CONFLICTO:

Kirchner Vs Montoneros.


Los Kirchner, en conflicto con Montoneros.
Fuente: “El Condor Nacional”.
Director y Autor: Carlos Belloc

Envío del Director y Autor.


Los montoneros están furiosos porque el revival judicial de Papel Prensa
los puede llevar al banquillo. Y en el caso Apablaza, si ceden ante Piñera,
se debilitaría el voto kirchnerista de izquierda.


Hace tres días y en plena convalecencia, Néstor Kirchner se habría dado el lujo de estallar en una crisis de nervios vinculada a la tensión con el gobierno de Chile por el pedido de éste para que CFK conceda la extradición del terrorista chileno Sergio Apablaza Guerra.

Éste fue sometido en la Argentina a un extenso juicio de extradición por varios actos terroristas, entre ellos el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán Errazuriz, cometido en 1991, y nuestra Corte Suprema se pronunció a favor de su extradición. Pero la pareja del terrorista, Paula Chain, es colaboradora de la presidente y el gobierno nacional resiste hasta ahora los pedidos del congreso y del presidente chileno Sebastián Piñera. La irritación de Kirchner se produjo al leer un informe enviado por el embajador argentino en Santiago de Chile, Ginés González García, que recomendaba priorizar la relación bilateral y entregar al terrorista. Kirchner se definió claramente a favor de otorgarle la condición de refugiado a través de un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Refugiados, que depende del Ministerio del Interior, y habría considerado entonces una especie de traición el informe de Ginés González. Y hasta habría recordado, como elemento de sospecha, que aquél fue Ministro de Salud y estrecho colaborador de Eduardo Duhalde. ¿Por qué Kirchner prefiere lesionar la relación con Chile antes que aceptar la extradición de este ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuya situación ya fue examinada por la justicia argentina? La razón sería fundamentalmente electoral. Con la publicidad que adquirió en estos días el caso -antes prácticamente desconocido- la extradición provocaría el rechazo masivo de la izquierda y debilitaría electoralmente al gobierno en su clientela vinculada a las organizaciones de derechos humanos.

Concretamente, el gobierno teme que si la izquierda lo ve “claudicante” ante las presiones de un gobierno de derecha, como es el chileno, el costo político sea alto y terminen beneficiándose de ello Pino Solanas, Patricia Walsh, Vilma Ripoll, etc. Además, los Kirchner no tolerarían las calles llenas de manifestantes de izquierda acusándolos de traidores.



Montoneros irritados.


El otro frente conflictivo del gobierno con la izquierda se centra nada menos que en la sigla más explotada políticamente por el kirchnerismo: Montoneros. En el reciente cónclave para refundar la organización, que reunió en Córdoba a Guillermo Martínez Agüero y Roberto Cirilo Perdía, entre otros, a puertas cerradas se habría criticado muy severamente a los Kirchner. El problema es la inminente presentación judicial del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, denunciando a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y otros por supuestos delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en relación a la venta de las acciones de Papel Prensa de Lidia Papaleo de Graiver a Clarín y La Nación.


Los montoneros están tan interesados como Magnetto en que esta causa no prospere. Es que el revisionismo judicial del caso Papel Prensa conduciría inevitablemente a que salgan a luz nuevamente los secuestros extorsivos y los asesinatos cometidos por esa organización con el objetivo de obtener fondos. Semejante revival es lo que menos quieren Firmenich, Perdía y otros protagonistas de los años de plomo. A instancias de los hijos de José Rucci, el Juez Federal Ariel Lijo ordenó el año pasado el desarchivo del expediente y la reapertura de la investigación del asesinato de aquél, cuyo aniversario 36 se cumplirá el próximo jueves. La justicia también está investigando la posibilidad de declarar la imprescriptibilidad del secuestro, torturas y asesinato del Coronel Argentino del Valle Larrabure, crímenes cometidos por el ERP en 1974.


Así las cosas, el gobierno está a punto de poner en marcha en el Juzgado Federal Número Tres de La Plata -a cargo de Arnaldo Corazza- un debate judicial que está destinado a golpear a Clarín pero que, como boomerang, es probable que se vuelva contra unos cuantos jefes montoneros. La imprescriptibilidad de los supuestos delitos cometidos contra los Graiver, debería ser aplicada también a los crímenes de los socios montoneros del banquero. Los ex guerrilleros corren ahora el riesgo de sufrir nuevas denuncias o de que se desarchiven viejos expedientes y aparezcan pruebas y testimonios desconocidos, así como víctimas o familiares de víctimas que se presenten en tribunales. Mal podría la justicia evitar que, en una investigación sobre la venta de Papel Prensa, se incorporen al expediente una vorágine de hechos conexos y que los propios militares que serán acusados usarían para defenderse. Sólo la investigación del origen de los fondos con los cuales se formó Papel Prensa colocaría a los ex guerrilleros en una situación desagradable.


Si hay algo que los veteranos montoneros no quieren es que les recuerden su peor perfil: el de los crímenes cometidos con fines económicos y la danza de las valijas con dólares que iban y venían de la suite de Firmenich en Par{is. El tono crítico hacia el gobierno que tuvo el documento oficial de Montoneros difundido el 7 de este mes sería una forma de mandarle un mensaje de advertencia a la Casa Rosada.


En su alocada guerra contra Clarín, los Kirchner no vacilan ahora en colocar en un serio riesgo judicial a la cúpula de la organización que se identifica mediáticamente con su gestión. Paradójicamente, los jefes montoneros extrañarían ahora los tiempos tranquilos de Carlos Menem, con sus indultos y la política de pacificación nacional. Su gran reivindicador, Kirchner, está cerca de ponerlos nuevamente a tiro de la justicia, abriendo la caja de Pandora de su macabra zaga. Tal vez ésta sea la demostración más acabada de una situación compleja. El matrimonio presidencial elaboró su marketing electoral con las banderas setentistas, pero esta manipulación permanente del pasado los lleva ahora a colocar en la cornisa no sólo a sus enemigos sino a sus propios héroes revolucionarios. En su desenfrenada carrera por conservar el poder, los Kirchner no reparan en gastos.



Se precipitan conflictos institucionales y políticos.


El país asiste a una serie de conflictos institucionales y políticos cuya magnitud afecta el normal funcionamiento de la división de poderes, así como también el orden público, indispensable para transitar el año electoral que se aproxima con un mínimo de previsibilidad.


Sin lugar a dudas, el que reviste mayor gravedad es el desacato del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a nada menos que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Peralta desoye la orden judicial de reponer al ex procurador provincial, Eduardo Sosa, cesanteado durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador, hace quince años. No conforme con ello, Peralta acusa a la Corte de “intencionalidad política”, uno de los peores insultos que puede recibir el alto tribunal, cuyos integrantes reciben el respeto de todos los abogados y políticos de los más variados pensamientos.


En octubre del año pasado la Corte ordenó a Peralta que restituyera a Sosa porque su desplazamiento había sido inconstitucional. Pero Peralta desobedeció la orden y la Corte ahora lo denunció penalmente y pidió al Congreso de la Nación que la ayudara a cumplir el fallo.


El fallo de la Corte es el sexto consecutivo en el mismo sentido y en sus distintas composiciones, desde Carlos Menem a la fecha, siempre dispuso igual resolución.


El desconocer un fallo de la Corte es de una gravedad institucional fenomenal. La Corte es el intérprete final de la Constitución y de las leyes. La interpretación que haga de las mismas no puede ser desconocida por un gobernador, ni siquiera por el presidente de la República, por lo tanto se debe cumplir sin objeciones de ningún tipo.


Peralta gobierna una provincia donde el sistema republicano no funciona y pretende que a nivel nacional ocurra lo mismo. Está claro que en la medida que no se respeten las jurisdicciones de los poderes y no se respeta la función que cada poder tiene dentro del Estado, el sistema republicano no funciona.


El dislate institucional se agranda cuando salen a respaldar al gobernador santacruceño prominentes voceros del oficialismo, que ocupan cargos relevantes tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, puesto que potencian la crisis institucional peligrosamente.


Lamentablemente no es la primera vez que no se acata una orden de la Corte, lo cual habla a las claras de la falta de respeto al máximo órgano judicial del país. El actual gobierno se niega a cumplir con lo resuelto en el caso Badaro en cuanto a la actualización de las jubilaciones obligando a 400.000 jubilados a iniciar juicio a la Anses. También se niega a descontaminar el Riachuelo.


Ofende la inteligencia de las personas en general y de los juristas integrantes de la Corte en particular expresar que “nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento”, como lo ha hecho el jefe de Gabinete. ¿Cómo creer que los destacados miembros de la Corte van a dictar un fallo de imposible cumplimiento? ¿Los estamos calificando acaso de ignorantes?


Vivir en un Estado de Derecho obliga a todos los ciudadanos a respetar la ley y es una responsabilidad ineludible de los funcionarios cualquiera sea su rango ser los primeros en acatar los fallos judiciales, máxime cuando provienen de la Corte. No hacerlo es conducir a la democracia hacia la dictadura.



Conflicto político.

Avanza también un conflicto político en la provincia de Buenos Aires que crece con insospechadas consecuencias electorales y peligrosa alteración de la paz social en un conglomerado urbano por demás comprometido económica y socialmente.


El reto y la descalificación pública de Néstor Kirchner hacia el gobernador Daniel Scioli sobre el tema de la inseguridad intranquilizaron a las huestes políticas en general y a los intendentes en particular.
Anteriormente, Kirchner respaldó a Hugo Moyano para impulsar su candidatura a gobernador al asumir la presidencia del PJ. También impulsó a los ministros Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Amado Boudou, como precandidatos a gobernador.


La pregunta entonces cae de maduro ¿Si así se actúa con un aliado incondicional como Scioli qué le puede suceder al resto?


No extrañó entonces la reacción de ocho importantes intendentes que pueden lograr la derrota del kichnerismo en la provincia más importante electoralmente del país. En efecto Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Sandro Guzmán (Escobar), Joaquín De La Torre (San Miguel), José Eseverri (Olavarría), Luis Acuña (Hurlingham), Gilberto Alegre (General Villegas), Sergio Massa (Tigre) y Pablo Bruera (La Plata), se han revelado contra el apoyo a Hugo Moyano y están dispuestos a romper lanzas.


Conflictos sociales.

También se precipitan los conflictos sociales ya sean estos por reivindicaciones salariales o educativas. La Capital Federal y sus alrededores soportaron en un solo día más de cien cortes o bloqueos por alguno de estos motivos, convirtiendo el desplazamiento callejero en prácticamente imposible.


Con treinta escuelas tomadas por el mal estado de sus instalaciones y con cinco universidades nacionales en igual estado por reclamos de todo tipo, la educación se encuentra amenazada. El conflicto excede lo educativo e ingresa en lo ideológico y partidario con consignas muchas veces desmedidas o fuera de lugar. Se ha encendido allí una luz roja que amenaza extenderse a todo el país.


La ruta Panamericana entre Rosario y la Capital Federal se encuentra bloqueada desde hace quince días por un conflicto gremial en la empresa Paraná Metal, trastornando el tránsito vehicular de la principal ruta del país.


Hugo Moyano insiste en bloquear fábricas si no se cumplen sus deseos de que todo lo que se mueve termine afilado al sindicato de los camioneros.


Muchos de estos conflictos institucionales, políticos y sociales los está generando el propio gobierno o por lo menos tiene a su alcance la influencia suficiente como para moderarlos o frenarlos.


De no actuar en consecuencia el país entrará en un terreno de confrontación sumamente preocupante, cuando se encuentra a pocos meses de un año electoral. La precipitación de los acontecimientos no es aconsejable para el mantenimiento de la paz social.




Editorial.
La Corte rebelde.


Mal que le pese al marido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra cuando de la interpretación de la ley se trata. Puede que a veces sus fallos merezcan calificarse de "burradas" –para emplear el término usado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para manifestar su indignación ante la voluntad de ciertos opositores de intervenir Santa Cruz con base en la decisión del máximo tribunal de exigir nuevamente que el gobierno provincial reponga en sus funciones al ex procurador general Eduardo Sosa–, pero así y todo es necesario acatarlos. De persistir en su actitud el gobernador santacruceño Daniel Peralta y, desde luego, el responsable principal de la situación realmente escandalosa que se ha creado, el ex gobernador y ex presidente Néstor Kirchner, la Argentina habrá dejado de ser una república constitucional, convirtiéndose en una autocracia sometida a la voluntad de un caudillo político. En efecto, parecería que Kirchner se cree por encima de la Corte Suprema, y por lo tanto de la ley, razón por la que sigue negándose a permitir que Sosa sea restituido en el cargo del que fue echado quince años atrás. En siete ocasiones a partir de entonces la Corte Suprema falló a favor de Sosa, sin que el gobierno santacruceño le haya prestado atención alguna.


Según Aníbal Fernández, no es posible cumplir con la orden de la Corte porque en Santa Cruz la procuraduría ya no existe –fue abolida por el entonces gobernador Kirchner porque Sosa investigaba el pago extrajudicial de los honorarios en el juicio por regalías petroleras, o sea por los célebres "fondos de Santa Cruz"–, pero sucede que la función que desempeñó no se ha visto eliminada. También ha intentado Fernández tratar el asunto como un ataque alevoso contra la autonomía provincial, un "golpe de Estado", como si a su entender Santa Cruz fuera un país soberano que no forma parte de la República Argentina.

¿Pensaría Fernández de igual modo si Santa Cruz estuviera en manos de la oposición? Es legítimo dudarlo. De todos modos, si bien es verdad que, como reza el artículo 123 de la Constitución nacional, "cada provincia dicta su propia Constitución", también lo es que tiene que hacerlo respetando los principios, declaraciones y garantías que rigen en el país en su conjunto, incluyendo, huelga decirlo, los ratificados por la Corte Suprema.


Como no pudo ser de otra manera, el embrollo provocado por la negativa de Kirchner a permitir la restitución de Sosa ha servido para intensificar el conflicto entre el oficialismo actual y el Poder Judicial que fue desatado por la resistencia de algunos magistrados a cohonestar ciertas medidas impulsadas por el matrimonio gobernante. Parecería que, en opinión del ex presidente, lo que en una oportunidad llamó "el Partido Judicial" milita en un frente opositor al lado del campo oligárquico y golpista, las Fuerzas Armadas, buena parte del empresariado, los economistas neoliberales y, por supuesto, diversos partidos políticos de la derecha, el centro y la izquierda. Que la Corte Suprema se haya visto incorporada al "rejunte" así supuesto es en cierto modo sorprendente, puesto que a inicios de su gestión el entonces presidente Kirchner fue aplaudido por haber promovido el desmantelamiento de la "Corte menemista" y su reemplazo por otra de calidad claramente superior, pero es de suponer que ya lamenta haberla reformado de modo tan drástico. Aunque en los años últimos la Corte Suprema ha actuado con mucha cautela por no querer sus integrantes enfrentarse sistemáticamente con el Poder Ejecutivo, a diferencia de otras que hemos tenido ha resultado ser más interesada en aferrarse a los principios básicos del derecho que en complacer al gobierno de turno, lo que es sin duda muy positivo. Sea como fuere, el que los Kirchner y sus colaboradores más destacados hayan ubicado a la Corte Suprema en el campo enemigo puede atribuirse a la inquietud que sienten ante la proliferación de causas relacionadas con distintos miembros del equipo gobernante. Como muchos otros presidentes anteriores, los Kirchner habrán esperado contar con una cantidad suficiente de amigos en el Poder Judicial como para ahorrarles problemas cuando ya haya terminado su "ciclo", pero tienen motivos de sobra para temer que éste diste ser el caso.
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