TÍTULOS:
1-LA TRAMPA DEL DESENDEUDAMIENTO PÚBLICO.
Fuente y envío: Red Patriótica Argentina.
Por Héctor GIULIANO (26.9.10).
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2-LOCOS POR LA SEGURIDAD
Fuente: Pagina 12 – 26 de setiembre de 2010
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3-DIVIDIDOS POR LOS 70.
Por: Laura Di Marco.
Fuente: La Nación-- -Enfoques-
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4-LA IMPOSIBILIDAD DE PENSAR EN LIBERTAD:
Por: Carolina Arenes.
Fuente: LA NACION.
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5-LA PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS PRODUCE ODIOS Y RESENTIMIENTOS.
Fuente y envío: M.U.N.I.
Por: Carlos A. Díaz Busti.
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6-LOS CAMIONES DE MOYANO.
Por: Maurizio Castiglione.
Envío de: Vicente González
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CONTENIDOS DE LOS TÍTULOS:
1-LA TRAMPA DEL DESENDEUDAMIENTO PÚBLICO.
Fuente y envío: Red Patriótica Argentina.
Por Héctor GIULIANO (26.9.10).
En la fecha Página 12 edita un artículo de Alfredo Zaiat donde – en línea con una posición de defensa a la gestión del Gobierno Kirchner en materia de Deuda Pública - se plantean argumentos incompletos y engañosos acerca del estado actual del endeudamiento argentino. El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios de importancia que fundamentan esta aseveración personal.
Desde el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 la política de la actual Administración ha sido diferir Deuda Pública, capitalizar Intereses, emitir Deuda ajustada por Inflación, reconocer adicionales por Cupones ligados al PBI, negociar un arreglo de la Deuda Externa del Proceso Militar con el Club de París, pagar Deuda a Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, Banco Mundial, BID) y también a Acreedores Privados con Reservas del BCRA (que fueron compradas con Deuda de Letras y Notas). Y todo ello con la finalidad expresa y declarada de volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar nuevas Deudas.
LOS NÚMEROS DE LA DEUDA.
Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, la Deuda Pública al 30.6.10 es de 156.700 Millones de Dólares (MD), a los que hay que agregarle 16.500 MD más por la Deuda no presentada al Canje del 2005: en total, 173.200 MD. Más del 60 % de esta deuda está contraída en Moneda Extranjera.
Nuestro país no tiene demostrada la capacidad de repago para responder a este stock de Deuda y, tal como se viene haciendo desde hace 30 años y a través de sucesivos gobiernos – desde el Proceso hasta la fecha – su porvenir es sólo acotar el importe de pago de los Servicios de Intereses y refinanciar o reestructurar permanentemente sus vencimientos de Capital.
Cabe aclarar que este monto de 173 mil MD es la Deuda en cabeza del Estado Central. No están incluidas aquí: a) la Deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA), a través de LEBAC y NOBAC, que suman el equivalente de 21.000 MD, b) la Deuda Consolidada de las Provincias (que, lo mismo que la Nación , no incluye el cómputo de la Deuda Flotante ) y que totaliza unos 27.000 MD (105.000 Millones de Pesos-M$), si bien las 2/3 partes están contraídas con el Estado Central, c) las Deudas de los Municipios, sobre las que no hay datos, d) las Deudas de Organismos Nacionales, Empresas del Estado y Fondos Fiduciarios, sobre las que tampoco hay datos, ni e) la Deuda Contingente por Juicios contra el Estado, que normalmente no se considera a los efectos del cálculo de Pasivos Públicos.
Además, debe tenerse presente que existe Deuda no Registrada por el Gobierno, que está dada fundamentalmente por el monto de los Intereses a Capitalizar, los ajustes de la Deuda en Pesos indexada por CER, el pago de los Cupones ligados al Producto Bruto (ULPBI) y el valor de mercado de dichos cupones, para el caso de rescate.
Todo esto significa que la Deuda Pública Nacional sobrepasa los 200.000 MD y que las cifras finales no están claras ni completas a través de las informaciones oficiales.
Según datos tomados del Proyecto de Ley (PL) 2011, el PBI Argentino sería hoy de unos 330.000 MD, por lo que una Deuda del Gobierno Central del orden de los 173.000 MD equivaldría al 52 % del Producto.
Este Índice Deuda/PBI – comúnmente usado como ratio de medición de la Deuda Pública – no tendría, por otra parte, una significación muy concreta en términos de capacidad directa de repago del país porque toma en cuenta dos cifras de naturaleza diferente: un total de Deuda Financiera contra el valor de la Producción Nacional de un año.
Pero dejando de lado cuestiones de metodología – que son opinables - y volviendo al contenido del artículo de referencia, nos encontramos con un razonamiento no completo en lo tocante las cifras del Proyecto de Presupuesto 2011 y en lo inherente al cambio en la estructura del endeudamiento que se está produciendo en la Argentina.
DEUDA Y PRESUPUESTO 2011.
El pago anual de Intereses de la Deuda en 2011 sería de unos 9.000 MD (36.400 M$), contra 7.200 en 2010 (28.400 M$): un aumento del 28.5 % (que se supone en gran medida influido por la normalización de deudas en default y retoma de los pagos de cupones ligados al PBI).
El Proyecto de Presupuesto 2011 prevé Amortizaciones de Deuda Pública por el equivalente a 27.400 MD y la toma de Nueva Deuda por 36.800, esto es, que el aumento de la Deuda está previsto en 9.400 MD.
Además, la iniciativa oficial prevé el pago de 7.500 MD con Reservas del BCRA (Artículo 65), contempla el pago de 2.200 MD por cupones del PBI a fin del año y autoriza endeudamiento adicional del Ministerio de Planificación por 7.600 MD para “Inversiones Prioritarias” (Artículo 50).
Por ende, el stock de Deuda previsto para el año que viene se incrementa sustancialmente en relación al año actual, aún con el uso de los activos financieros del BCRA para los pagos parciales de Capital, porque lo concreto es que la Deuda va a seguir aumentando.
El Gobierno Kirchner, como es de público y notorio conocimiento, está utilizando Activos Financieros del Estado para pagar Deuda Pública. Se trata, en su mayoría, de préstamos forzosos obtenidos de la ANSES y del BCRA; de modo que la Deuda Intra-Sector Público ha venido creciendo en forma extraordinaria. Según el Ministerio de Economía sería el 54 % de la Deuda Total.
Pero la proporción de Deuda de los Entes Oficiales que más prestan al Tesoro es muy alta: el 62 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional (ANSES) está colocado en Títulos Públicos (unos 23.000 MD) y las magnitudes de Préstamos por parte del BCRA – Adelantos Transitorios al Tesoro por más de 10.000 MD y Cartera de Bonos en poder del Banco por otros 20.000 MD (sin contar la transferencia de Utilidades) – es igualmente récord.
Ahora bien, qué significa esta Deuda Intra-Estado?
Dicho con otras palabras: el Gobierno está pagando grandes sumas de dinero para cumplir rigurosamente con los Acreedores Privados a costa de endeudarse con el propio Estado, una suerte de “empapelamiento” Intra-Estado apelando a sus Activos Financieros.
Porque así como en la Década del ´90 la Administración Menem – siguiendo la fórmula de Pago de Deuda con Activos dictada por los Acreedores - pagó parte de la Deuda Externa con Empresas del Estado, que eran Activos Físicos, hoy la Administración Kirchner está apelando a la misma fórmula de Pago, con la diferencia que usa Reservas Internacionales del BCRA, que son Activos Financieros. Pero el efecto de descapitalización o debilitamiento de los Activos es el mismo y el costo alternativo sobre las Finanzas del Estado por el uso de estos fondos también.
Con el agravante que las Reservas del BCRA que se usan para pagar Deuda con los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, Banco Mundial, BID y CAF, e incluso Club de Paris) y con Acreedores Privados han sido compradas con Deuda del Banco Central (por la vía indirecta de LEBAC y NOBAC).
Cuando la Presidente y el Ministro de Economía dicen que es negocio seguir pagando deudas con Reservas – que hoy sólo estarían rindiendo el 0.5 % - en lugar de refinanciarlas con nuevas deudas tomadas a más de un dígito de Interés (y hasta una supuesta oferta al 8.75 %) omiten decir que las reservas del BCRA con que se paga a los Acreedores están tomadas con deudas contraídas por el Banco a una tasa promedio del 14 % anual en pesos que hoy, con el “dólar quieto”, equivale a un 14 % en dólares.
Entonces, nos encontramos con la realidad que el Gobierno Kirchner está abonando a los Acreedores Privados con la contracción continua de más Deuda Pública Intra-Estado, lo que acentúa el proceso de empapelamiento propio sin capacidad de repago y la descapitalización o riesgo de baja calidad de los activos del Banco Central, de la ANSES , del Banco Nación y de todos los Entes de la Administración Nacional que le siguen prestando al Tesoro.
UNA SITUACIÓN TRANSITORIA.
Pero en todo este proceso de pseudo-desendeudamiento en curso hay elementos tanto o más graves todavía ya que esta operatoria sistemática de pagos en curso – que es presentada como favorable, manejable y rentable – tiene por finalidad, expresa y declarada, “acceder al Mercado Internacional de Capitales” lo que, en buen romance, significa volver a endeudarnos.
Porque el objetivo de la actual política de cancelaciones a ultranza con nuevas deudas (hoy por hoy principalmente Deudas Intra-Estado) y con Activos Financieros del Estado (Reservas del BCRA) deviene así tan sólo un “Préstamo-Puente” que el Gobierno se da a sí mismo para aguantar un período de transición con la finalidad de volver a tomar más deudas que lo seguirán manteniendo en el Sistema de Deuda Perpetua que rige en nuestro país desde hace 30 años.
O sea, que esto no se hace para salir de la Trampa de la Deuda sino, por el contrario, para permanecer dentro de ella.
Y con el peligro que más de la mitad de la Deuda está hoy nuevamente contraída a Tasas de Interés variable.
Por eso, la idea de “transformación” de la estructura de Acreedores de la Deuda Pública con una menor proporción de Acreedores Privados es engañosa, porque sólo refleja una situación transitoria, ya que es producto del privilegio de pago a ciertos acreedores (que la Opinión Pública desconoce dado que las Operaciones de Crédito Público son secretas) y porque – conforme se sospecha y se está incluso denunciando – las autoridades pudieran estar favoreciendo a ciertos tenedores de bonos rescatando títulos a mayor precio que el de cotización en el Mercado.
De allí la importancia que el Congreso audite las Operaciones de Crédito Público, no sólo para saber si el Gobierno cumplió con el requisito fijado de un Canje 2 en condiciones no mejores que las del Megacanje 2005, sino además para poder conocer a qué Acreedores y en qué condiciones se les está comprando o pagando a costa de seguir endeudando al Estado consigo mismo.
EL ALLANAMIENTO A LOS ACREEDORES.
Todo este proceso en curso, finalmente, no puede entenderse si no se percibe un replanteo de fondo del Gobierno en aras de reemplazar la estructura de Deuda hoy existente por una nueva estructura tendiente a efectivizar una suerte de “borrón y cuenta nueva” en las Deudas del Estado.
Este mecanismo está llevando a una nueva etapa de sustitución o reemplazo de Deudas Viejas por Deudas Nuevas que, aparte de continuar el circuito permanente de re-endeudamiento, favorecen el anonimato del negociado continuo del Sistema de la Deuda.
Con el agravante que la Presidenta , en su Discurso del 4.3.10, no sólo sostiene la legitimidad incuestionable de toda la Deuda Pública – en línea con los intereses de los Acreedores – sino que con ello está soslayando además el valor de todas las investigaciones en curso sobre las gravísimas irregularidades de la Deuda contenidas en las Causas Olmos I – que está todavía pendiente de tratamiento por parte del Congreso – Olmos II s/endeudamiento bajo los gobiernos democráticos sucesores del Proceso Militar, Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001 (que se encuentra en Segunda Instancia) y Denuncia Olmos Gaona-Marcos, que pide investigar la responsabilidad de todos y cada uno de los gobiernos que contrajeron y siguen contrayendo Deuda Pública, incluyendo el actual.
Los razonamientos convalidantes del discurso oficial y de la gestión de re-endeudamiento de la presente Administración Kirchner ocultan esta suerte de “Lavado de Deuda” que hoy se está produciendo en la Argentina y esconderían así el nudo de la Cuestión del Sistema de Deuda Perpetua bajo la tradicional complicidad de los Gobiernos de Turno con los Acreedores del Estado.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 26.9.2010
Publicado por Red Patriotica Argentina
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2-LOCOS POR LA SEGURIDAD
Fuente: Pagina 12 – 26 de setiembre de 2010
La aproximación del proceso electoral ha desatado una histeria punitiva, con planes aberrantes y disparatados, como el de Servicio Cívico en unidades militares y el de emergencia de seguridad. Aunque se trata de educación, el dictamen se firmó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, lo cual revela la agenda oculta. El Ejército se opone y el Ministerio de Defensa ni siquiera fue consultado.
Por Horacio Verbitsky
El Ejército rechazó los proyectos de utilizar sus instalaciones y personal para un Servicio Cívico Voluntario destinado a jóvenes en situación de riesgo, por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente. Las iniciativas de los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero (UCRMendoza), Adolfo Rodríguez Saá (peornismo opositor, San Luis) y José Pampuro (FpV, Buenos Aires), ya tienen dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y quedaron en condiciones de ingresar al recinto el próximo miércoles. El ministerio de Defensa ni siquiera fue consultado por la comisión y, de acuerdo con la opinión del Ejército, rechazó el dictamen, que enumera como objetivos del SCV “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” (que no describe en qué consiste), alentarlos a que terminen el ciclo educativo básico, capacitarlos en oficios, promover talleres culturales, artísticos y recreativos y fomentar “la cohesión social”. Su tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, sin intervención de las de Defensa y Educación, revela una agenda oculta detrás de las bellas palabras.
Las atribuciones de esa comisión, que preside la senadora Sonia Escudero (peornismo opositor, Salta) son dictaminar sobre todo lo que concierna al Poder Judicial, los códigos en lo penal, el régimen carcelario y “toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del derecho”, incluyendo la penal juvenil. Es decir que, ni en forma tangencial, le corresponde opinar sobre cuestiones de Defensa y/o Educación.
Estos proyectos forman parte de la histeria punitiva desatada al aproximarse las elecciones presidenciales y que también incluye la declaración de emergencia de seguridad propiciada por la senadora Hilda González de Duhalde (peornismo opositor, Buenos Aires), por la cual las Fuerzas Armadas volverían a intervenir en asuntos de seguridad interior; los planes inmobiliarios del gobierno bonaerense, que prevé la construcción de una veintena de cárceles y alcaidías con fondos del BID, y la proliferación de programas de “policía infantil” en la mitad de las provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego, en algunos casos con protección episcopal). Sólo en Misiones existen 27 de esos cuerpos. Tienen incluso una página en internet, www.policiainfantil.com.ar, creada por el comisario mayor retirado Ricardo Esteban Zarza, quien propone que los chicos de 6 a 14 años abracen “una vocación de servicio y solidaridad para proyectarse como buenos ciudadanos”. El 23 y 24 de octubre realizarán un encuentro en la localidad de Candelaria, organizada por la Policía Infantil Aeronáutica de Posadas, con el lema Mita Jory, que en guaraní significa “niños alegres”.
El no del Ejército .
Como ya es costumbre en los proyectos de la oposición, no se contemplan las asignaciones presupuestarias que insumiría el extravagante servicio cívico en unidades militares. Menos brutal, o más disimulado que los proyectos de sus colegas, el de Sanz menciona como lugar de la capacitación “las dependencias disponibles del Estado Nacional, incluidas las correspondientes a las Fuerzas Armadas”, matiz que se perdió en el dictamen. Al conocerse los proyectos, la ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó la opinión del Ejército. Su Jefe de Estado Mayor, general Luis Alberto Pozzi remitió la cuestión al Departamento de Política Institucional de la Secretaría General del Ejército.
El documento que recibió en respuesta dice que “no es posible identificar la conveniencia y oportunidad de llevar adelante la aplicación del Servicio Cívico Voluntario en dependencias de las Fuerzas Armadas y por personal de dichas fuerzas, teniendo en cuenta que ello implicaría la desnaturalización del instrumento militar, principalmente por las consecuencias sobre la organización, la utilización de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de las Fuerzas Armadas y en especial a la luz de las tareas y responsabilidades propias y naturales del ámbito militar, que no incluye la enseñanza formal de adolescentes y jóvenes ni la capacitación en oficios”.
También analiza un antecedente previo: el convenio firmado en 2005 por Pampuro, cuando era ministro de Defensa, con quienes ocupaban la jefatura del Ejército, Roberto Bendini, y la gobernación de Mendoza, Julio Cobos. Ese año ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 fueron 187 y 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. Este rendimiento declinante se debió “a la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”.
A despecho de esta realidad documentada por el Ejército, tanto Montero como Sanz mencionan la experiencia mendocina como exitosa. En consecuencia, Pozzi desaconsejó la participación del Ejército, alegando que no está capacitado ni tiene los recursos para hacerse cargo de una tarea ajena a su función como instrumento de la Defensa Nacional y contradictorio con su rol constitucional y con la legislación vigente. Las actividades de apoyo a la comunidad, asistencia y ayuda humanitaria “son subsidiarias y relacionadas con la protección civil y no contemplan la posibilidad de otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo, por no tener capacidad, ni aptitud, ni un marco legal que lo permita”, escribió.
Según Pozzi los recursos, instalaciones y medios del Ejército fueron diseñados y organizados para la Defensa Nacional y no son aptos para colaborar con el sistema educativo. El personal idóneo para el dictado de los cursos que prevé el dictamen no alcanza ni siquiera para las necesidades del servicio. Tampoco hay instalaciones disponibles para el alojamiento ni capacidad de vestir y alimentar más personas que aquellas que cumplen con su Servicio Militar Voluntario. El Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, al que según el dictamen senatorial deberían someterse los niños y jóvenes que participen del SCV, excluye a “todo personal que no tenga estado militar”.
Por lo tanto, sigue Pozzi, “la afectación del Ejército en el Servicio Cívico Voluntario podría condicionar el ejercicio de su rol”. Lo que sí podría hacer el Ejército para contribuir a la contención social es incorporar mayor cantidad de soldados voluntarios, dice. Pero el proyecto de los senadores se refiere a jóvenes de 14 a 24 años, y los soldados se reclutan entre los de 18 y 28.
Luego de recibir este asesoramiento, Garré hizo público su rechazo al dictamen porque alejaría a las Fuerzas Armadas de su misión específica, “que es prepararse para la guerra y asistir a la comunidad en caso de catástrofes y emergencias”. Agregó que la finalización de los estudios secundarios y la capacitación en algún oficio para la reincorporación en el mercado laboral es uno de los objetivos del Servicio Militar Voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea , cuyos reclutas tienen un sueldo de 3500 pesos, mientras el dictamen de opositores y confundidos contempla un ingreso equivalente a tres asignaciones familiares por hijo, lo cual en este momento ronda los 700 pesos.
Mayores tasas de delito.
Antes de firmar el dictamen los miembros de la Comisión recibieron opiniones de diversos especialistas. Uno de ellos, el sociólogo Gabriel Kessler, especializado en cuestiones de pobreza, educación y violencia, recomendó fortalecer, extender y mejorar los programas y planes ya existentes que buscan la inserción educativa y/o laboral de jóvenes, como “Más y Mejor Trabajo” y “Jóvenes con Futuro”, en vez de aumentar “la fragmentación de las políticas sociales, que es una fuente de ineficacia, por implicar superposición y en muchos casos, incremento de costos”.
El tratamiento de un programa de inclusión social en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales transmite el mensaje de que “la población objetivo podría estar potencialmente en conflicto con la ley, como si el SCV fuera una medida preventiva para evitar eventuales delitos”, agrega, lo cual “tiene un potencial estigmatizador”.
Kessler detecta en los proyectos “cierta reminiscencia del Servicio Militar Obligatorio”, como si se diagnosticara “la necesidad de disciplina o mayor autoridad”. A la luz de la historia argentina y de la terrible situación de otros países de América Latina donde las Fuerzas Armadas están realizando tareas de seguridad interna, sigue, “no hay nada más desaconsejable que una medida que pueda erosionar el fuerte consenso existente en el país” para separar ambos cometidos.
Al analizar los efectos del Servicio Militar Obligatorio, suprimido hace tres lustros, Kessler cita investigaciones según las cuales, a igualdad de otras variables, la población que había pasado por él exhibía “mayores tasas de delito”, lo cual se vincula con “un mayor conocimiento del manejo de armas” y con “ciertos contenidos de la formación militar que llevaba a una mayor cercanía con el uso de la fuerza para la resolución de conflictos y problemas”. Kessler dijo que era integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, que serían una fuente de ideas para fijar políticas racionales de seguridad.
El articulador .
El articulador político de estos proyectos es el ex senador Eduardo Duhalde, quien en la Nochebuena de 2009 volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior. Propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, estén donde estaban antes los conscriptos”, donde se intentaría reeducarlos. Durante su breve interinato a cargo del Poder Ejecutivo, por la crisis que produjo cinco “presidentes” en una semana, Duhalde recibió un proyecto de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y del jefe del Ejército, Roberto Brinzoni, de militarización de la seguridad interior e intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones.
Brinzoni lo describió como una pirámide verdeazul, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero, expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas, vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires e identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres.
El entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, ofreció su renuncia y Duhalde no envió el proyecto al Congreso. Jaunarena y Brinzoni presentaron su propuesta para el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, EPOCA, propiedad del ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, instalada en un reciclado petit hotel de la calle Rodríguez Peña con el lujo ofensivo de las fortunas súbitas.
Este año, Jaunarena y Dromi insistieron con su propuesta en el mismo lugar, pero esta vez patrocinados por el presidente de la Iglesia Católica argentina, Jorge Bergoglio, quien presentó un documento elaborado por ambos ex ministros. Ése denominado Contrato Social para el Desarrollo contempla “un sistema integral de seguridad pública y defensa común”. Incluye en el campo de la Defensa “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, y crea un Consejo Federal de Civilidad y Convivencia Social, con el que deberán colaborar las Universidades estatales y privadas, las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, las cámaras patronales, las organizaciones sindicales y los diferentes cultos.
La emergencia .
El proyecto de emergencia de seguridad que Duhalde anunció hace menos de un año fue retomado por su esposa, quien ocupa la banca familiar en el Senado. El objetivo de su proyecto de ley es “dar una respuesta inmediata a los problemas más acuciantes relacionados con la vida y los bienes de las personas amenazados por el delito”.
Reclama del Poder Ejecutivo que someta al Congreso un plan integral de radarización y control de las fronteras para “erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas” y asigna el control del espacio aéreo a la Fuerza Aérea.
Esto implicaría una enmienda de hecho a las leyes de Defensa y de Seguridad. En la actualidad, la Fuerza Aérea transmite la información obtenida por sus medios a las fuerzas de seguridad.
La senadora Escudero, que preside la Comisión del Senado, fue coautora en 2008, junto con los diputados Francisco De Narváez y Eugenio Burzaco de un proyecto de ley que intentaba reformar el artículo 24 del Código Aduanero para permitir el derribo de aeronaves bajo autoridad de los jefes de la Fuerza Aérea.
Esto implicaría introducir de lleno a la Argentina en la política de “Guerra a las drogas”, que Estados Unidos declaró en 1986, durante la presidencia de Ronald Reagan y cuya exportación ha tenido efectos catastróficos en países como Colombia y México.
El proyecto González de Duhalde también encomienda al Poder Ejecutivo realizar en treinta días un “censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social”, lo cual muestra un desconocimiento absoluto de la división de poderes y de la complejidad y lentitud de un proceso censal, cuando por otra parte es inminente el censo nacional 2010 de población y viviendas, en el que 600 mil censistas relevarán todo el país el miércoles 27 de octubre, antes de que la emergencia de González de Duhalde pueda convertirse en ley, si es que tal cosa alguna vez ocurre.
El proyecto contempla además que el Poder Ejecutivo aplique “de inmediato”, como corresponde a esta concepción mágica, “programas de inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo”; de becas para la reincorporación al sistema educativo y de reparación y mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas.
También propone “utilizar establecimientos ociosos de las Fuerzas Armadas” para la rehabilitación de “niñas, niños, adolescentes con problemas de adicciones o penales”, y construir y reacondicionar cárceles “para alojar a todos los procesados y condenados por delitos”.
La supervisión de este fantasmal plan de gobierno quedaría a cargo de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la que el Gobierno nacional debería informar todos los meses. En los fundamentos, se refiere a un “abrupto crecimiento de la delincuencia”. Los informes recibidos durante las audiencias de la comisión indican que pese al añadido de muchos metros cubiertos de nuevas cárceles, la sobrepoblación sigue adelantándose a la construcción, el 75 por ciento de los detenidos bonaerenses no tienen condena y la cantidad de personas privadas de su libertad no guarda relación con la cantidad de delitos que se cometen, lo cual incrementa los niveles de inseguridad. Esta constatación podría disuadir a la propia Escudero de apoyar el proyecto Duhalde.
El capitán Escarlata .
El afán inmobiliario de la senadora Duhalde es compartido por el gobierno bonaerense y su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal, cuyo plan tiene un costado risueño. En abril, Casal asistió al megaencuentro penitenciario y penal de las Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años. En plan de turismo, porque este año la sede fue Bahía, Brasil, la delegación argentina fue la más numerosa. Casal proyectó allí dos videos de animación, con muñequitos tipo Capitán Escarlata y música funcional, sobre su proyecto de construcción de cárceles, alcaidías y casas para alojamiento alternativo a la prisión.
En el spot sobre las alcaidías los presos eran muñequitos gris oscuro y los guardia cárceles blancos. El fiscal caminaba como Robocop pero el defensor ostentaba una inmovilidad hiperrealista. No había juez y casi no se veían rejas.
En el de las casas alternativas se mostraban jardines y patios de juegos para las mujeres detenidas, sin uniforme y acompañadas por sus hijitos, que hacían rondas, jugaban en toboganes y hamacas o a la pelota. En el punto culminante de su exposición, el alcaide mayor Casal llamó la atención sobre parrillas móviles con depósito para el carbón, para que los presos pudieran hacer asado, “la comida nacional, que une a los presos”. Los extranjeros no entendían y los argentinos luchaban por contener la risa. Con igual desdén por la inteligencia y predilección por los cuentos de hadas, Casal acaba de responder al crítico informe del Consejo de Defensores Generales sobre las condiciones inhumanas de vida en las superpobladas cárceles bonaerenses con su resolución 999, según la cual todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires serán inspeccionadas y cada mes se les asignará un puntaje, de 1 a 100, con el propósito de “profundizar el tratamiento resocializador”.
Con una jerga de Management sobre herramientas de gestión, desempeño institucional y fases diferenciadas de diagnóstico, el nuevo reglamento crea una Comisión Evaluadora, que integrarán el propio alcaide mayor Casal y los altos jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, apoyados por un equipo de auxiliares.
Durante sus visitas programadas o sorpresivas (a discreción) podrán tomar fotografías o filmaciones, fotocopiar documentación, entrevistar a internos, personal penitenciario o de Salud, requerir informes o pedir aclaraciones. Así evaluarán las condiciones de alojamiento, alimentación, provisión de ropa, actividad laboral, educativa y recreativa, mantenimiento, prevención de la violencia, gestión de la conflictividad e implementación de programas especiales.
Es decir, aquello que se supone constituye la función del ministerio y el Servicio Penitenciario.
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3-DIVIDIDOS POR LOS 70.
Por: Laura Di Marco.
Fuente: La Nación-- -Enfoques-
El Gobierno y sus usinas periodísticas fuerzan la memoria de los años 70 para silenciar con dedo acusador a quienes se atreven a marcar diferencias. Una lógica amigo-enemigo que esta semana puso en su mira incluso a periodistas cercanos al progresismo. De cómo Lanata, Caparrós, Tenembaum, Reato y otros se convirtieron en un nuevo eje del mal para la construcción del poder K
Con dosis aún más altas de crispación política, el debate cotidiano volvió a girar sin fin, como la rata en su rueda, en las heridas de los años setenta.
Claro que la tragedia no irrumpió sola. El Gobierno volvió a echar mano de la historia reciente -a adulterarla, sería el término correcto-, como si fuera un recurso político más de su caja de herramientas para construir poder, aquí y ahora.
Y en esa nueva vuelta de tuerca, volvió a dividir la cancha entre leales y traidores, progres y ex progres, derechosos miserables y heroicos exponentes de la "juventud maravillosa", de la que los Kirchner se sienten legítimos y orgullosos herederos. En menos de diez días, Jorge Lanata, Martín Caparrós, y el fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Strassera, fueron incorporados al eje del mal, armado por el imaginario K, junto con la "corporación mediática" que ya venía rankeada en el puesto número uno del top ten de enemigos, en reemplazo del campo. Semejante clima generó la amenaza de muerte de un blogger K a Alfredo Leuco, que se sumó al vaticinio de Hebe de Bonafini sobre Joaquín Morales Solá: "Le queda poco tiempo", dijo.
Entre los "ex progres" ahora quedaron, según las usinas del oficialismo, Jorge Lanata y Martín Caparrós. Así lo explicitaban los videographs de TVR y 6,7,8 . La televisión oficialista creó un clip en el que increíblemente "pegó" al ex fundador de Página 12 con Videla; el fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Strassera, devino definitivamente en un ser despreciable, objeto de insultos por parte de funcionarios y de la mismísima Presidenta, que no dudaron en calificarlo de "impresentable".
Por fin, en la construcción de este nuevo relato K ha surgido un nuevo enemigo del campo popular, en reemplazo de la oligarquía estanciera, "el enemigo" principal durante la pelea con el campo. Ahora, este oscuro podio, la mancha venenosa, lo ocupa la "corporación mediática" sin distinciones ni matices.
Evitar los verdaderos debates
"Lo que está ocurriendo provoca un retroceso brutal, entre otras cosas porque, una vez más, la historia es utilizada como arma para la lucha política en el presente. Pero, además, porque el debate setentista, al no ser franco, tiene la paradójica consecuencia de evitar los verdaderos debates. Para ser honesta, creo que el setentismo es un juego de niños para este gobierno, que tiene a medio mundo entretenido con este tema, mientras Néstor Kirchner es el único político sigue haciendo campaña en la Argentina. Y la hace, lejos de debates intelectuales, y en el único lugar donde se juega realmente su poder: el conurbano bonaerense", sintetiza María Matilde Ollier, historiadora y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame.
Eso sí, la re-setentización que opera la política K parece repetir algunos de los vicios de aquella época: poco lugar queda para los adversarios, la oposición, o los partidos. En verdad, la idea misma de la democracia está cuestionada cuando sólo hay enemigos y traidores.
Ernesto Tenembaum escribió esta semana, en la revista Veintitrés , que Lanata y Caparrós son más odiados hoy por el kirchnerismo que Mariano Grondona y Cecilia Pando.
Y Lanata le da la razón. "Al Gobierno le duelen más nuestras críticas porque las siente como críticas de iguales. ¿Qué diario lee el Gobierno? Página 12 , ¿quién lo hizo? ¿Qué revista lee? Veintitrés , ¿quién la hizo? En algún lugar, pensamos parecido. Y digo pensamos porque aquí está el problema: el problema de Néstor y Cristina Kirchner es cuando actúan. Piensan una cosa y actúan otra. Hablan desde la izquierda, y gobiernan para la derecha. Son conservadores, pero usan el lenguaje de la izquierda porque eso les permite blanquearse y quedar ubicados en un lugar donde es muy difícil competir con ellos. Se ubican en el lugar de la verdad revelada, y desde allí le explican a la gente lo que tiene que pensar. Y los que piensan otra cosa, no sólo no son la verdad: son traidores. Entonces, ahora somos traidores."
Lanata cree que el Gobierno está creando un clima autoritario, un clima que se puede desmadrar, cuando señala gente irresponsablemente. Y, con humor ácido, rebautiza como "Seis, siete, rrocho" al programa oficialista que lo elige ahora como blanco de sus burlas, manipulando sus editoriales en Después de Todo . "Porque, ¿qué es ese programa? Un grupo de tareas. Sí, un GT. Terminan siendo lo de la dictadura, dispuestos a hacer cualquier barrabasada: la que sea necesaria."
Más allá de la comparación desmesurada, en ese clima enrarecido al que alude Lanata, un blogger K amenazó a otro periodista crítico del Gobierno, Alfredo Leuco, con ir al Canal 26, donde trabaja, "para matarlos a todos con una metralleta". Días antes, Hebe de Bonafini le había pronosticado que a Morales Solá le queda "poco tiempo". Y, de paso, en la confusión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, empleó una hora de su tiempo para discutir furiosamente con cualquiera, un desconocido, que se hizo pasar por Leuco y logró así la atención del ministro.
Los Kirchner y sus aliados leen la realidad así: nunca hubo un clima de tanta libertad en la Argentina. Días pasados, incluso, el canciller Héctor Timerman desafiaba al aire a Nelson Castro: "Pero, Nelson, por favor, aquí no hay nadie censurado. Y si usted conoce algún caso, me lo hace saber y yo le juro que personalmente lo denuncio ante los organismos internacionales".
Es obvio que nadie está hablando aquí de mecanismos groseros de censura. Pero hay formas de disciplinar las opiniones y administrar las lealtades que, aunque menos obvias, son tanto o más efectivas que una medida directa. Sobre todo, porque se trata de mecanismos más solapados y, por eso, más difíciles de detectar.
Prueba de esa inhibición subterránea en el debate colectivo la tuvo el propio Lanata cuando, después de haber lanzado su crítico editorial en el programa que conduce. Allí había sostenido que "hace años que no se puede hablar en la Argentina " a riesgo de ser enviado al quinto infierno de la antipatria, junto con los genocidas.
"Mucha gente me paró por la calle después de eso -dice Lanata- para contarme que se habían sentido liberados, ellos también, para hablar."
Es posible que la autocensura para criticar al Gobierno, que se postula como continuador de la epopeya de los ideales setentistas, exaltando el costado épico de aquella historia y ocultando o minizando el hecho de que aquellos jóvenes creían en la violencia política como herramienta para el cambio social, reconoce otros motivos.
Uno de esos potentes motivos es que el terrorismo de Estado, que masacró a buena parte de la generación que protagonizó la política de los años setenta, fue tan brutal que cualquier cosa que se diga en contra de ellos corre el riesgo de ser interpretada como un aval a la dictadura. Un tema para nada menor que, sin embargo, hoy sigue funcionando al servicio de lapidar un debate franco sobre aquellos años. Una clausura de la que el Gobierno sigue sacando provecho, blandiendo la conveniente historia oficial.
El periodista Ceferino Reato, autor de Operación Traviata y el, más reciente, Operación Primicia, en los que investigó dos atentados clave de los Montoneros,está convencido de que el kirchnerismo no sólo usa la historia para hacer política. O para blanquearse, como dice Lanata. O como escudo ético cuando los salpica alguna denuncia por corrupción.
"Usan los derechos humanos para confrontar con los enemigos del presente y vincularlos con delitos de lesa humanidad -sostiene-, aunque para eso tengan que forzar la lectura de los hechos. Ellos toman los derechos humanos como una continuación de la lucha política por otros medios."
El historiador y periodista Marcelo Larraquy, otro autor de libros clave sobre los años 70, entre ellos la biografía de López Rega y Fuimos soldados , investigación sobre la contraofensiva montonera, es parte, al igual que Lanata y Reato, de una generación, la de los ochenta, que quizá no por casualidad sea la encargada de llevar adelante un incipiente revisionismo crítico sobre la experiencia de la lucha armada.
"El Gobierno, inmerso en la urgencia de sus batallas políticas, dio un viraje en la construcción de la memoria y ´derechizó´ su visión sobre el peronismo", afirma Larraquy. Y ofrece argumentos: la bendición a la Juventud Sindical Peronista (en la versión de Pablo Moyano) -que en los 70 representaba la ortodoxia gremial-, y, sobre todo, el desinterés por la causa de la Triple A , y los miles de crímenes y desapariciones perpetrados desde el Estado entre 1973-1976.
Larraquy recordó que, cuando el expediente le resultaba útil al Gobierno para su disputa con Hugo Moyano -porque removía los vínculos del sindicalista con la JSP y la Triple A-, la investigación tomó impulso y la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante. Sin embargo, hoy la causa está paralizada.
Entonces, se pregunta Larraquy, "¿cuál es realmente el relato oficial de los años setenta, si se lo manipula constantemente?"
Memoria adulterada
Pocos se atreverían a negar, sin embargo, la inmensa astucia de los Kirchner como jugadores políticos.
Jugadores que siguen liderando en el colectivo progresista de la Argentina , guiados por una enorme habilidad para seguir dividiendo el campo político, bajo la lógica amigo-enemigo. Una lógica que siempre da ganancias, cuando se manejan los recursos del Estado y, tal como sostiene Ollier, es alimentada desde el poder político que, por su misma colocación, siempre tiene más chances de instalar un relato que prenda en la sociedad.
Si tomamos por cierta la hipótesis de que la discusión setentista es un debate instalado bajo el signo del oportunismo, mejor, una cortina de humo para entretener el microclima periodístico-político, ¿qué ganan, entonces, con esta tensión que, además, les viene generando pérdidas de comunicadores importantes?
"Perder comunicadores progres no les importa; suman pocos votos y este gobierno tiene muy claro que, al final, lo que cuentan son los votos. Sabe que un sector de clase media lo apoya, y que este discurso setentista quizás lo consolide, más aún, en ese sector", acerca Ollier.
Reato propone otra respuesta: "Desde Karl Rove, el gran asesor presidencial de George Bush, sabemos que en las sociedades modernas el líder ya no necesita convencer a todo el mundo. Sólo hay que convencer a la mitad más uno del electorado y para eso, nada mejor que instalar un conflicto que parta en dos, pero que te asegure la porción ganadora. Quien instala el debate, además, arranca en punta. Y en este sentido, los Kirchner, con los derechos humanos, tienen mucho para ganar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con culpa, en vastos sectores de la sociedad, que siente que no hizo nada durante la dictadura o que cree, errada o no, que no se enteró a tiempo del tema de los desparecidos. Y los Kirchner trabajan habilidosamente sobre esa culpa social".
A esa culpa en el incosciente colectivo, que los K utilizan como tierra fértil para generar una suerte de chantaje moral, se suma un tema nada menor: el éxito del pensamiento maniqueo, que esconde, nada menos, el hecho de que aquella juventud maravillosa "idolatró la muerte", como dice Kovadloff. O que descreía de la democracia, como cultura política, a la que sólo veía como una trampa burguesa.
Para algunos intelectuales que también participaron del ideario político de los 70 pero tomaron distancia crítica, esa falta de convicción por la opción democrática es la razón profunda que explica el estilo autoritario de los K. O su desprecio por ciertos valores centrales de la democracia liberal, como la libertad de expresión. En el ADN setentista de los K sigue predominando la importancia del fin sobre los medios.
Dice Lanata sobre esto: "Lo que me molesta de esa generación es que nos mintieron. Nos mintieron en los intereses que tenían, y en muchas otras cosas. Por otra parte, no creo que se pueda decir que los montoneros tuvieran alguna visión trascedente de la Argentina. Fueron bastante ciegos. Fueron también víctimas, y es terrible lo que les pasó. Pero eso, ya lo dijimos: empecemos ahora entonces a ver en qué nos mintieron. Porque, a lo mejor, nos sirve".
Lanata cree que Kirchner está repitiendo esa mentira cuando reescribe el Nunca Má s o cuando suma nombres a la lista de víctimas del terrorismo de Estado. "¿Cómo vas a poner como desaparecidos a los caídos en combate? Eso es pensar que el Estado estaba encarnado en los tipos que estaban combatiendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los montoneros eran parte del Estado argentino? Es una locura completa".
Los libros de Reato muestran también cómo una parte de aquellos jóvenes apelaron al asesinato político en democracia, bajo gobiernos constitucionales del peronismo, y favorecieron de ese modo el golpe de 1976.
"Ojo, que también hay mucho fascista que ahora salta feliz del closet y aprovecha la crítica al Gobierno para retomar la ´teoría de los dos demonios´", alerta Larrquy.
"No creo en la teoría de los dos demonios -aclara, por las dudas, Reato-. Acá hubo un solo demonio, y es el terrorismo de Estado, aunque no por eso creo que haya que dibujar ahora a Montoneros y al ERP como un coro de ángeles".
Nunca dejes que la verdad arruine una buena nota, dice una vieja máxima del periodismo amarillista, repetida, en broma, en las redacciones serias. Máxima de la cual el Gobierno K parece, paradójicamente, apropiado en medio de su batalla ciega contra los medios críticos y que, traducida al lenguaje K, quedaría así: nunca dejes que la realidad arruine un buen "relato" de la historia.
Sobre todo si es funcional al poder y ayuda a ganar votos que, al final de toda la historia, es lo único que cuenta.
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4-LA IMPOSIBILIDAD DE PENSAR EN LIBERTAD:
Por: Carolina Arenes.
Fuente: LA NACION.
Con comisarios políticos que juzgan a quienes se atreven con un pensamiento crítico, sigue vigente la tragedia nacional de considerar traidor al que piensa distinto .
¿Por qué alguien tiene que darme permiso para hablar? Y ¿quién es ese alguien que da permiso? ¿Y al que da permiso quién le dio permiso para dar permiso? Y ¿por qué tienen que permitirle a uno que hable para recién entonces poder hablar? Y finalmente, ¿por qué uno no puede "gritar"? [...] nadie quiere tener que pedirles permiso a los comisarios, a los jefes o caudillos, para poder hablar."
Hace cinco años, no un periodista sino un intelectual comprometido con la izquierda revolucionaria como Oscar del Barco, tuvo que plantarse así para hacer frente a la andanada de cuestionamientos y descalificaciones que recibió tras hacer pública una profunda autocrítica sobre el accionar de las guerrillas en los años 60 y 70.
En octubre de 2004, la revista cordobesa La intemperie inauguró casi sin saberlo la que tal vez haya sido una de las polémicas ideológicas más fuertes de los últimos años que conmovió a la intelectualidad de izquierda.
El ex guerrillero Héctor Jouvet había relatado en una extensa entrevista publicada por La intemperie su participación en el Ejército Guerrillero del Pueblo, aventura liderada por Jorge Masetti para iniciar la lucha armada en Salta bajo las órdenes del "Che" Guevara, y que, en 1964, llegó a fusilar a dos de sus propios integrantes, enfermos y desquiciados después de días y días de deambular con escasa comida y agua por los montes.
Conmovido por ese relato de Jouvet, Del Barco envió una carta de lectores a la revista en la que, entre otras cosas, se hacía responsable de aquellos asesinatos, no porque hubiera sido uno de los que apretaron el gatillo contra sus compañeros sino porque había apoyado la violencia revolucionaria que los había inspirado. "Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay ´causas´ ni ´ideales´ que sirvan para eximirnos de culpa", escribió.
Exigir la verdad .
La carta de Del Barco -que dio inicio a un durísimo debate reunido después en el libro Sobre la responsabilidad: No matarás- es una de las reflexiones más hondas, lúcidas y conmovedoras que se ha escrito sobre aquellos años. También una de las más revulsivas para muchos de los protagonistas de la época. En su texto, el filósofo cordobés se atrevía a exigirles honestidad a muchas de las vacas sagradas de la izquierda, entre ellos al poeta Juan Gelman, intocables ya sea por su estatura intelectual o por su condición de víctimas de la dictadura (Gelman tiene a su hijo y nuera desaparecidos y hace pocos años que logró recuperar a su nieta Macarena, nacida en cautiverio). Sin embargo, sin desconocer esa tragedia familiar, Del Barco le pedía al poeta que se hiciera cargo también de su responsabilidad histórica en la tragedia de los setenta como parte de la ex conducción de Montoneros.
"Corresponde hacer un acto de contrición y pedir perdón -escribió Del Barco-. El camino no es el de ´tapar´ como dice Juan Gelman, porque eso -agrega- "es un cáncer que late constantemente debajo de la memoria cívica e impide construir de modo sano". [...] Es hora, como él dice, de que digamos la verdad. Pero no sólo la verdad de los otros sino ante todo la verdad ´nuestra´. Según él, pareciera que los únicos asesinos fueron los militares, y no el EGP, el ERP y los Montoneros. ¿Por qué se excluye y nos excluye, no se da cuenta de que así ´tapa´ la realidad?"
Hubo algunas voces de apoyo, pero en buena parte, la reacción de la izquierda intelectual fue lapidaria. Que con su autocrítica personal le hacía el juego a la derecha fue tal vez la acusación más suave. Ante la andanada de reproches, Del Barco volvió a explicarse con más claridad aún en su respuesta a las críticas que le había dedicado León Rozitchner: "Rozitchner dice que yo hablé sin que nadie me lo pidiera". La expresión es extraña y peligrosa en boca de un ´revolucionario´; lo digo por las consecuencias que podría tener sobre la vida democrática de un país si fuera gobernado por ´revolucionarios´ con semejantes ideas... "
Escribió después: "También yo tengo el derecho de pensar lo que quiera... ¿o por eso me incorporo a la fila de los "quebrados" o los "traidores"?"
Sergio Schmucler, entonces director de La intemperie y responsable de publicar la carta de Oscar del Barco, marca diferencias entre la naturaleza y la profundidad de aquel debate y las acusaciones que reciben hoy muchos periodistas, incluso muchos identificados con el progresismo, cuando intentan denunciar el uso espúrio que hace el Gobierno de la discusión sobre los 70. Sin embargo, reconoce también en estas reacciones de hoy gestos similares de "una vieja tradición de la izquierda: volver traidores a los que plantean críticas". Y asume con dolor la imposibilidad de su generación para poder discutir a fondo, con honestidad, la terrible experiencia de aquellos años.
"La carta de Oscar [Del Barco] fue una buena oportunidad para que la izquierda hiciera una reflexión autocrítica que nos llevara a todos a decir la verdad, a generar testimonios con ese mismo nivel de honestidad que permitiera pasar a una nueva etapa en la construcción de la memoria. La carta abría esa gran posibilidad, pero no fuimos capaces de tomarla. Los que siguen tal vez puedan hacerlo mejor; a nosotros nos atravesó un rayo". Y agrega: "Yo voy a todas las audiencias de los juicios que se siguen en Córdoba y me queda clarísimo, al escuchar las declaraciones de los represores, viendo la indiferencia, la crueldad, el absurdo, que estos tipos le hicieron un daño infinito a la sociedad argentina. El horror fue eso. Pero también pensé más de una vez que nosotros no tenemos derecho a exigirles a estos hijos de puta que digan la verdad, que sean honestos, en la medida en que nosotros mismos no estemos dispuestos a decir nuestra verdad, mientras no podamos construir nuestra propia honestidad".
Tras la publicación de aquella carta y el vendaval de acusaciones que despertó, La intemperie recibió virulentos ataques por parte de la izquierda cordobesa e incluso algunas organizaciones retiraron el apoyo económico que le daban a la publicación. Muchísimos suscriptores, además, se encargaron de enviar mails para no recibir más los contenidos de la revista. La intemperie cerró poco tiempo después, no tanto por la falta de apoyo, dice hoy Sergio Schmucler, sino porque se hacía cada vez más difícil pasar a otros debates, no quedar fijados en esa única discusión.
"En aquel momento, buena parte de la izquierda actuó desde aquella perspectiva de comisarios políticos que el mismo Oscar [del Barco] denunciaba -reflexiona Schmucler-. Es esta tragedia nacional de considerar traidor al que piensa distinto; pero, lamentablemente, todos estamos profundamente inmersos en ese contexto todavía, no sólo la izquierda. Todos estamos sumergidos en un ámbito que no nos permite reflexionar en libertad. Sólo se podrá pensar sobre estas cosas cuando los que las vivimos estemos muertos. La intensidad de la pasión revolucionaria y el absoluto horror del terrorismo de Estado son vendas demasiado gordas sobre los ojos."
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5-LA PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS PRODUCE ODIOS Y RESENTIMIENTOS.
Fuente y envío: M.U.N.I.Por: Carlos A. Díaz Busti.
Nuestros Gobernantes si hubieran actuado con ubicación, sentido común y en beneficio de todo el Pueblo Argentino, hoy no tendríamos que estar sumidos en la incertidumbre de no saber si al día siguiente nos podremos levantar de la cama y estar reunidos en familia, porque la inseguridad la tenemos a cada paso y en la vuelta de la esquina, y por tal consecuencia quedan familias diezmadas, que ya nunca más podrán vivir con sus seres queridos.
Hoy argentina se encuentra en un estado terminal, porque el principal problema es la falta de MORAL que existe en todos los estratos de la Sociedad , donde hoy, más que nunca, queda reflejado en esa obra de arte del Tango, que es Cambalache, y esto es por consecuencia de no tener JUSTICIA, por lo cual decimos, que UN PAÍS QUE NO TIENE JUSTICIA. NO SE PUEDE LLAMAR NACIÓN
Que Dios fuente de toda razón y justicia, no permita que vuelva a repetirse en nuestra Patria, los actos de violencia que han enlutado a nuestra querida ARGENTINA, por la falta de ubicación y sentido común.
M. U. N. I.
Carlos A. Díaz Busti
Presidente
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Vicente González
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