Antes que algún lector afecto a las teorías conspirativas alborada por la ciencia ficción kirchnerista, me etiquete de “desestabilizador” o “destituyente”, me apresuro a señalar que el título de este artículo no anida esas intenciones, pretendiendo sólo reflejar la realidad cotidiana y abrigar una luz de esperanza a futuro que supere nuestro presente desalentador.
Es que como enseñan los versos de Joan Manuel Serrat, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
En ese marco, que no es de ni de sensaciones ni de truculencias narradas por los perversos medios de comunicación, como se nos pretende hacer creer, sino de realidades concretas, los argentinos -y en especial los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires- estamos asistiendo en las últimas semanas a una escalada de conflictividad, de crispación, de semianarquía y, lo que es más preocupante, de una violencia latente que en cualquier momento puede desembocar en violencia efectiva.
Circular por la ciudad es una hazaña. Los paros del subte se realizan ahora una o dos veces por semana. Más de un millón de personas se quedan sin viajar. Si tienen el dinero suficiente, toman un taxi, cuando lo consiguen; si no, no pueden ir a trabajar, con la consecuente merma salarial y la caída de la productividad.
El motivo de la huelga no es una demanda de mejores condiciones laborales o salariales, sino un conflicto gremial entre diversas fracciones sindicales. Los usuarios somos rehenes de esta forma de dirimir el diferendo.
Cuando se informan los sueldos que perciben los empleados del subte, indigna que actúen con tanto desparpajo. Son sumas muy superiores a las que ganan profesionales con títulos universitarios y postgrados, en muchas empresas o estudios, trabajando no menos de diez o doce horas diarias, mientras los empleados del subte gozan de una carga horaria reducida.
No se trata de criticar acá los buenos salarios que cobran. Mejor para ellos. Pero esa posición debería obligarlos a actuar con mayor prudencia, sin condenar a la fatiga, al desconsuelo, al hartazgo, a miles de compatriotas que necesitan usar un transporte público y que en muchos casos ganan menos o no tienen un sueldo asegurado.
¿Y qué decir de los piqueteros que toman la 9 de Julio como un coto de caza propio? Un día son los piqueteros no krichneristas que se quejan porque no participan de la entrega de subsidios; otro día son los piqueteros kirchneristas que salen a defender al gobierno, como se les ordena desde la Quinta de Olivos.
El gobierno, mientras tanto, lo mira por televisión. La Presidenta ha dicho ayer que le parece bien el orden, pero que no quiere el orden a palos.
Una frase penosa, sumamente confortable porque la exime de hacer algo. Si las opciones son orden o palos, entonces la presidenta y su gobierno se quedan cruzados de brazos.
Pero es un falso dilema. No es cierto que la única forma de imponer el orden sea con la fuerza bruta o con la represión salvaje. Hay muchos mecanismos disuasorios que emplean todos los gobiernos de los países civilizados. Y, en última instancia, como recurso extremo, el uso de la fuerza, sólo la estrictamente necesaria para restablecer la legalidad, no debe descartarse. ¿O un policía deberá abstenerse de usar la fuerza si presencia la comisión de un robo o una violación?
En el siglo XIX, Max Weber definió el Estado como "la agencia que monopoliza con éxito el uso de la fuerza en un territorio determinado", formulando un concepto que hoy se aplica a todos los Estados, sean ellos autoritarios o democráticos. Significa esto que la fuerza debe estar exclusivamente en manos del Estado y, por tanto, la denominamos coacción legal, porque hay un marco normativo que autoriza reprimir para restaurar un orden jurídico quebrado, en defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto.
La frase de la Presidenta quiere disimular el completo fracaso de su gobierno, un fracaso que se trasluce en todos los órdenes pero que en materia de seguridad, de resguardo de la convivencia, hace agua por todos los costados.
¿Cómo va a actuar contra los piqueteros el mismo Estado que los financia, que los organiza y que los promueve? ¿Se ha visto algo tan absurdo como un "piquetero oficialista"? ¿En qué país es el propio gobierno el que manda a cortar calles?
Se han perdido varios años en los que se fue alimentando el caos.
El panorama deja poco margen para la esperanza. Mientras los Kirchner sigan gobernando de esta manera o haciendo que gobiernan, no habrá solución.
Es triste decirlo, sobre todo porque todavía faltan dos años para que termine el mandato de la actual Presidenta, pero es la absoluta verdad.
Después tampoco será fácil, ya que la destrucción del Estado en todas sus funciones esenciales (seguridad, justicia, educación) es muy grande y la anarquía se va filtrando como una cuestión cultural.
En definitiva, se trata de restablecer nada menos que el prestigio de la ley, hoy devaluada a un mero instrumento que los gobernantes pueden malear a su gusto.
En ese contexto Cristina Kirchner ha denunciado la existencia de un plan de desestabilización, al cual no serían ajenos, entre otros, los medios de comunicación.
Realmente el gobierno ha sido quien comenzó con la crispación, el permanente hostigamiento que provoca situaciones de extrema conflictividad que, en lugar de buscar canales que construyan una paz social, hoy ausente, atizando constantemente el fuego.
Ignoro las razones que lo han llevado a ello, pero espero que no estemos frente a una provocación deliberada de crear un artificial clima de violencia, alteración del orden social y anarquía para luego encontrar la justificación de la excepcionalidad que conduce a la suma del poder público. No olvidemos que cuando se instala la anarquía, a la vuelta de la esquina está siempre agazapada la dictadura y, de eso, los argentinos, por desgracia, sabemos demasiado.
MOYANO Y LOS MEDIOS DE PRENSA.
El clima de semianarquía se potencia con las actividades de Hugo Moyano, que actúa como ariete del gobierno y cobra a precios muy elevados sus servicios.
Moyano se desempeña con una impunidad escandalosa. Con ese "modus operandi" consigue por la fuerza que cada vez más actividades se encuadren en el sindicato de los camioneros.
A este ritmo, quizás convenga incorporar en la Ley de Asociaciones Profesionales un artículo que diga: "Todo trabajador se presume camionero, salvo que demuestre lo contrario".
Pero en estos días se pasó de la raya. Bloquear la salida de los diarios más importantes de la Argentina no es sólo una muestra de patoterismo sindical; es, también, un ataque directo a la libertad de expresión.
Esas barbaridades fueron realizadas casualmente cuando sesionaba en Buenos Aires la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se está llevando de nuestro país una imagen muy pobre, en especial en aquello que la concierne directamente.
Los Kirchner, siempre afectos a las teorías conspirativas, recelan de esa asamblea. Imaginan -y lo hacen decir por sus voceros habituales- que no es casual esa presencia en la Argentina justo en momentos de tensión entre el gobierno y el periodismo. No saben -o fingen no saber- que nuestro país fue elegido sede de la asamblea de la SIP el año pasado, cuando sesionaba la asamblea anterior.
Los corifeos kirchneristas no hah dejado adjetivo denigratorio por decir sobre los miembros de la SIP. Sólo faltó la palabra "sinarquía", indescifrable término de vagas connotaciones antisemitas que sectores del peronismo usaron con fruición en otras épocas.
Lo cierto es que entre la ley de medios, la estatización del fútbol, los aprietes de Moyano y la utilización abusiva del canal 7, de la cadena nacional y de varias revistas que manejan amigos del poder y financiamos todos con publicidad oficial, el periodismo independiente corre riesgos indudables.
Envío de “El hombre gris”
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