Los militares pelean por su última caja

El gobierno quiere manejar las obras sociales


El Ejecutivo enviará un proyecto de ley. Están en juego $ 860 millones anuales. Hay una fuerte resistencia de las Fuerzas Armadas: hasta se autorizó al personal civil a concurrir a una marcha de protesta.


El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley que les quita a los militares el manejo de su última gran caja: las obras sociales de las tres fuerzas armadas. La iniciativa, a la que accedió en exclusiva Crítica de la Argentina, apunta a unificarlas y ponerlas bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Si avanza, los altos mandos castrenses dejarán de administrar los $860 millones que mueve por año el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y la de la Fuerza Aérea (DIBFA). Por eso, la cúpula militar activó un intenso lobby en su contra y hasta apeló a una movida inédita: autorizar al personal civil a dejar sus puestos de trabajo para ir a una marcha de protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).


La iniciativa es impulsada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, y espera su turno para ir al Congreso en el despacho del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Fue redactada el año pasado pero recién en febrero último obtuvo el visto bueno de la Casa Rosada. Ahí arrancó la pelea que llegó a su cénit el jueves pasado, con la marcha del sindicato opositor a la sede de Defensa. El gremio del Personal Civil de las fuerzas (Pecifa), en cambio, apoya la idea.


El proyecto de Garré crea el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y reduce los aportes de cada afiliado, que pasarán del 6% al 3% del salario bruto, al equipararse con los del resto de los gremios. El descuento para los militares y civiles de las Fuerzas Armadas fue incrementado por varios gobiernos durante los últimos años para cubrir los sistemáticos déficits de las tres entidades de salud. También el Estado aporta más por ellos que por el resto de sus empleados.


Si el texto se convierte en ley, los 615 mil militares activos y retirados y agentes civiles que se atienden en las tres obras sociales pasarán a disponer de todas las instalaciones que hoy prestan servicios por separado. La cifra incluye a los efectivos y retirados de Prefectura y Gendarmería. La Policía Federal, en cambio, tiene su propio sistema de salud.


En Defensa aseguran que no se trata de un avance antimilitar. “La idea es reducir costos aprovechando la mayor escala y unificar criterios de afiliación y cobertura con los del resto del Estado”, dijeron a este diario fuentes cercanas a Garré. “El poder de compra unificado nos va a permitir ahorrar costos, aunque eso vaya a pisar algunos callos”, agregaron.


Ese “poder de compra” es el eje de la disputa. Desde la vuelta de la democracia y, en especial, desde que las tres fuerzas empezaron a sufrir en carne propia el ajuste que propiciaron sobre el resto de la economía durante la última dictadura, los militares se fueron quedando sin recursos para administrar. Por eso, alrededor de las tres obras sociales floreció un sinnúmero de empresas vinculadas con oficiales activos o retirados que les prestan servicios o les proveen lo necesario para su funcionamiento.


Los directivos de las obras sociales, además, son todos generales, almirantes o comodoros. Muchos de ellos retirados, cobran sus retiros y en simultáneo perciben ingresos por sus funciones en los servicios de salud.


El proyecto de Garré otorga la dirección de la IOSFA a un representante del ministerio, uno de cada fuerza y uno del personal civil. También habilita a los afiliados a cambiarse de obra social o a pasarse a una prepaga, como el resto de los trabajadores del país.


Los gremios que reúnen al personal civil tienen posturas encontradas. Mientras Pecifa (mayoritaria, oficialista y adherida a la CGT) apoya la iniciativa, ATE la rechaza por entender que “no garantiza la estabilidad de los trabajadores de planta y contratados”. Las fuentes de Defensa aseguraron que “no va a haber despidos” y que el ahorro se obtendrá “usando más racionalmente los recursos”.


El jueves pasado, ATE marchó contra el proyecto y reunió más gente de la que esperaba. La diferencia con anteriores convocatorias fue que, por primera vez en la historia, el IOSE autorizó a su personal a concurrir a la movilización en horario de trabajo (ver aparte). En la movida no se vio a ningún uniformado. Quizás en las próximas sí los haya.


¡Vaya a la marcha, subordinado!


El coronel Federico Peretti, subdirector de la obra social del Ejército, envió el miércoles pasado una circular a todas sus dependencias. Era una orden inédita para que los jefes dejen salir del trabajo a los empleados de todas las áreas para acudir a una protesta contra la unificación de las tres obras sociales militares. A los civiles les llamó la atención. Siempre les exigen que pidan autorización hasta para convocar a asambleas.


FUENTE: www.foromil.com.ar

Un envío de : Mario Omar

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