comercializadores no quieren importar perdiendo plata (traer un litro sin impuestos a $ 2.6 para venderlo en surtidor -una vez descontados los impuestos- a $1.10, no es negocio para nadie) falta producto y crece la especulación y el mercado informal. O se ajustan los precios internos o algún subsidio debe afrontar la diferencia. También acotan que el Estado ya está haciendo frente a un amplio abanico de subsidios energéticos. Al día siguiente, el extranjero y sus socios locales visitan el lugar del posible emplazamiento de la futura planta. Le gusta la zona y valora el cómodo acceso a la infraestructura vial. Pregunta primero por la infraestructura portuaria (piensa en el mercado externo) e inmediatamente empieza a formular las preguntas de rigor sobre el suministro energético. El sitio está próximo a redes de interconexión del sistema eléctrico. Como se trata de un nuevo emprendimiento (no tenía antecedentes de consumo) tiene que negociar el suministro con un potencial proveedor de nueva energía. Tienen como alternativa generar su propia electricidad y vender excedentes al sistema. Decide, sin embargo, que una vez instalado podría analizar esa opción, pero que, en principio, no ha venido a la Argentina a producir energía. Comentan al extranjero que, para los que están dentro del sistema, la electricidad consumida hasta los volúmenes de 2005 se paga a un precio más que razonable: unos 35 dólares promedio el MW/hora. El inversor, que por nuevo se asume sin antecedentes de consumo, se inquieta por la alternativa de conseguir un proveedor eléctrico confiable. Los socios lo previenen que el tema energético está complicado en el país. Aseguran haber hablado con potenciales oferentes de electricidad que fueron elusivos en negociar contratos de largo plazo y precios. Uno de los consultados se sincera y le dice que la nueva electricidad va a generarse con gasoil, y que el precio del MW/hora estaría en los 180 dólares. Allí recuerda su experiencia en el surtidor. Pero no entiende la relación de los 35 dólares promedio para los que están en el sistema, con estos 185 de los nuevos consumos. Le dicen que, para la "energía vieja", el precio toma como referencia la generación a gas natural a precios domésticos, aunque ya no haya suficiente gas para generar electricidad. La diferencia entre el verdadero costo del combustible para producir los electrones y el precio del gas virtual de referencia también la subsidia el Estado. Peor aún, los promedios esconden diferencias significativas. El consumidor residencial paga sólo 10 dólares el MW/hora y es el segmento privilegiado de la energía vieja (aunque se beneficien más los ricos que los pobres). Queriendo recobrar el optimismo que lo decidió por estos pagos pregunta por el gas natural que utilizará la futura planta. Le responden que tampoco hay contratos en firme ni seguridad de suministro. Recuerdan que cuando empezaron a analizar el proyecto, era un hecho que el país resolvería su déficit con gas de Bolivia. Ahora, el suministro boliviano tiene fecha incierta y su precio es más de 5 veces mayor que el promedio que se paga en las cuencas argentinas (7.8 dólares el MM/BTU contra 1.4 si se incluye el precio del gas residencial). La Argentina está importando este año gas por barco para atender el pico de demanda invernal, a 17 dólares la unidad técnica. El inversor les observa que ése es el precio marginal que refleja la escasez de gas. Los argentinos le contestan que, como nuevos consumidores del sistema, deberán arreglar un precio con los potenciales productores de gas nuevo, que es libre, pero no tanto y que será menor que el del gas natural líquido importado por barco. Como por el momento no habían encontrado interesados en proveerles gas nuevo, habían pensado en hacer funcionar la planta con fueloil, que también habría que costear a precios de importación (la oferta interna también es deficitaria), sin preocuparse demasiado por los controles ambientales. Luego de un almuerzo fugaz y de largas horas de conversaciones, que no despejan sus dudas, el extranjero regresa a su hotel. Al día siguiente, sin sus interlocutores locales, quiere imponerse de la realidad energética argentina. Se entera de que una canasta energética hipotética (petróleo, gas y electricidad) que en la región cuesta en promedio 100 pesos, en la Argentina cuesta 31, pero que esa canasta ya no está disponible para los nuevos consumidores y se está volviendo insostenible para los "viejos". Los subsidios públicos crecen exponencialmente y erosionan la solidez fiscal. Los productores de energía, rehenes del capital hundido, desconfían de la convocatoria a producir energía nueva bajo otras reglas. Si hasta el régimen de estabilidad minera fue ultrajado. Por la tarde, en una única visita semioficial, algunos funcionarios tratan de alentarlo: el Estado va a sustituir con inversión pública toda la inversión privada que no se hace para que no falte energía. El extranjero adelanta un día su regreso. Quiere volver a pasar por Brasil, país con menos ventajas comparadas en los negocios que proyecta, pero devenido en gran actor energético, según todos le comentan. Los interlocutores argentinos lo despiden en el hotel. Saben que perdieron un socio y que se frustró una nueva inversión. El relato es ficticio, pero los argumentos y los números traducen la realidad.
Opiniones argentinas: 1) carmonacaliz: Todo está relacionado. El conflicto con el campo, que parece un enorme capricho del gobierno, tiene también su explicación lógica: el gobierno está desesperado porque crece la brecha entre las tarifas "aparentes" de la energía y el costo real, y la recaudación para poder subsidiar ya no alcanza. El siguiente paso es un sinceramiento de precios y tarifas, y cada vez que esto sucedió en nuestra historia, se armó una explosión de ésas que se llevan puesto al gobierno. Mientras más tarde el kirchnerismo en aceptar esta realidad, más duro será el golpazo para todos los argentinos.
2) MrPoirot: Bueno. Por lo menos hay alguien que sabe lo que pasa. Pero por supuesto no está en el gobierno. Yo me pregunto. No creo que los integrantes del poder actual desconozcan la situación o no tengan suficiente asesoría de sus técnicos. ¿Entonces, a que se debe esa negación o esa espera a que todo se complique? No puedo creer que haya tanta estupidez a menos que estemos en manos de enfermos mentales. ¿Alguien tiene la respuesta?
2.1) ubaldomason: Estimado Mr Poirot (2): La cuestión es mucho más simple de lo que parece: 1) Tenga en cuenta cuales son las diferencias entre Liberales, que en un sentido amplio significan libertad integral, incluyendo Libertad de Mercado; respecto de 2) Marxismo: El hombre nuevo se logrará a través de, nada menos, que cambiar la naturaleza de la humanidad para llegar el Hombre Nuevo. La historia de los regímenes comunistas y sus variantes leve, fuerte o violentamente atenuadas han dado lugar a los regímenes totalitarios o semi totalitarios y a muchos otros parecidos agrupados como de Economía Mixta. Los que ejercen el poder actual, conocen perfectamente el asunto, pero practican la economía mixta como y al nivel que les conviene. La baratura de los votos de los estamentos más numerosos, hace que hoy estén en el gobierno. Recuerde que al salir de la urna, cada voto vale un voto, no importa el nivel de sabiduría de quién lo puso primero en el sobre y luego en la urna. Gracias por su tiempo.
2.2) sureda: De acuerdo con los Sres. Poirot y ubaldomason, agregaría que a la baratura de los votos se añadió el fraude liso y llano. Parece utópico pedirles a los peronistas que estén a la altura de las circunstancias para renunciar y/o cambiar, menos a los KK que ni siquiera son peronistas. Su política de confrontación sectorial permanente y de sembrar odios a diestra y siniestra, política que padecemos hace cinco años, no puede ser casualidad. Es triste reconocerlo, pero estamos en las últimas etapas de la escalada totalitaria KK, tras una dictadura de pretendido e hipócrita barniz marxista. Los objetivos que no alcanzaron con la metralleta ni Firmenich ni Santucho se están logrando ahora con los montoneros a cargo. Infortunadamente, la esperanza electoral de un cambio genuino en el 2009 no será tan fácil con la compra populista de voluntades, los actuales padrones “arreglados” y la grotesca falta de transparencia, porque esa imprescindible reforma electoral no llegará nunca en manos de estos personajes. Recordemos que este ya es un gobierno ilegítimo emergente de dibujarle diez puntos arriba para evitarle el ballotage a su consorte, en Octubre pasado, eventual ballotage que la hubiera dejado en la posición del Dr. Menem en el 2003. Un dibujo que por sus implicancias dejó enano al arte plástico neoperonista que apreciamos en las exposiciones periódicas del INDEC, y gobierno este donde las decisiones parecen quedar en manos de una persona que, en su calidad objetiva de ex-mandatario, carece de las atribuciones legales para tomarlas. El problema es político desde que NK alienta un plan de largo plazo inconfesable y utiliza a su esposa en él, ejerciendo el poder por su intermedio en un unicato perseguidor y vengativo. Al parecer este régimen antidemocrático sigue un libreto propio de confrontación social y desarticulación de las instituciones republicanas detrás de un autogolpe. Tal vez algún gobernador disidente pueda corregir el error del señor Duhalde, que les abrió la tranquera a los montoneros y fue el primero en quedar acostado en la estampida. Es triste ver que los echados de la plaza por el propio Perón, gracias al talento florentino para la política de Don Eduardo, pasaron sin escalas de la derrota militar al gobierno. Mucho más triste fue ver en los últimos años como, gracias al hábil manejo de la 'cajita feliz K', casi no quedaron peronistas detrás de Perón. No solo Borocotó estiró su manita con el zurrón de mendigo, hoy casi todos parecen ser "echados de aquella plaza memorable de 1974". Difícil decidir: ¿oportunistas convencidos o timoratos genuflexos es la media de hoy en el Congreso Nacional? Está claro que el peronismo tiene la mayor responsabilidad histórica en todo este desquicio, sea para reubicar la república democrática con un funcionamiento aceptable o para la traición de sumirnos en una dictadura alejada del mundo.
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Klasico de la korrupción inepta KK.
Energía: volver a rezar.
LN viernes 24 de octubre de 2008.
El kirchnerismo no ha comprendido que la energía en todas sus formas es un bien estratégico para cualquier país a fin de lograr un desarrollo sostenido. Para este sector político la energía ha sido un bien estratégico para acumular poder y ganar elecciones con la manipulación de los precios y la información. Se ha carecido de una planificación estratégica, racional y objetiva en materia energética, y el pomposamente llamado en su momento Plan Energético Nacional no pasó de ser una expresión de voluntarismo populista. La falta de reglas de juego explícitas, claras, ha minado la posibilidad de un desarrollo autosustentable del sector, impulsado por inversores que apuesten al crecimiento de la oferta energética. La improvisación y el correr tras los hechos consumados ha sido la constante observada en la actitud del Gobierno en la materia. Cuando el gas empezó a escasear se resolvió sustituirlo por fueloil para la generación de energía eléctrica. Esto derivó en una controvertida situación, con las compras hechas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que triangulaba las operaciones con terceros países, por cuanto su producto no era aceptable de acuerdo con las normas ambientales argentinas. Las relaciones con Pdvsa han estado salpicadas por el caso Antonini Wilson y las valijas con dinero que viajaron en aviones alquilados por la empresa estatal Enarsa. Cuando el fueloil resultó insuficiente, se decidió incorporar gasoil en la generación de energía eléctrica para su uso en ciclos combinados de última generación no diseñados para funcionar con ese combustible en forma continuada. Así se puso en riesgo la vida útil del parque de generación térmica nacional. La ceguera del Gobierno implicó que también la industria debiera sustituir el gas por fueloil, en los casos técnicamente factibles, con el consiguiente incremento en los costos de producción. Asimismo, la generación de energía eléctrica con combustibles líquidos incrementó en forma exponencial el costo para la industria de ese insumo insustituible que, a través de la tarifa y de los costos transitorios de despacho, hoy está pagando entre tres y cuatro veces más, en dólares, el precio final de la energía eléctrica comparado con la etapa de la convertibilidad. El subsidio indiscriminado de las tarifas eléctricas, como señal de abundancia inexistente, ha producido una modificación en los hábitos de consumo de la población y mostrado un incremento sustancial de la participación de éste sobre el consumo eléctrico nacional total. Ha crecido la instalación masiva de equipos de aire acondicionado frío-calor y, como consecuencia, la demanda se ha incrementado con riesgo de que se produzca -ya ocurrió en alguna provincia del noreste argentino- el colapso del sistema eléctrico. No ha habido por parte del gobierno ninguna señal seria y efectiva que estimule no ya el ahorro, sino cuando menos un consumo racional de la energía. Los subsidios han alcanzado a quienes no los necesitan. La mayoría de los hogares subsidiados pagan por la energía mucho menos que por cualquier otro servicio público o privado. Los montos destinados a subsidiar la energía eléctrica en forma indiscriminada e irracional han ascendido a miles de millones de dólares. Si la mitad o la tercera parte de esos montos se hubiesen destinado a instalar equipos de generación, el país tendría otra situación y otro panorama futuro en materia energética. No es distinto lo que ocurre en materia de combustibles. Los altos precios internacionales han permitido a las empresas productoras soportar las altísimas retenciones, pero no ha existido una política que estimulase inversiones en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas y petróleo. Por el contrario, las empresas internacionales que actúan en el país han puesto la mira en otros países del mundo para hacer sus inversiones. La deformación o el ocultamiento de la información no es algo que haya empezado con el INDEC. Desde antes de producirse el escándalo estadístico ya el Gobierno había comenzado a retacear la información que brindaba la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en forma anual a través de su informe de riesgo. Este trabajo que con toda honestidad y profesionalismo elaboraba el personal de la citada empresa empezó a ser dilatado, retaceado y, últimamente, derogado o no difundido por el Gobierno. El tema de la corrupción no ha sido una cuestión menor en el área energética. Basta señalar que dos de los mayores escándalos que han golpeado al gobierno kirchnerista se vinculan con la energía: el caso Skanska y la valija del caso Antonini. Muchas muestras hay de esta cuestión. La inducción a empresas extranjeras con inversiones en el sector energético a vender la totalidad o parte de esas inversiones a grupos económicos sospechados de tener fuertes vínculos con el Gobierno o algunos de sus funcionarios ha sido otro dato preocupante de estos últimos años. La utilización de Cammesa por parte del Ministerio de Planificación para la gestión de contratos varios constituye otra grave anomalía en la que se han sorteado los controles que la legislación establece en materia de licitaciones de obra pública. El futuro no se presenta mejor. Si en los próximos años se concretaran todas las obras anunciadas por el Gobierno, éstas apenas cubrirían el incremento proyectado de la demanda eléctrica. Es decir el panorama indica que, por varios años, la situación energética del país dependerá fundamentalmente del clima. Tal vez algún conocido diputado oficialista deba volver a pedir al máximo representante de la grey católica argentina que dedique mucho tiempo a las oraciones.
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La insensatez del fueloil.
Alieto Guadagni fue secretario de Energía (2002). LN jueves 15 de enero de 2009.
La Constitución de la ciudad de Buenos Aires procura sabiamente preservar el medio ambiente. Es así como su artículo 26 establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer? Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas". Además, el artículo 30 establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública". Todo esto parece ser letra muerta para el gobierno nacional en lo que hace al combustible utilizado para producir energía eléctrica en las grandes centrales térmicas instaladas en la ciudad. (Costanera y Puerto Nuevo). Es sabido que la combustión de insumos que contengan azufre genera dióxido de azufre, susceptible de transformarse en la atmósfera en ácido sulfúrico, que puede retornar bajo la forma de lluvia ácida. Este tipo de precipitación causa importantes daños ambientales y perjudica la salud humana, por eso, en el mundo, desde hace años se ponen topes a la cantidad de azufre que pueden contener los combustibles derivados de los hidrocarburos. Esto ya había sido considerado por nuestra secretaria de Energía, que en 2006 había dispuesto que, a partir de junio de 2008, el fuel utilizado por las centrales eléctricas no podía contener más de un 0,7% de azufre. Pero poco antes de la entrada en vigor de la norma, la misma autoridad la derogó. Este injustificado retroceso regulatorio no tiene ningún nuevo fundamento técnico, sino que, simplemente, alude a que "la necesidad de importar fueloil para las usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones de éste". Dicho en otros términos, como importamos fueloil perjudicial para el medio ambiente, anulamos la norma protectora de la salud en lugar de procurar fueloil de buena calidad, que abunda en el mundo. Como se expresó en el pedido de informes presentado por un grupo de diputados, encabezados por Eduardo Macaluse, "los productos petroleros venezolanos suelen presentar alto contenido de azufre. No es lógico que para comprarle a Venezuela debamos bajar nuestros estándares ambientales. Lo lógico sería requerir al vendedor que nos provea de combustible que cumpla con la normativa argentina. Nuestro país ya utilizó combustible de Venezuela en las centrales Puerto y Costanera, y produjo una lluvia ácida en plena Capital Federal, tal como lo investigó la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2007". En esta oscura historia del fueloil, constatamos ya la primera insensatez regulatoria para convalidar la importación de fueloil contaminante; veamos ahora otra insensatez adicional, tan inexplicable como la primera, referida a nuestro comercio exterior de este combustible, que pone en duda toda la justificación de esta enorme operatoria de compras de fueloil a Venezuela sin licitaciones internacionales de precios y calidades. Si se examinan las cifras del comercio exterior, se observa que la Argentina no es importador neto de fueloil, sino justamente todo lo contrario, ya que exporta más de lo que importa, con el agravante de que exporta fueloil menos contaminante que el que el Gobierno compra a Pdvsa. Durante 2006 el Gobierno compró a Pdvsa casi un millón de toneladas de fueloil; al mismo tiempo, el país exportó 1,6 millones de toneladas. Hubo casos en que el mismo barco que traía fueloil vendido por Pdvsa, volvía a cargar fueloil rumbo a otros países. La pérdida anual entre diferencias de esta operación se ubica en más de 50 millones de dólares. Recordemos que el Gobierno es el que importa (en opacas operaciones sin competencia pública de precios) y las refinerías privadas son las que exportan. En 2007, importamos 930.000 toneladas y exportamos casi 1,5 millones de toneladas, y se originó con esta inexplicable operación un quebranto por fletes innecesarios. Las cosas son bastante parecidas este año: seguimos trayendo fueloil altamente contaminante y mandamos al exterior un volumen superior de productos de mayor calidad ambiental. Para tener una idea de la magnitud financiera de estas operaciones, que se vienen realizando directamente con Pdvsa desde 2004, digamos que las exportaciones de fueloil alcanzarán este año unos 800 millones de dólares. A la luz de estos datos, la importación de fueloil tiene muy difícil justificación y parece motivada sólo para maximizar transacciones financieras con la empresa estatal venezolana, que, insistimos, son opacas y sin licitación pública. Desde ya, el gobierno local de la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con estas confusas e insensatas operaciones de compras a Pdvsa, pero tiene mucho que decir, y, además, la obligación de actuar en defensa del medio ambiente de la ciudad, deteriorado por la combustión contaminante, ya que las autoridades de la ciudad son responsables por el respeto a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Opiniones argentinas: 4)gdiazpra: Por favor Sres. LN permítanle publicar este comentario gratuitamente a Página 12 para que cuando lo lea la "izquierda vegetariana" argentina, que suele rasgarse las vestiduras por la ecología y la contaminación se entere de lo que están haciendo con el medio ambiente aquí nomás, en la puerta de su casa, sus ídolos KK! La Municipalidad debería dar a conocer algún informe. También Aguas Argentinas tiene inmensos piletones a la intemperie con el agua que todos tomamos. El ácido sulfúrico no lo van a filtrar con arenillas.
6) Valterium: El contenido de azufre admitido en los combustibles en EE. UU., es de 30 ppm (partes por millón); el del Mercado Común Europeo era de 50 ppm., pero a partir de ahora también será de 30 ppm. El fueloil importado de Venezuela no baja de 1500 ppm, razón por la cual este país no lo puede vender en otros mercados que no sean los países subdesarrollados como el nuestro. El proceso de desulfuración del petróleo es muy costoso y hay pocas refinerías en el mundo que lo tienen, entre ellas EE. UU. De allí que uno de los principales destinos del petróleo Venezolano es EE. UU., donde le bajan el contenido de azufre a valores admisibles. El otro destino son los países como el nuestro donde somos muy laxos en la interpretación y ejecución de las normas. Ahora la solución a la inevitable lluvia ácida en Buenos Aires es invertir en "filtros de azufre" para las centrales térmicas como lo indica James Lovelock en su libro "La Venganza de la Tierra" pag. 172 / 2007/ Planeta, donde están presente en Europa desde hace mucho y se ha solucionado en gran medida con esta "pequeña inversión" un gran problema. Solo hace falta un poco de voluntad y respeto por la vida, nada más.
8) sureda: Es un dato colateral adicional para ilustrar la insana peligrosidad del modelo chavista-montonero que padecemos desde hace seis años ¡Hasta se compra caro y malo por simples razones de fundamentalismo ideológico, derogando normas elementales de protección ambiental!! Cuando el actual presidente de facto inició su epopeya nacional, dejó la única verdad que se le recuerda: "...donde rasco salta pus..." ¡parece evidente que hoy nos estamos ahogando en sus pustulencias!
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La desvariada política energética KK.
LN lunes 6 de julio de 2009.
El lunes pasado, un día después de la derrota de Kirchner, el presidente de YPF Antoni Brufau, y su CEO, Sebastián Eskenazi, reportaron ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el desempeño de la empresa en 2008. El informe fue una descarnada radiografía de la desvariada política energética del Gobierno, cuyo rasgo más nocivo sería la tendencia a intervenir en el mercado. En diciembre de 2007, Brufau había justificado la venta del 15% de YPF a la familia Eskenazi porque era "el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados". Por lo visto, esa estrategia fracasó. El jueves último, Repsol informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que tal vez se marche de la Argentina. Ese día trascendió una oferta de la China National Offshore Oil Corp Ltd (Cnooc) y de la China National Petroleum Corp para comprar YPF en alrededor de US$ 17.000 millones. Los chinos sí tienen experiencia en mercados regulados. La enajenación de YPF tiene razones españolas. El 20% de Repsol pertenece a Sacyr-Vallehermoso, una constructora e inmobiliaria que necesita fondos para atravesar la crisis de esa actividad en España. Brufau debe explicarle al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, por qué, desde que llegaron los Eskenazi, la rentabilidad de YPF cayó el 60 por ciento. Brufau y Eskenazi expusieron sus excusas ante la SEC: la economía argentina se contrae; la inflación aumenta los costos; la intervención del Gobierno es excesiva; las tarifas domiciliarias están congeladas; debe importarse combustible a precio internacional para venderlo a pérdida; las restricciones a las exportaciones son permanentes. Casi una proclama de la Comisión de Enlace del campo. Si la oferta de los chinos se concretara en los generosos términos que han trascendido (según los valores bursátiles del viernes pasado, la compañía valía US$ 12.800 millones), los Eskenazi habrían hecho un negocio fantástico. Por su 15%, sacarían alrededor de US$ 2533 millones: US$ 298 millones más de lo que les costó. Hay que recordar, además, que ellos controlan YPF sin poner más que US$ 108 millones. El resto fue financiado por los bancos y por Repsol, que aceptó que le saldaran la deuda con dividendos de la compañía. También los españoles enviaron formidables remesas a sus alicaídos accionistas de Madrid. El año pasado retiraron $ 8200 millones. Si bien nunca mereció objeciones de la Comisión Nacional de Valores, la táctica de pagar a Repsol las acciones de YPF con dividendos de YPF se volvió inviable por la baja rentabilidad de la empresa. La familia Eskenazi tal vez migre de YPF, como lo está haciendo del kirchnerismo: el comedor de Sebastián, en Diagonal Norte, fue el reducto de Reutemann durante su campaña. "Tenía razón Julio [De Vido], que nunca quiso a los Eskenazi y prefería a Carlos Miguens para YPF", recordó un empresario con pase libre en Olivos.
Argentinización: La argentinización de los Kirchner quedó en la ruina. ¿Qué explicación le darán a Pino Solanas o a esa reencarnación de Scalabrini Ortiz en que se convirtió De Narváez, si China se queda con YPF? Con dificultades para operar en EE.UU. o Europa, ese país se lanzó al África, a Irak y puso un pie en Ecuador y Venezuela. Sin embargo, la venta de YPF a los chinos sigue siendo conjetural. Por ahora, sólo sirve para poner en ridículo la receta en que confiaron Brufau y José Luis Rodríguez Zapatero para aplacar a Kirchner y para demostrar el interés de los españoles por abandonar el país. ¿Aprovechará Kirchner esa ansiedad para nacionalizar activos de la empresa y después revenderlos a sus amigos petroleros? La novelesca saga de Telecom es similar. Telecom Italia se resignó a vender su participación en la empresa (50%), acorralada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comunicaciones, que le prohibieron ejercer una opción de compra por la mitad que controlan los Werthein y, al mismo tiempo, deshacerse de sus propias acciones. Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez fueron, hasta las elecciones, los únicos oferentes en la licitación que administra el CS First Boston. Tiene sentido: dos directivos italianos aseguran que De Vido les indicó: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, ellos les pueden resolver el problema de la venta". Después de la derrota de Kirchner, se presentaron al concurso los directivos del grupo Clarín y un fondo del transportista Alfredo Román, que administran Ronaldo Strazzolini (ex Citi) y Tomás Deane (ex Francés-BBVA). Las ofertas rondaron, parejas, los US$ 600 millones. La operación es otra después de los comicios. Los italianos comenzaron a dudar de que Eurnekian y Gutiérrez consigan el financiamiento que gestionaron en un banco europeo (antes habían recurrido, sin éxito, a Cristóbal López). Además, la oposición promete un escándalo si el Gobierno fuerza la venta de una compañía que factura US$ 3000 millones al año y que controlará el mercado de la TV, la telefonía e Internet. Sobre todo, si los beneficiados son amigos de Kirchner. También están los que quieren quedar bien con Clarín. La aparición de un competidor que controla el 50% de la telefonía fija es para ese holding un riesgo desmesurado. Por eso, la derrota de Kirchner hizo subir la acción de Clarín: si Héctor Magnetto se queda con Telecom, extenderá de manera temible la plataforma de TV e Internet que ya controla.
Un grito en el cielo: A De Narváez, dueño también de medios, le han recomendado poner el grito en el cielo si el negocio queda en manos de Eurnekian-Gutiérrez. Al parecer, aceptó el consejo. Ante este nuevo cuadro, la retirada de Telecom Italia de la Argentina, irreversible hace 10 días, comenzó a ser dudosa. Más allá de esta peripecia, la CNDC, que controlan Guillermo Moreno y Ricardo Napolitani, estará en la mira del nuevo Congreso. No sólo por Telecom. Hay diputados que sospechan del comportamiento de esa comisión en el caso de Ciesa, la compañía que controla la transportadora de gas TGS, en la que Petrobras posee un 50%. El holandés Brent de Jong encontró todo tipo de trabas cuando quiso canjear por acciones de TGS los títulos de deuda que adquirió su Ashmore Energy Internacional. Hasta que alguien le recomendó ingresar a Emgasud, la empresa de Alejandro Ivanissevich. Este otro experto en mercados regulados ahora pugna por quitar a Petrobras el control de TGS. Emgasud está bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades que la misma empresa publicó en enero, en el prospecto para colocación de obligaciones negociables. La Anses suscribió el 30% de esas ON. Ivanissevich estaría detrás de TGN, la otra transportadora que controla Techint. El interventor del Enargas, Ricardo Pronsato, está obsesionado con esas empresas. Necesita que le convaliden los precios de las ampliaciones de gasoductos de 2006-2008. Antes de dejar la fiscalía, Carlos Stornelli denunció ante el juez Ariel Lijo que lo que se había presupuestado en US$ 1427 millones, se adjudicaría por US$ 2347 millones. Como el caso Skanska, esto quedará bajo la lupa parlamentaria. La moda de las comisiones investigadoras vuelve, como siempre que hay una oposición con ínfulas y un Ejecutivo desprestigiado.
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Sector energético K 2009, tan mal como el agropecuario.
Las vacas, el gas y el petróleo en crisis. Alieto Aldo Guadagni, economista. LN lunes 23 de noviembre de 2009.
En el sector agropecuario hay expectativa por cómo evoluciona el mercado de carnes, con proyecciones de oferta en declinación motivadas por reducciones que se vienen registrando en nuestro stock ganadero. Los pronósticos apuntan a un alza futura en el precio interno de la carne, como consecuencia de esta menor oferta futura, explicada por la disminución del stock en alrededor de ocho millones de cabezas (60 millones en el año 2007 y 52 millones el año próximo). La opinión pública ya ha tomado nota de esta preocupante declinación en nuestra riqueza pecuaria, lo cual no es de extrañar, porque son numerosos los sectores y actores involucrados en esta actividad. Esta cuestión viene siendo ampliamente debatida desde hace ya algún tiempo. En el sector ganadero, los productores no sólo son numerosos, sino que también hablan con claridad y vienen desde hace meses alertando a las autoridades responsables. Pero hay otro sector productivo (el de los hidrocarburos) en el que la descapitalización -o sea, la disminución de reservas de recursos de petróleo y gas- es más grave y, sin embargo, los sectores involucrados no se expresan con la claridad requerida para alertar a las autoridades de que no están encarando esta realidad.
Si valuamos financieramente las disminuciones de stock, es decir, la evaporación por agotamiento de nuestros recursos naturales, tenemos la impactante conclusión de que la merma de nuestras reservas de petróleo y gas equivale, en términos monetarios, a más de 450 millones de cabezas de ganado, o sea, nada menos que 56 veces más que la disminución prevista en el stock ganadero. Veamos las cuentas. Las reservas de petróleo vienen cayendo desde fines de los 90 y acumulan una disminución de casi el 20 por ciento, lo cual equivale a más de 2,4 años de producción. Pero la disminución de reservas es mucho más preocupante en el caso del gas, ya que, en lo que va de esta década, hemos consumido reservas por una cuantía que supera siete años acumulados de producción anual. Entre 1990 y 2000, las reservas gasíferas treparon un 34 por ciento, pero a partir de ese año avanzó la descapitalización del stock. De este modo, hoy apenas tenemos la mitad que en 2000. Mientras que en 1990 las reservas cubrían 25 años de producción, en la actualidad representan apenas ocho años. Si calculamos estas mermas en las reservas de petróleo y gas por los valores monetarios de más importaciones en el futuro, obtenemos un monto financiero equivalente al valor mencionado de más de 450 millones de cabezas de ganado. Dicho en otros términos: desde el punto de vista económico, hemos consumido ya esa enorme magnitud. Este proceso de descapitalización está siendo alentado por la vigencia de reglas de funcionamiento para los hidrocarburos, que desalientan no sólo la producción, sino especialmente la inversión de riesgo en exploración y búsqueda de nuevas reservas. Además, como estas reglas implican grandes subsidios al consumo intensivo de energías fósiles, el resultado es el ahora observado en términos de agotamiento acelerado de las reservas. Estos subsidios, que anualmente superan los 25.000 millones de pesos, al premiar la utilización de fósiles contaminantes, además establecen una barrera artificial que desalienta la adopción de nuevas energías renovables, limpias y amigables con el medio ambiente. Por otra parte, la forma regresiva en que se aplican estos subsidios premia proporcionalmente más a los sectores de altos ingresos.
La disminución de reservas es especialmente grave en el caso del gas, insumo central de muchas actividades y que representa en nuestro país la mitad de todo el consumo de energía. Somos líderes mundiales en el consumo de gas. Pensemos que en Brasil el gas representa apenas el diez por ciento del consumo energético; en Estados Unidos, el 22 por ciento, y en la Unión Europea, el 27 por ciento. Tenemos la flota automotriz con GNC más grande del mundo. El gas es crucial para la generación eléctrica. La industria petroquímica depende del gas y las familias y muchos sectores dependen del gas. Claro que hay un país que nos aventaja en el consumo de gas, y es Rusia, donde el gas representa el 55 por ciento del consumo energético total. Pero la diferencia es preocupante: Rusia tiene reservas gasíferas para 70 años y nosotros, apenas para ocho, y cada vez menos. La declinación de nuestras reservas no refleja únicamente agotamiento geológico, sino que es el resultado de reducidos esfuerzos exploratorios. No se presta atención al futuro, un futuro que ya se está convirtiendo en un presente de escasez y creciente dependencia de costosas importaciones de Bolivia, el barco de Bahía Blanca y, en el futuro, eventualmente también Chile. El año pasado, con precios de los hidrocarburos cinco veces superiores a los vigentes a fines de los 90, el esfuerzo exploratorio cayó casi un 70 por ciento comparado con esos años. Esto es una mala señal, porque los países no encuentran petróleo, sino que lo buscan. Fue así como Brasil, gracias a una clara política exploratoria, pudo triplicar su producción desde comienzos de los 90. Por su parte, Uruguay está encarando la exploración de su plataforma continental con la activa participación de YPF y Petrobras, que han ganado las licitaciones encaradas por el gobierno uruguayo.
En nuestro país, son las provincias las que poseen el dominio de los recursos de hidrocarburos (Constitución de 1994). Por eso, 15 provincias están convocando a inversores para las tareas exploratorias, habiéndose ya adjudicado 140 áreas con inversiones comprometidas por alrededor de 1700 millones de dólares. De las licitaciones hechas por las 15 provincias se destaca, por lo original, lo ocurrido en la provincia de Santa Cruz, donde durante 2006 el gobierno provincial licitó y adjudicó 14 bloques que cubrían un extenso territorio de 7,2 millones de hectáreas. Las empresas oferentes debieron presentar en este concurso, como es de práctica, dos sobres: 1) antecedentes y 2) propuesta técnico-económica. Lo notable de esta licitación es que las autoridades descalificaron, al rechazar desde el inicio el sobre 1), a casi todos los oferentes. Se descalificó, así, a importantes y experimentadas empresas, como YPF (antes del ingreso del socio argentino), Petrobras, Pluspetrol y otras empresas más. Así, fue posible adjudicar siete áreas con 4,3 millones de hectáreas a una empresa vinculada con Cristóbal López y las otras siete áreas, con 2,9 millones de hectáreas, a empresas vinculadas con Lázaro Báez. Las provincias están sumamente activas procurando ensanchar la base de sus recursos naturales. Este nuevo protagonismo impulsado por la Constitución de 1994 las ha convertido en protagonistas del esfuerzo exploratorio que nuestro país necesita con urgencia. Este es un proceso interesante y promisorio, que requiere ser perfeccionado en el futuro. Se deben seguir las reglas de transparencia del capitalismo de riesgo competitivo, que es bien distinto del afán de captura de rentas que caracteriza al capitalismo de amigos, que, como hemos visto, aún no ha sido erradicado. Esperemos, además, que las provincias ejerzan el contralor requerido para que los nuevos concesionarios petroleros cumplan estrictamente con sus compromisos y con las obligaciones de inversión asumidas. El Estado nacional tampoco puede estar ausente en el diseño de nuevas políticas eficaces para ensanchar la base de nuestros recursos energéticos. Para ello, es esencial la instrumentación de una política petrolera que sea previsible, transparente y que inspire confianza para importantes inversiones de riesgo. Los ejemplos sobran. Sobre todo, entre nuestros vecinos. No hay ninguna maldición geológica que nos condene a quedarnos sin gas ni petróleo. Es muy posible que repongamos en el futuro el equivalente a los 450 millones de cabezas de ganado consumidas.
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Gasto público K sin sensatez.
Proyectos hidroeléctricos demasiado caros en la provincia de los Kirchner. Alieto Aldo Guadagni. LN miércoles 14 de abril de 2010.
En muchos países existe un fuerte debate sobre la cuantía y la naturaleza del gasto público. Hace décadas que en las universidades se dictan cursos especiales sobre evaluación de proyectos de inversión, como ingrediente imprescindible de una planificación racional del presupuesto de gastos estatales. Estos cursos procuran contestar el interrogante básico de la asignación del gasto entre múltiples fines que compiten por recursos fiscales siempre escasos para satisfacer al mismo tiempo todas las demandas sobre las disponibilidades presupuestarias. El interrogante es cómo maximizar el aporte de un programa de inversiones y gasto público al bienestar colectivo. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) prestó atención a esta cuestión desde la década del 50, cuando el economista Julio Melnick editó el recordado Manual para la preparación y evaluación de los proyectos de inversión. Por décadas, tanto la Cepal como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial organizaron cursos en toda América latina para difundir las técnicas requeridas para optimizar los procesos de inversión pública; procuraban así maximizar la contribución positiva por cada peso de gasto presupuestario. Dicho en otros términos: sacarle bien el jugo a la inversión pública, eligiendo y diseñando los mejores proyectos, no sólo en infraestructura, energía, transporte y saneamiento, sino también en inversiones sociales, como educación y salud. En esta evaluación de proyectos se utilizan metodologías que procuran maximizar el valor neto de la inversión. En algunos casos se procura seleccionar el conjunto óptimo de proyectos capaces de generar un cierto nivel de beneficios al mínimo costo. Todas estas consideraciones han sido bien contempladas por nuestra legislación a partir de la sanción de la ley 24.354, que regula de manera precisa el proceso de incorporación de las inversiones públicas en el presupuesto del Gobierno. Esta ley ha creado el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que comprende "todos los proyectos de inversión de los organismos integrantes del sector público nacional, así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su realización transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio público nacional, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o contingente" (artículo 3). Esta ley establece, con buen criterio, que el plan de inversiones "se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, las normas y la metodología establecidos por el órgano responsable del Sistema de Inversiones Públicas" (artículo 8). Además, durante la presidencia de Néstor Kirchner y la gestión de Lavagna mejoró aún más el sistema cuando la Secretaría de Política Económica dictó, en 2004, la resolución 175, que indica que para aprobar un proyecto de inversión se requiere formular una comparación de costos y beneficios, más una evaluación del impacto ambiental de la obra. Esta excelente resolución es muy precisa y clara en cuanto a la forma de comparar los costos con los beneficios de la inversión, ya que procura maximizar el impacto positivo de la inversión pública, dándoles prioridad a aquellas que sean más efectivas para contribuir al progreso del país. Desde el punto de vista legal, podemos afirmar que nuestro régimen de aprobación de inversiones públicas es inobjetable. Estas consideraciones son importantes en estos momentos, en los que la Argentina debe modificar su matriz energética. La pérdida de nuestro propio abastecimiento en petróleo y gas hace imperioso enfatizar sin demoras la utilización del valioso recurso hídrico, ya que nuestro gran potencial hidroeléctrico está a la espera de las inversiones que lo movilicen e incrementen, además, la producción de energía eléctrica "limpia", sin emisiones de dióxido de carbono. Es ambientalmente positivo que el agua reemplace a los fósiles contaminantes, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos aprovechados menos de la mitad de nuestros recursos potenciales hidroeléctricos. Por eso hay que congratularse por las iniciativas que procuran poner en valor este recurso renovable.
Sin embargo, las iniciativas del Gobierno en esta materia van por el camino errado. La actual licitación de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Esta iniciativa oficial no es buena, no por una razón meramente institucional, por no respetar las ya mencionadas normas legales vigentes en materia de inversiones, sino porque es un grave error de planificación energética, que exige sensatamente comenzar por los proyectos que maximizan el impacto positivo. Aquí el Gobierno se contradice a sí mismo. La Secretaría de Energía difundió en noviembre de 2006 su estudio "Evaluación expeditiva de aprovechamientos hidroeléctricos", en el que analizaba un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos en todo el país. En esta evaluación oficial se priorizaban sensatamente estos proyectos, de acuerdo con criterios técnicos, ambientales y de comparación de costos y beneficios. Si se consideran los costos por megavatios/hora (MW/h) cuantificados en este estudio, estos dos proyectos se ubican muy mal (lugares 23 y 24 sobre 30 proyectos). Por ejemplo, Cóndor Cliff tiene un costo de 62 dólares por MW/h, más del doble que el aprovechamiento hidroeléctrico La Elena (río Carrenieufu), en Chubut (25). Por su parte, el costo en dólares por MW/h de La Barrancosa (76) también sería de más del doble del generado por Los Mallines, en el río Grande de Mendoza (32), o por el aprovechamiento Talhelum, sobre el río Aluminé, en Neuquén (33), o por el Rincón de la Media Luna, también en el río Aluminé (36), o el doble de Portezuelo del Viento, en el río Grande de Mendoza (38). En síntesis: hay en este detallado inventario de la propia Secretaría de Energía más de veinte proyectos hidroeléctricos en Mendoza, Neuquén y Chubut que son más prioritarios que estos dos que ahora impulsa el Gobierno. Esto sin hacer ninguna mención de los ríos internacionales de gran caudal que compartimos con nuestros vecinos.
Los dos proyectos en Santa Cruz tienen una capacidad de generación de 2150 MW, pero el caso es que hay 22 mejores proyectos, con capacidad de 5200 MW. Destaquemos que estas comparaciones tan desfavorables para estos dos proyectos se hicieron con las anteriores estimaciones de costos, ya que los nuevos costos de la licitación son más del doble que esos anteriores, lo cual hace aún más injustificada la empresa. Si bien estos dos proyectos los está licitando el gobierno provincial de Santa Cruz, la Nación se compromete a financiar el 70 por ciento de las obras. Además, como ha señalado el Instituto General Mosconi, cuando se terminen estas obras, Santa Cruz tendrá una capacidad de generación 20 veces superior a su demanda. Habrá que invertir en por lo menos 2000 kilómetros de líneas de alta tensión, de 500 kW, para transportar la energía eléctrica a otros centros de consumo, con un costo adicional superior a los mil millones de dólares, que deberán afrontar los próximos gobiernos. La inversión proyectada en estos dos grandes proyectos en Santa Cruz no es sensata, ya que con su enorme sobrecosto en la inversión sobrarían fondos para hacer muchos buenos emprendimientos hidroeléctricos en las provincias de Río Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Tendríamos así el mismo aporte a la disponibilidad energética, pero a mucho menor costo, liberando recursos para más inversiones en otras áreas prioritarias y postergadas, por ejemplo, servicios cloacales, vivienda y educación. Insistir en proyectos costosos de nula prioridad podrá ser bueno para unos pocos (consultores, financistas y constructores), pero es malo para el contribuyente de hoy, y mucho peor para el usuario, que tendrá que pagar en el futuro mayores tarifas eléctricas. No olvidemos que estas obras, por su largo período de construcción, de más de cinco años, deberían ser financiadas por los próximos dos gobiernos nacionales. Aún estamos a tiempo de evitar estas decisiones erróneas, ya que el esfuerzo por propiciar inversiones públicas que sean sensatas debe ser permanente, si pretendemos un futuro mejor para todos, con crecimiento e inclusión social.
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Avance energético estatal KK 2010.
LN viernes 18 de junio de 2010.
El Gobierno intervino Metrogas porque dejó de pagar su deuda. La empresa se quejó de las tarifas congeladas. La mayor distribuidora de gas del país no pudo hacer frente a un vencimiento de US$ 20 millones. Con la discusión por las tarifas de fondo, y ante la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento por 20 millones de dólares, la empresa Metrogas resolvió pedir el concurso preventivo de acreedores y se expuso a lo que era una reacción cantada del Gobierno: la intervención por 120 días con el objetivo de "garantizar la normal prestación del servicio público". El Ministerio de Planificación Federal, que comanda Julio De Vido, declaró en un comunicado que "la intervención tendrá como objetivo la reestructuración de la deuda y se extenderá hasta que ésta haya concluido satisfactoriamente". La decisión tiene como antecedentes los casos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Autopistas del Sol (Ausol), que declararon sus respectivos defaults en 2008 y 2009 y fueron inmediatamente intervenidas por el Gobierno. En la nota que envió a la Comisión Nacional de Valores, la mayor distribuidora de gas del país reconoce que "no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas". No obstante, aclaró que la operación "no se encuentra comprometida". Sin embargo, esta explicación no fue para el Gobierno. "Consideramos que si la situación financiera de la empresa está en riesgo, no se garantiza que se puedan mantener la calidad y la prestación del servicio", afirmó una fuente cercana a De Vido. "En diciembre pasado el Estado le advirtió que no iba a permitir que ninguna empresa de servicios cayera en default".
Metrogas abastece de gas a unos 7 millones de personas que viven en la Capital Federal y 11 partidos del sur del conurbano. Según el último balance, al 31 de marzo pasado, el pasivo total de la empresa ascendía a 1268,61 millones de pesos, con un patrimonio neto de 882,52 millones. El 70% de las acciones está en manos del Consorcio Gas Argentino, una sociedad controlada por la británica BG (54,67%) y por Repsol YPF (45,33%). La compañía venía advirtiendo desde hace meses sobre su difícil situación, que atribuye al hecho de que sus tarifas de distribución permanecen congeladas desde hace casi 11 años, período en que sus costos se incrementaron en un 210 por ciento. Ayer, la cartera de Planificación y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas, el organismo que formalmente dictó la intervención con su resolución 1260) respondieron con dureza a esas afirmaciones. En sendos comunicados, dijeron que la cesación de pagos no es el congelamiento tarifario, sino el incremento sistemático de la exposición financiera de Metrogas "privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados por la propia empresa". Además, culparon a la compañía por la falta de actualización tarifaria: "La renegociación no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones [Ciadi]". "Por principio, el gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión", dice uno de los textos. Metrogas ya había reestructurado la mitad su deuda hace cuatro años. Pero la situación volvió a complicarse. "Sabíamos que no se iba a poder evitar una nueva reestructuración y que con eso se abría la puerta a una intervención", dijo una fuente de la distribuidora. El interventor designado es Antonio Gómez, un ingeniero industrial de 62 años, que actualmente se desempeña como coordinador de convenios del Centro Argentino de Ingenieros. En Planificación lo describen como un experto en servicios públicos. Ayer por la tarde, Gómez se hizo presente en las oficinas de Metrogas, junto con funcionarios del Enargas y con Roberto Pons, el hombre que desempeñó el rol de interventor en TGN. La situación de Metrogas obligó ayer a la Bolsa de Comercio a suspender la transacción de las obligaciones negociables de esa empresa y a que sus acciones operen en rueda reducida. Además, la agencia calificadora de riesgo Moody´s bajó a "Ca" desde "Caa3" la nota corporativa y de deuda en moneda extranjera y la calificación en escala nacional a "D.ar" desde "Caa3.ar".
Estrategia del manotazo para apagar incendios propios.
Tal vez si el Gobierno no hubiera rechazado la propuesta de los grupos Ashmore y Marathon para entrar en Metrogas no habría tenido necesidad de intervenir. "Una alternativa es el ingreso de un socio privado", se había ilusionado en diciembre pasado Sebastián Eskenazi, CEO de YPF, una de las accionistas de la distribuidora, cuando se le preguntó si Metrogas entraría en esos días en default. Pero los organismos reguladores no otorgaron la aprobación y nunca explicaron por qué. Si el motivo de la intervención de ayer fue resguardar el servicio, habría que plantearse cuál es el camino más corto: si con nuevos socios o con la incursión de un Estado que ha mostrado alguna dificultad con la energía en estos años. Electricidad, nafta, gasoil, petróleo y gas son insumos que están bajo la regulación, manifiesta o latente, del Ministerio de Planificación. El resultado es bastante esclarecedor: los cinco tienen una oferta inferior a la de 2003 si se la contrasta con la demanda. La política energética no es ajena a las penurias de una empresa que no puede aumentar sus tarifas desde hace 11 años. Con devaluación y salarios bajos, es probable que el modelo de los últimos años sólo cerrara con tarifas irrisorias. Gas Natural BAN, la excepción del mercado, pudo subirlas hace tres años. ¿Qué la diferencia de Metrogas? A los ojos del Gobierno, varios aspectos. GasBAN suspendió sus reclamos internacionales por la pesificación, algo que no hizo Metrogas. Y obedeció este año el pedido gubernamental, que Metrogas desechó, de dejar la Asociación Empresaria Argentina. En julio de 2007, en medio de cortes de gas en todo el país (la mitad del volumen actual), el periodista se topó con el ministro Julio De Vido en la Casa Rosada. El Gobierno acababa de ordenar, con éxito, la renuncia del CEO de Metrogas. ¿Por qué cuestionan solamente a esa empresa, si el problema fue en transporte y en yacimientos y GasBAN también cortó?, preguntó este diario. De Vido sonrió y abrazó con ironía al cronista: "Había 20 grados y me cortaron el gas firme con ventana. Saque sus conclusiones". La experiencia kirchnerista obliga además a estar atentos a la próxima oferta por Metrogas. Los ahogos financieros a determinados activos son una magnífica oportunidad para comprarlos. Así pasó, por ejemplo, tres meses después de la intervención en Transportadora de Gas del Norte (TGN), en enero de 2008. De Vido ya le había transmitido a Carlos Ormachea, ejecutivo de Tecpetrol (Techint), una de las accionistas de TGN, sus ganas de que Total y CMS, los otros dueños, retiraran sus demandas del Ciadi. Después llegó un extraño anticipo de Antonio Pronsato, jefe del Enargas, a TGN: Me dijeron que ustedes ya están afuera. La propuesta apareció en marzo de 2009. Alejandro Ivanissevich, dueño de Emgasud, les envió cartas a Tecpetrol, Total y CGC, accionistas de Gasinvest, la controladora de TGN, con una oferta por US$ 15 millones. Techint se opuso y no hubo acuerdo. En Emgasud lo niegan: dicen que TGN los fue a buscar a ellos. "No podemos decir que la empresa no vale nada, pero la verdad es que vale poco", afirmó entonces Ivanissevich a Página 12. Había tentado a sus pares con el argumento de que tenía fondos gracias a la emisión de obligaciones negociables (ON), suscripta en 65% por la Anses (US$ 75 millones) y cuyo primer pago fue reprogramado 9 meses después por problemas de caja. Esta semana, Engasud envió un comunicado en el que consignaba haber abonado "puntual e íntegramente" otros US$ 35 millones en ON. Pagar se ha vuelto una noticia digna de ser contada. GasBAN anunció el martes a la Bolsa que cumpliría su próximo vencimiento con créditos del Banco Francés y del HSBC. Admitir que no hay fondos propios para evitar un default es preferible a cualquier embestida estatal.
Los gobiernos KK con afán empresarial:
TGN y Ausol corrieron la misma suerte que Metrogas; se sumaron estatizaciones y la anulación de concesiones. La intervención del Estado en empresas privadas no es un procedimiento nuevo para la administración actual: en los últimos años, el sector público se hizo presente bajo el título de interventor, veedor, coadministrador, socio o, en los casos más extremos, nuevo propietario. Ayer, el brazo del Estado llegó a Metrogas, que arrastra una deuda millonaria por el atraso tarifario y la suba de costos que niega el Gobierno, según los argumentos de la firma, que se declaró incapaz de cumplir con sus compromisos financieros. En cuestión de horas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya había anunciado la intervención. La receta ya se había aplicado en casos como el de Transportadora de Gas del Norte (TGN), del grupo Techint, que en 2008 declaró el primer default corporativo de la era kirchnerista. La empresa, que ya había reestructurado su deuda en 2006, se asumió insolvente ante un vencimiento de US$ 22,1 millones, y prometió renegociar su deuda de US$ 345 millones, hasta 2012. Al igual que Metrogas, TGN relacionó su deterioro financiero con "la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas", a lo que añadió una baja en los ingresos por transporte de exportación y un incremento general de costos. El Gobierno consideró que la cesación de pagos implicaba un "peligro para la prestación del servicio público", e intervino la empresa por 120 días para auditar la firma, pero después lo prorrogó. El interventor debía realizar una "coadministración societaria" y la "fiscalización y el control de todos los actos" que pudieran afectar el suministro. Tras idas y venidas en la Justicia, recientemente se informó que TGN seguirá intervenida, al menos, hasta los últimos días de julio.
Otro caso muy similar es el de Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria desde 1994 de la General Paz y el Acceso Norte. En noviembre, la firma se vio cercada por un vencimiento de US$ 9 millones, con una deuda total de $ 1162,7 millones. También en esa ocasión, la empresa responsabilizó al Gobierno por el rojo de sus cuentas, debido a la falta de actualización tarifaria. El Gobierno dispuso una intervención por 120 días con el mismo objetivo de "auditar". A comienzos de año, Ausol hizo una oferta a sus acreedores, cuyo plazo postergó dos veces.
La intervención del Gobierno de Cristina Kirchner, que expropió Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans y adquirió mayor presencia en el sector privado tras la disolución de las AFJP, tiene su antecedente más cercano en la gestión de su marido: en 2004, por caso, le quitó a Metropolitano la concesión del ex ferrocarril San Martín. Se dijo, entonces, que se llamaría a licitación. Algo que aún no sucedió. Néstor Kirchner se enfrentó en 2004 con el grupo Macri por el Correo Argentino como consecuencia de una millonaria deuda por el canon. Si bien se dijo que estaría en manos públicas por sólo seis meses, el Estado aún no lo ha soltado. En su último año de gestión, el ex presidente también tomó la decisión de rescindir el contrato a Aguas Argentinas, convertida hoy en la estatal AySA a través de un decreto.
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Crisis energética causa pérdidas millonarias.
Un problema que afecta a todos los sectores. Los cortes de gas ya impactan en la producción y el empleo. Hay empresas con pérdidas millonarias y otras que suspendieron turnos o adelantaron vacaciones. LN sábado 17 de julio de 2010.
La semana más fría del año dejó un cúmulo de heridos en la industria argentina. Entre otras consecuencias, las restricciones de gas a las empresas provocaron pérdidas millonarias en algunas compañías, turnos de producción cancelados, adelantamiento de vacaciones y paradas técnicas, sobrecostos por el uso de combustibles alternativos y pérdida de competitividad para varios sectores económicos. A este panorama habrá que sumarle los costos -todavía desconocidos- que tendrá para el Estado la carga de subsidios que insume el reemplazo del gas por combustibles líquidos en las usinas generadoras de electricidad y en las grandes empresas adheridas al programa Energía Total. Se estima que en 2007 el costo fiscal asociado a la crisis energética había ascendido a 12.000 millones de pesos. Se consultó al menos a una docena de industrias, pequeñas, medianas y grandes, además de dirigentes empresarios y economistas. Todos coincidieron en que la escasez de gas afectará la producción, pero destacaron que hoy el país -tanto el sector privado como el público- está un poco mejor preparado que en 2007 para enfrentar la crisis energética (en aquel año también hubo cortes de electricidad). En particular, las grandes empresas ya hicieron las inversiones necesarias para poder operar con combustibles alternativos, reforzaron sus stocks o programaron paradas técnicas para estas fechas. Hay, sin embargo, grandes industrias que no pueden reemplazar el gas ni detener su proceso productivo sin afrontar grandes pérdidas. Es el caso de las empresas instaladas en el polo petroquímico de Bahía Blanca, entre las que se destacan Dow, Mega, Profertil, Solvay Indupa y PBB. "Tuvimos que parar la planta el martes porque no tenemos volumen de gas suficiente para producir. Hacía dos años que no se realizaba una parada completa", contó un gerente de una de esas empresas. "Cada una de estas plantas produce más o menos un millón de dólares por día. Cada día parado es esa cifra". Siderúrgicas, aceiteras, cementeras, alimenticias, automotrices, metalúrgicas, textiles, casi ningún sector escapa al fantasma de las restricciones energéticas, tengan o no contratos de gas interrumpibles. Y quienes no lo sufren directamente están preocupados por el abastecimiento de sus proveedores, como contó un metalúrgico de La Matanza, que no sabe si seguirá contando con materiales como chapa y aluminio. O un ejecutivo de una fábrica de neumáticos, que reemplazó el gas por combustibles líquidos, pero al que su proveedor de telas para cubiertas ya le avisó que se está consumiendo su stock. El sector citrícola, segunda industria de la provincia de Tucumán, vive una situación particular, porque las restricciones de gas (lo usan para el secado de las cáscaras) llegan justo en el momento de la cosecha de limones, un producto que no pueden almacenar. Por eso, muchas empresas están regulando la cosecha. "En lugar de dos turnos, hacemos uno. Y el problema más grave es que la mayoría es personal temporario. Si no entran a trabajar, entonces no cobran", comentó un ingeniero del sector. También es una época clave para la zafra azucarera, que usa el gas para quemar la caña. Otra empresa tucumana del sector alimenticio reconoció que había dado una semana de vacaciones adelantada a parte de su personal.
Pérdidas millonarias: "Hay una enorme cantidad de empresas que ya desde el martes recibieron la instrucción de bajar a cero su consumo de gas. Primero había sido una reducción parcial, luego al mínimo técnico (lo necesario para mantener la planta en funcionamiento) y, por último, pidieron el corte total", contó el jefe del departamento de Infraestructura de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano. "Lo que se pierde de un día de producción no se recupera más. A nivel país, las pérdidas deben ser varias veces millonarias". Cristián Podestá, del Consejo de Análisis para la Competitividad Industrial (CACI), confirmó que en la provincia de Buenos Aires "hay varias plantas que estuvieron paradas" y contó el caso de una empresa textil que, desde mayo, sólo tuvo diez días en los que pudo funcionar al máximo de su capacidad instalada por la escasez de gas. Y también analizaba la posibilidad de adelantar vacaciones o, incluso, de suspender personal. El gerente de Recursos Humanos de una empresa líder alimenticia fue muy claro: "Si esto sigue 15 días más, la situación va a estar complicada. Tendremos que dar vacaciones y, cuando se acaben las vacaciones, tendremos que aplicar otras medidas". Las grandes industrias, en realidad, son las que aparecen como mejor preparadas para enfrentar la crisis. La cementera Loma Negra, por ejemplo, que tiene el gas totalmente cortado en sus plantas, sigue funcionando con coque de petróleo gracias a una inversión que hizo oportunamente y a que acopió combustible suficiente para tres meses. El fabricante de aluminio Aluar tiene un acuerdo con el Ministerio de Planificación para compensar el menor consumo de gas con energía eléctrica en las horas en que la demanda eléctrica del país no está en su pico. Acindar decidió hace ya algunos años hacer su parada técnica programada en julio; antes se hacía en verano, para que coincidiera con las vacaciones. "Las empresas, a sabiendas de esta situación, se han preparado para trabajar con combustibles alternativos como el gasoil o el fueloil, con el encarecimiento de los costos y la pérdida de productividad que esto genera", señaló Fernando Sibilla, director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba.
Problemas para las pymes: Por supuesto, tomar estas previsiones no es tan simple para las pymes. Willmore es una empresa que produce materia prima para fabricantes de alimentos balanceados. Para producir, necesitan 25.000 metros cúbicos diarios y hoy no están recibiendo nada. Para evitar esta situación, habían realizado inversiones para poder operar con gas licuado de petróleo (GLP) y firmado un contrato de provisión de este combustible. "Pero hemos consumido el contrato de GLP y ahora no nos queda más que usar fueloil, que es mucho más caro y no se consigue mucho", explicó el gerente de planta. Pero este proceso les impide operar con todos los equipos a la vez, con lo que se ven obligados a trabajar y a pagar horas extras, también sábados y domingos. Según Abel Viglione, economista de FIEL, los sectores más perjudicados "son los que tienen procesos de producción continuos, los petroquímicos, los de producción de termoplásticos y los siderúrgicos". Afirmó, además, que los cortes de gas se verán reflejados de alguna manera cuando se conozcan los índices de producción industrial de julio. Y destacó que según el Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), la producción de acero crudo en junio fue un 4,1% inferior a los valores de mayo. "Ahí seguro hay un problema de abastecimiento de gas", dijo Viglione.
SUSPENDEN ENVIOS DE GLP A PARAGUAY: ASUNCION (EFE).- Paraguay ha comenzado a racionar la venta de gas licuado de petróleo (GLP) debido al desabastecimiento causado por la crisis energética que atraviesa la Argentina, su principal proveedor. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa), Ausberto Ortellado, dijo ayer que están "limitando las ventas para alcanzar a la mayor cantidad de usuarios". El empresario destacó que el racionamiento les permitirá "llegar hasta fin de mes, cuando llegarán tres barcazas con 2400 toneladas" para dos empresas que comercializan GLP de uso doméstico, industrial y en automotores. Explicó que ese cargamento hace parte de una partida importada de EE.UU., que también irá a Uruguay, para tratar precisamente de atenuar la dependencia de la Argentina.
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Sustitutos de gas para la industria también escasean.
Crisis energética con posibles paradas de plantas. Hay problemas para conseguir GLP, a pesar de las fuertes inversiones que hicieron las empresas. LN sábado 24 de julio de 2010.
La escasez de garrafas ya tiene su contracara industrial. El gas licuado de petróleo (GLP), el mismo combustible que compran envasado los hogares que no tienen gas de red, comenzó a ser motivo de preocupación para varias empresas que lo necesitan para producir. En los últimos años, decenas de fábricas hicieron importantes inversiones para utilizar el GLP como combustible alternativo en invierno, cuando les cortan total o parcialmente el suministro de gas natural. Esa inversión les permitió seguir funcionando a pleno en las últimas semanas, cuando comenzaron las restricciones a los grandes consumidores. Sin embargo, la necesidad de destinar la mayor cantidad posible de GLP a las garrafas hizo que las productoras recortaran la oferta de ese combustible a granel, que es el que se usa para la industria. Pese a los intentos de desmentida del Gobierno, en casi todo el país se registraron dificultades para conseguir garrafas (y, si se conseguían, costaban mucho más que el precio oficial). Anteayer, una marcha de piqueteros llevó su reclamo al centro porteño. "Aunque lentamente, a medida que mejora la temperatura, se va restableciendo la presión a los caños de gas, hay empresas que todavía siguen complicadas porque, aunque hayan tomado precauciones, ahora falta el GLP", explicó el jefe del departamento de Infraestructura de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano. "Sabemos que hay empresas que, si no les llega el GLP y tampoco se restablece el gas, podrían tener un problema de producción". Calsiano destacó la "paradoja" que significa que este hecho afecte justamente a las empresas que en su momento tomaron precauciones y realizaron inversiones para no tener que parar durante el invierno. "Ford, por ejemplo, hace cuatro años, tomó precauciones e invirtió entre 1,5 y 2 millones de dólares [para operar con GLP] y ahora tiene dificultades para conseguir el suministro", dijo. La automotriz no respondió las consultas. Similar es el caso de una importante industria alimenticia de la provincia de Buenos Aires. En 2008 montaron las instalaciones necesarias para poder utilizar el GLP y, a comienzos del invierno, contrataron con YPF una cantidad de combustible que debía alcanzar para cubrir las posibles restricciones de gas. Pero el corte fue mayor a lo previsto. "Esta semana ya estamos terminando de consumir todo el cupo de GLP previsto para todo el invierno. Vamos a empezar a negociar un cupo mayor, pero sabemos que si hay, va a ser más caro", dijo un gerente de la firma. Si no consiguen GLP antes de que les restablezcan el servicio de gas, la planta que emplea a 600 personas deberá detener su producción.
Suba de precios: Aunque producir con GLP de por sí es más caro que con gas, la escasa oferta que hay hoy en el mercado lo tornó mucho más oneroso, hasta tal punto que algunos industriales hacen cuentas si no les conviene parar la planta antes que pagar los nuevos precios. Según explicaron en una automotriz de origen europeo, el GLP comprado antes de la crisis costaba 2200 pesos la tonelada, pero hoy en el mercado se vende a entre 5000 y 7000 pesos. En esa empresa, hace diez días que están funcionando con GLP. "Hoy es más difícil de conseguir y cada vez más caro", confirmó un gerente. El sitio especializado Tiempo Motor informó ayer que la escasez del combustible alternativo "obligaría a cortar las actividades en varias plantas" en un año en que la industria prevé producir 700.000 unidades, un récord histórico. Entre las automotrices que operan con GLP figuran -además de Ford- General Motors, Volkswagen y Mercedes-Benz. Hay empresas que hace ya más de una semana no consiguen GLP. Willmor, una productora de materia prima para fabricantes de alimentos balanceados, hizo inversiones para operar con GLP y firmó un contrato de provisión que ya consumió en su totalidad porque los cortes de gas fueron mayores a lo previsto. "Ahora no nos queda más que usar fueloil [menos eficiente que el GLP], que es mucho más caro y no se consigue mucho", explicó hace unos días Claudio Montaña, el gerente de planta. En la Argentina, hay unos cuatro millones de usuarios de gas en garrafas (propano y butano), contra 7,5 millones que reciben gas (metano) por red. Hace unos días, desde el Ministerio de Planificación ordenaron a las plantas separadoras de gas que volcaran todo el producto, incluidos el propano y el butano, a la red troncal de gas natural que va a los domicilios y a las industrias, lo que agravó la escasez de GLP. Ante la revelación del hecho el miércoles en este diario, se dio una parcial marcha atrás. Las principales productoras de GLP son YPF, Compañía Mega, Esso, Refinería del Norte, Total Austral, Shell, Transportadora de Gas del Sur, Pan American Energy y Petrobras.
Una línea para denunciar la falta de garrafas: El interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, informó que está vigente una línea telefónica de acceso gratuito para que en aquellos municipios en los que surjan inconvenientes con los precios de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilogramos se informe a la Secretaría de Comercio Interior. El número telefónico habilitado para denunciar la falta y requerir las garrafas al Estado nacional es la 0800-666-1518, según indicó Pronsato en su función de secretario ejecutivo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilidad de Precio de GLP. El objetivo es evitar "especulaciones" en el mercado minorista y respetar el precio de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos, informó el Enargas en un comunicado.
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Néstor Kirchner negoció la privatización de YPF.
Fue este jueves 02 de septiembre de 2010, en el Salón Sur de la Casa Rosada. Allí había dos víctimas de amnesia "lacunar": esa que borra la memoria de un evento determinado. Los pacientes eran el expresidente Néstor Kirchner y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Ambos han olvidado que de no haber sido por ellos dos Carlos Saúl Menem no habría podido privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Pero Néstor Kirchner dijo en el Salón Sur: "Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...). Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año". A su lado, Parrilli aplaudía. Ninguno de los dos recordaba, al parecer, su participación en eso que (ahora) el Presidente llama "genocidio". Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF pero no podía. No tenía en el Congreso los votos necesarios: aparte de la abierta negativa de la UCR, enfrentaba resistencias dentro del propio PJ. Kirchner ofreció la solución. El había asumido, el 21 de agosto, la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Si la privatización era reclamada de modo unánime por la Ofephi -argumentó Kirchner- se vencerían muchas resistencias. Pero la solución tenía un precio: la Nación debía pagar (acuerdos extrajudiciales mediante) sumas multimillonarias que las provincias de la Ofephi reclamaban por regalías supuestamente "mal liquidadas". Ya el 30 de agosto de 1991, Menem, junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano, había suscrito una curiosa "conciliación" con Santa Cruz. Por ella, la Nación "reconocía" una deuda de 480 millones de dólares con la provincia. Pero el "reconocimiento" quedaba impúdicamente sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF. Si no se aprobaba esa ley, el reconocimiento -decía con todas las letras una cláusula del acuerdo- "quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie". El martes 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la Ofephi se reunieron con Manzano, en el Ministerio del Interior, y resolvieron montar un lobby. Acto seguido, Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum. Al día siguiente, el diario Clarín publicó, con foto de Kirchner, la noticia: "Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación". Ese lobby no se limitaría a la exhortación pública. A los diputados les esperaban 48 horas de presiones y tentaciones. La tarea fue efectiva. Esa noche, Diputados aprobó el proyecto de ley. Parrilli (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante. Durante el debate, sostuvo: "No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]". Un año después, en un libro titulado Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993 , Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: "Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles".
Beneficios a Santa Cruz: La venta de YPF tuvo, también, ventajas para el gobernador Kirchner. Dos meses después de sancionada la ley, Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido firmaron el "acta acuerdo" por la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz. En definitiva, la provincia recibió, en 1993, US$ 654 millones. Con ellos, adquirió acciones. Las de YPF le permitieron hacer un gran negocio: las compró en US$ 290 millones y, seis años más tarde, las vendió por US$ 654 millones. Kirchner envió esos fondos a dar la vuelta al mundo. Nunca hubo una restitución plena ni una adecuada rendición de cuentas. Sin embargo, la Justicia se ha desentendido del tema. Guillermo Montenegro, juez federal designado por Kirchner, se declaró incompetente y remitió la causa a la provincia. El 1° de junio de 2005, Santiago María Lozada, juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, mandó las actuaciones al archivo. Los fondos de Santa Cruz han sido motivo de acusaciones y debates. Pocos conocen, sin embargo, la conexión entre esos fondos y el decisivo apoyo que Kirchner brindó a la privatización de YPF.
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