Hace pocos días, un medio periodístico de nuestro país ha informado que se ha hecho presente una organización cuyo objetivo es facilitar la provisión de información -mediante un servicio telefónico- para llevar a cabo de manera segura un aborto, a través del uso del fármaco misoprostol (originariamente utilizado como protector gástrico), cuya ingesta sirve para provocar un aborto en una mujer embarazada, puesto que provoca contracciones uterinas que culminan con la expulsión del feto anidado en el seno materno. Este procedimiento es conocido popularmente como aborto químico. La intención de la iniciativa es comunicar de qué manera utilizar el mencionado fármaco «para abortar de manera segura», aunque la nota deja traslucir la falsedad de esta supuesta seguridad en el uso del fármaco[1].
Lo que no se informa en forma clara y fehaciente es el carácter imperialista de esta iniciativa, puesto que la misma es patrocinada, promocionada y alentada por una organización extranjera europea, Women on Waves[2], una organización «no-gubernamental» holandesa, presidida y dirigida por la tristemente célebre Rebecca Gomperts, médica y artista holandesa, promotora del aborto a nivel planetario, miembro a su vez de una entidad multinacional, Women´s Link Worldwide, subsidiada por organizaciones y fundaciones «privadas», subvencionadas a su vez, entre otros, por el Foreign Office británico y el Imperio Rockefeller (a través de la Ford Foundation ). En otras palabras: estamos en presencia de una iniciativa «progresista» de neto carácter imperialista, al servicio del Imperio Británico y del poder financiero depredador.
1. En principio, llama la atención el desparpajo o la impunidad con la que se promueve esta acción delictiva criminal, puesto que la misma no consiste en otra cosa, tal como reconocen al paso los autores de la nota, en hacer una especie de apología del delito, puesto que el aborto a petición, por la simple voluntad de efectuarlo, es un crimen penado por el Código Penal de la Nación. En este caso, nos encontramos con que una organización extranjera, originaria de uno de los primeros países imperialistas de Europa, alienta la comisión de crímenes en nuestro territorio patrio. ¿Cómo se justifica esta promoción criminal? Mediante el falaz argumento que «el aborto ilegal y clandestino mata a las mujeres que no tienen información o no pueden acceder a ella», razón por la cual se pretende poner al alcance de las mujeres «que no tienen capacidad de acceder a las clínicas privadas que abortan en silencio a aquellas [mujeres] que pueden pagar» un aborto la posibilidad de llevarlo a cabo. Como ya hemos demostrado en reiteradas oportunidades, esta argumentación es doblemente falaz, porque
a) en vez de combatir el crimen que cometen las mujeres pudientes que burlan la ley, en complicidad con profesionales también delincuentes, se pretende que las mujeres pobres accedan a cometer el mismo crimen que realizan las mujeres ricas.
b) repite literalmente el argumento prohijado y concebido originariamente por John Davison Rockefeller III, el patriarca del control de la natalidad y del consiguiente holocausto demográfico implementado en el mundo a partir de los años 70, para beneficio de la plutocracia angloamericana depredadora: que la restricción al aborto viola la justicia social, porque «cuando el aborto es prohibido, las mujeres recurren a abortos ilegales para prevenir nacimientos indeseados. Abortos médicamente seguros han estado siempre a disposición de las mujeres ricas, para las que pueden afrontar los elevados costos de doctores y viajes al extranjero; pero la mujer pobre se ha visto obligada a arriesgar su vida y salud con remedios caseros y practicantes con mala fama»[3]. Además de constituir un argumento falaz y mentiroso –un embarazo o nacimiento imprevisto no origina el derecho a matar a la cría-, se trata de una actitud paradójica e hipócrita: el único derecho que tanto el gran oligarca americano como los progresistas equiparan entre pobres y ricos es el «derecho de matar a los hijos», mientras que en el resto de los derechos –alimentación, vivienda, salud, trabajo, vacaciones, vestimenta, acceso a medicamentos, educación para los hijos, etc.-, conservan y eternizan las desigualdades.
2. Además de delictiva, esta campaña es mentirosa y falaz, ya que alude a una supuesta seguridad en el método que es avalada por la Organización Mundial de la Salud , pero que es puesta en tela de juicio por la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología -«muchas mujeres mueren o quedan seriamente dañadas por utilizar» el fármaco en cuestión, puesto que «no es más que un protector gástrico»[4]. Este aval de la OMS a la iniciativa criminal emprendida por Rebecca Gomperts en nuestro país muestra que el citado organismo no es otra cosa que un instrumento de la plutocracia mundial al servicio de sus intereses y proyectos.
3. Se repite una vez más la cifra inventada de 500.000 abortos anuales en nuestro país, con lo cual habría en la Argentina casi tantos abortos como nacimientos, lo cual es una mentira total, porque en este caso tendríamos una tasa de fecundidad similar a varios países africanos. En tal caso, conviene tomar en cuenta la cifra de la tasa de fecundidad total [relación hijos nacidos/mujer] que informa la CIA (controladora, entre otras instituciones, de la Ford Foundation ) respecto a nuestro país: 2,16, mientras que para España informa una tasa de 1,31 y para Nigeria una tasa de fecundidad de 7,75[5]. Si la estadística permanentemente «informada» fuera cierta, en nuestro país se matarían 5 veces más nonatos que en España, de tal forma que por cada bebé nacido habría uno asesinado (mientras que en España es de un asesinado cada tres nacimientos).
Por otra parte, si la mentira estadística de abortos fuese cierta, el aborto ilegal sería una práctica criminal mucho más segura que cualquier otro tipo de operación médica, ya que sólo se informan oficialmente menos de 100 muertes por año a causa del aborto[6], lo cual representa un índice de 0,0002% de muertes «maternas» anuales. Pero en realidad el porcentaje de muertes por abortos representa un 0,9% en el total de mortalidad femenina en edad fértil (93 muertes por aborto sobre un total de 10.159 muertes de mujeres en edad fértil)[7]. Además, en todo caso, los decesos por aborto son causados por la negativa de las mujeres de ser madres: no mueren por ser madres, sino por no querer serlo.
4. Lamentablemente, los autores del artículo ignoran o encubren que lejos de tratarse de una iniciativa privada, esta apología del delito es en realidad una nueva invasión inglesa en el ámbito cultural-ideológico y en el campo de la política demográfica, subvencionada y subsidiada en definitiva por la Corona británica y por el capital financiero internacional, representado por el clan Rockefeller.
A. La presidente de la organización que impulsa esta actividad criminal, Rebecca Gomperts, no es una humilde campesina holandesa, sino una representante de la burguesía anglo-holandesa, con una visión tan humana y tan femenina de su profesión de médica, que en una de sus visitas al Brasil "se dio cuenta" enseguida que en el país hermano no había servicios de salud reproductiva. No vio ni la pobreza endémica, ni el hambre ni la falta de servicios sanitarios que afectan a millones de mujeres y niños de Brasil, como europea de alta alcurnia sólo vio que no hay allí ni anticoncepción ni control de la natalidad, tan caros para el imperialismo anglosajón depredador. En realidad, vio y conoció la realidad de la pobreza extrema, pero eso no la conmovió, como buena burguesa europea sólo le interesó "poner a disposición" de las mujeres pobres de Brasil los mismos "beneficios" que usufructúan las mujeres europeas pudientes: evitar los hijos o matarlos antes de que nazcan.
B. La organización que esta mujer preside, Women on Waves, tiene como actividad principal ofrecer servicios de aborto en alta mar, para las mujeres que viven en países donde el aborto está penado por ley, como corresponde a todo acto criminal. Pero el poder que sustenta a esta mujer procede de Women´s Link Worldwide [WLW] de la cual es una de sus principales dirigentes. La WLW de una de las tantas organizaciones «no-gubernamentales» que pululan en el mundo para promover la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. En rigor de verdad, este organismo constituye uno de los tantos dispositivos que varios gobiernos europeos, la Corona británica y la oligarquía financiera anglo-americana utilizan para llevar a cabo las políticas imperialistas del control de la natalidad y del holocausto demográfico en el Tercer Mundo. Entre las fundaciones que subsidian a esta red mundial se cuentan, además de Ipas, The Libra Foundation, The Open Society Justice Iniatitive, la International Planned Parenthood Federation/Federation Internacional de Paternidad Planificada [IPPF, por sus siglas en inglés] y la Ford Foundation/Fundación Ford[8].
1) Aunque pretende ser un organismo privado, en realidad la IPPF es una institución subsidiada en su mayor parte (72% de su presupuesto) por gobiernos de países desarrollados, fundamentalmente europeos -Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania, Suecia y Suiza- y los países asiáticos desarrollados como China, Japón, Tailandia. En particular, subsidia y subvenciona a la IPPF el Foreign Office británico, a través del Departamento para el Desarrollo Internacional. Como si esto fuera poco, también recibe subsidios del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud[9]. Esta Federación fue fundada en 1952, tiene su sede central en Londres y constituye la red abortista más grande del mundo.
2) Entre los organismos privados subsidiantes, se cuenta el Population Council de la familia Rockefeller, fundado en 1952 por John Davison Rockefeller para estudiar y promover el control de la natalidad a nivel mundial. Formalmente privado, este organismo también es subsidiado en su mayor parte por el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos (63% y 10% respectivamente)[10].
3) En forma sintética, podemos decir que la Ford Foundation constituye la fundación privada más grande de Estados Unidos, históricamente controlada y dominada por la familia Rockefeller[11] (a través del nombramiento de sus presidentes –John McCloy, Eugene Black, McGeorge Bundy, Susan V. Berresford) y por el servicio de inteligencia estadounidense[12].
Que se trata de una institución interesada fundamentalmente en imponer el control de la natalidad a nivel planetario lo ha certificado ella misma, a través de la publicación de una historia de la Fundación , centralizada en el aporte que ella ha realizado a la causa de «la limitación del crecimiento poblacional mundial»[13].
C. Como si esto fuera poco, durante la década de los ´90 el Population Council formalizó un convenio de cooperación con varios gobiernos de países desarrollados, entre ellos el gobierno británico[14]. En este sentido, es innegable que el Imperio Rockefeller, el gobierno británico y la IPPF constituyen una tríada antinatalista y abortista, que tiene como uno de sus mascarones de proa las instituciones en las que participa Rebecca Gomperts. Es por eso que podemos afirmar inequívocamente que esta nueva iniciativa pro-abortista constituye una nueva invasión inglesa en el ámbito demográfico y cultural, esencialmente ilegal y criminal, violatoria de nuestra Constitución Nacional y de nuestra legislación penal.
En 1806, durante la primera Invasión Inglesa, un comerciante y contrabandista porteño –José Martínez de Hoz- se subordinó ante el ejército invasor y colaboró como Jefe de Aduanas para el “gobierno” del General Beresford. Teniendo a la vista este antecedente, ¿el matrimonio gobernante hará gala de ese mismo espíritu de colaboración con el imperialismo invasor angloamericano o sabrá mantener firme la soberanía nacional en materia demográfica y cultural?
Temperley, 3 de agosto de 2009
[1] Críticadigital, «Lanzaron un teléfono para informar como abortar de “manera segura”», 30 de julio de 2009, nota de Martín Pietruszka y Germán Alemmanni (en http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=27252)
[2] En http://www.womenonwaves.org/set-2023-es.html
[3] Rockefeller Commission Report, Population and the American Future, New York 1972, Chapter 11: «[…] when abortion is prohibited, women resort to illegal abortions to prevent unwanted births. Medically safe abortions have always been available to the wealthy, to those who could afford the high costs of physicians and trips abroad; but the poor woman has been forced to risk her life and health with folk remedies and disreputable practitioners».
[4] Ibidem nota 1.
[5] En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, datos actualizados al 30/07/2009. Para visualizar el tamaño de la mentira estadística, en España se efectúan anualmente un poco más de 100.000 abortos anuales, con una población numéricamente similar a la nuestra.
[6] INDEC, Tasa de mortalidad materna y defunciones maternas por causa, según grupo de edad. Total del país. Años 1980, 1990, 2000 y 2006.
[7] INDEC, Incidencia mortalidad materna en mujeres en edad fértil.
[8] En http://www.womenslinkworldwide.org/who_funders.html
[9] IPPF, Financial Statements 2007, p. 18. Esto prueba una vez más el carácter abortista y antinatalista de la Organización Mundial de la Salud , y de qué modo transformó su impronta sanitarista en un instrumento político al servicio del control de la natalidad. Lejos de ocuparse de la salud, lleva adelante el holocausto demográfico de los pobres, proyecto esencial para la plutocracia mundial.
[10] Population Council, Annual Report 2007, p. 20. En el año 2008, el aporte del gobierno norteamericano se redujo al 53% de su presupuesto.
[11] Gary Allen, The Rockefeller File, New York 1976, p. 24
[12] James Petras, «The Ford Foundation and the CIA: A documented case of philanthropic collaboration with the Secret Police», en http://www.rebelion.org/petras/english/ford010102.htm
[13] John Caldwell and Pat Caldwell, Limiting Population Growth and the Ford Foundation Contribution, Francis Pinter (Publishers), London and Dover, NH, 1986.
[14] Population Council, About the Population Council. Highligths in Council History (en http://www.popcouncil.org/about/timeline.html).
José Arturo Quarracino
--Publicado por Red Patriótica Argentina
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NOTIVIDA, Año IX, Nº 615, 18 de septiembre de 2009.
ABOGADOS CATÓLICOS RECHAZAN MANIFESTACIONES DE ARGIBAY SOBRE ABORTO
Entre los días 16 y 17 de septiembre se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un seminario internacional con el título "Avances y asignaturas pendientes en derechos sexuales y reproductivos. El aborto: sus diferentes realidades". La primera jornada se desarrolló en el anexo del Senado de la Nación y la segunda en un hotel céntrico.
El evento fue organizado por el grupo apóstata Católicas por el Derecho a Decidir, una ONG abortista internacional cuya filial argentina tiene sede en Córdoba. Participaron, entre otros, Jefferson Drezett (Director del Servicio de Aborto Legal y Seguro del Hospital Pérola Byington de San Pablo, Brasil); María Consuelo Mejía (Católicas por el Derecho a Decidir, México); Ana Ferrarotti (directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable); Marta Alanís (Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Argentina); Yamilia Balbuena (Casa de la Mujer Azucena Villaflor); Estela Díaz (ADEM); Verónica Marzano (Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto); la activista feminista Alejandra Ciriza (CONICET); la diputada Silvia Augsburger (PS, Sta.Fe), la diputada Juliana Di Tulio (FpV, BsAs), el diputado Juan Sylvestre Begnis (FpV, Sta. Fe), la senadora nacional Marita Perceval (PJ, Mendoza) y María Luisa Storani, diputada electa por la UCR, que se comprometió a impulsar la agenda de género durante los cuatro años de bancada que inicia el próximo 10 de diciembre.
En la inauguración expuso Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo propias las consignas y reclamos de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto”, concluyendo que frente a un embarazo, “cada mujer tiene que decidir lo que a ella le conviene”. Las declaraciones de Argibay fueron deploradas enfáticamente por la Corporación de Abogados Católicos que además de reiterar que se está promoviendo el asesinato de personas por nacer, advirtió la gravedad de que un miembro del más alto Tribunal de la Nación “arremeta contra preceptos contenidos en Tratados Internacionales, con rango constitucional y en el Código Civil, que amparan la vida humana desde la concepción”.
A continuación la Declaración de la Corporación de Abogados Católicos:
La doctora Carmen Argibay, acaba de hacer una encendida defensa del aborto. Es necesario reiterar que por más eufemismos que se utilicen, el aborto provocado es sencillamente un asesinato, en el que la víctima es la persona por nacer. Su apología se torna mas grave en este caso, por provenir de una Ministro de la Corte Suprema de Justicia. La Dra. Argibay, entre otros argumentos, afirmó que “no es lo mismo la vida antes del nacimiento que después, ya que un feto no puede vivir sin la madre, no es independiente hasta que nace, y que, recién cuando nace, puede ser considerado persona desde el punto de vista jurídico”. Este singular criterio de la Dra. Argibay, además de desconocer el sentido común, ya que la independencia de un niño demandará varios años, arremete contra preceptos contenidos en Tratados Internacionales, con rango constitucional y en el Código Civil, que amparan la vida humana desde la concepción.
La Corporación de Abogados Católicos deplora enfáticamente estas manifestaciones y denuncia el peligro que corre la sociedad, en tanto provienen de un miembro del más alto Tribunal de la Nación.
Alberto Solanet, Presidente
Guillermina M.C. de Fuschini, Secretaria
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NOTIVIDA, Año IX, Nº 614, 14 de septiembre de 2009
DIUs CONTAMINADOS PONEN EN RIESGO LA SALUD DE MILES DE MUJERES
El Gobierno nacional distribuyó DIUs con gérmenes y bacterias.
Cuarenta mil dispositivos intrauterinos (DIUs) de la marca Cervix-T 380 destinados a las beneficiarias del Plan Remediar, fueron entregados en todo el país a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La partida fue adquirida por la cartera sanitaria en el 2005 cuando estaba a cargo de Ginés González García.
Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud nacional, señaló que "los envases estaban mal sellados, lo que motivó que el material estéril entrara en contacto con bacterias y gérmenes ambientales y contaminara los dispositivos".
La falla fue detectada la semana pasada por los responsables del Programa de Salud Reproductiva de Mendoza, que remitieron al Ministerio de Salud nacional un lote con cambios en la coloración. Los dispositivos fueron analizados por el Iname (Instituto Nacional de Medicamentos) que determinó que los DIUs "no cumplen con los requisitos de esterilización, (…) se halló la presencia de gérmenes y bacterias".
Los resultados fueron informados por la cartera sanitaria a sus pares provinciales mediante una circular y como medida de precaución se ordenó retirar de circulación los DIUs que aún no fueron utilizados. También sugirió que "les realicen a las mujeres que ya tienen colocado el DIU controles ginecológicos para prevenir cualquier posible infección". Además, se considera que la situación es de "suma gravedad", ya que no se pueden descartar "consecuencias en la salud de las pacientes", según informó hoy Crítica.
El mismo medio de prensa destaca que tanto preservativos como DIUs fueron adquiridos en grandes cantidades durante la gestión de Ginés González García, que impulsó de manera masiva el programa de procreación responsable. Cuando Graciela Ocaña lo reemplazó a principios de 2008, desalentó la continuidad del programa y los dispositivos dejaron de entregarse. Pero no fueron eliminados, sino que quedaron guardados en los depósitos del ministerio. Con la llegada de Juan Manzur, el programa se reactivó y el flamante funcionario echó mano de estos DIUs al reiniciar las entregas.
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NOTIVIDA, Año IX, Nº 613, 12 de septiembre de 2009
Rosario-Santa Fe, Argentina
ARZOBISPO DE ROSARIO SOBRE UNIONES HOMOSEXUALES
En la sesión del 5 de agosto la Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción al proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas (exp. Nº 22.440) (Vid Notivida 609).
El expediente fue girado al Senado e ingresó para su estudio en la Comisión de Derechos Humanos que preside el justicialista José Baucero, senador provincial por el Departamento de San Javier.
El proyecto garantiza el registro de convivientes “con ostensible trato familiar, con independencia de su sexo u orientación sexual”. En materia de beneficios sociales (previsional, laboral, salud pública, vivienda) los unientes tendrían “un tratamiento similar al de los cónyuges”.
En el día de ayer el Arzobispo de Rosario, Mons. José Luis Mollaghan, afirmó que equiparar estas uniones al “matrimonio, unión estable del varón y la mujer”; “es minimizar su valor, así como el de la familia”. “No es suficiente que la ley exprese la voluntad del legislador o de una mayoría”, destacó. “La ley no puede prescindir de la moral”. “La verdadera ley” debe conducir a un “verdadero bien”.
A continuación el comunicado difundido hoy por el Arzobispado de Rosario:
EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY DE UNIÓN ESTABLE DE PAREJAS
El Arzobispo de Rosario Monseñor Dr. José Luis Mollaghan instó nuevamente como pastor de la Arquidiócesis de Rosario, a reflexionar sobre el bien común, y en particular sobre la invalorable riqueza del matrimonio y la familia, a la hora en que se debate en la Provincia un Proyecto de unión estable de parejas; y pidió en una carta principalmente al Secretariado arquidiocesano de la Familia, a la Universidad Católica Argentina en Rosario, y a la Pastoral Social a continuar reflexionando en la responsabilidad que, principalmente como laicos, les corresponde en esta hora.
Es necesario subrayar la necesidad de clarificar los conceptos, ya que la confusión impide visualizar lo que significan en realidad estas diferentes uniones estables, en el presente y en su proyección futura. No se ve cómo se puede aceptar en el derecho sin más, cualquier autodeterminación para su reconocimiento, sin un fundamento ético y cultural que lo justifique.
Es necesario precisar que estas relaciones estables, en cuanto expresan vínculos que se quieran asemejar al matrimonio, naturalmente no lo son ni lo pueden ser. Podemos decir que “el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su coronación” (Gaudium et Spes, nº 50).
Equiparar estas uniones estables a la riqueza del matrimonio, que es la unión estable del varón y la mujer, con su valoración ética y su integración en la cultura, aún antes de una concepción religiosa o sagrada de éste, es minimizar su valor, así como el de la familia; e inclusive desnivelar la condición de los hijos en el seno matrimonial y familiar.
Por otra parte, una legislación en tal sentido no puede prescindir de la relación profunda a la moral, ya que el bien debe ser un componente de toda ley. En este sentido la verdadera ley, no es suficiente que exprese la voluntad del legislador o de una mayoría, sino que es necesario que tenga una dimensión axiológica, y conduzca a un verdadero bien.
En los momentos que atraviesa nuestra sociedad, un tratamiento provocado y acelerado de este tema, motiva un gran desconcierto en una parte de ésta, que sólo advierte una vez más cómo se debilita su propia consistencia; y destacó que conviene aclarar que un proyecto de esta naturaleza no hace necesariamente a la sociedad más inclusiva.
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NOTIVIDA, Año IX, Nº 612, 9 de septiembre de 2009
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
INTENTAN DESPACHAR ABORTO A PETICIÓN DESDE LOS 14 AÑOS
La Comisión de Salud de la Legislatura porteña podría discutir el borrador del dictamen sobre “aborto no punible” en la reunión de Comisión prevista para el próximo miércoles 16 de septiembre.
Por Mónica del Río
El borrador del dictamen fue consensuado por los autores de los cuatro proyectos en estudio (los kirchneristas Juan Cabandié y Pablo Failde, la ibarrrista Gabriela Alegre, y la activista feminista Diana Maffía, diputada de la Coalición Cívica).
La estrategia abortista.
“Regular la práctica de los abortos no punibles” es una de las tantas estrategias para legalizar, irrestrictamente, el aborto. Más aún, estos proyectos transforman el delito en “derecho” y obligan finalmente a los directivos de cualquier centro de salud a cooperar con esos crímenes nefandos.
Los proyectos comienzan por ampliar las excusas absolutorias contempladas en el Código Penal, reinterpretándolas ideológicamente. Después transforman los abortos que pueden no recibir sanción penal -si se demuestra tras la comisión del delito que se han cumplido los requisitos para que opere alguna excusa absolutoria-, en “abortos permitidos por la ley”. Seguidamente legalizan los mal llamados “abortos permitidos” proveyendo la práctica en los centros de salud. Y finalmente obligan a todos los centros de salud a disponer las medidas necesarias para garantizar los abortos.
El proyecto consensuado.
Prevé que el aborto se practique cuando afecte la salud integral (física, psíquica o social) de la mujer. Bastaría con que una adolescente diga que el bebé le impediría seguir estudiando (afectación de la salud social) o que la sola idea de verse con panza a esa altura de la vida la deprime (afectación de la salud psíquica). El aborto se debería practicar “en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos desde la solicitud de la mujer”. Quedaría expresamente prohibido pedir el consentimiento de los padres a partir de los 14 años y, en cualquier circunstancia, la intervención de los comités de bioética o la autorización de la justicia.
Se legalizaría además el aborto en casos de violación, bastando para acreditarla la declaración de la mujer, no se podría exigir la denuncia policial, lo que facilitaría el accionar de los violadores. Como en el caso anterior se prohíbe pedir el consentimiento de terceros (marido, padres) y la intervención de la justicia, auditores, comités, etc. En caso de duda el médico deberá adoptar aquella decisión “que mejor se compadezca con los derechos de la mujer”.
Los profesionales de la salud deberán declarar por escrito que son objetores de conciencia al comenzar a prestar servicios o a los 30 días de promulgada la ley si ya lo están haciendo.
Si todos los profesionales de un centro de salud son objetores los directivos están obligados a “disponer las medidas necesarias para asegurar las prestaciones en los plazos establecidos”.
Los expedientes.
El borrador del dictamen unifica cuatro expedientes:
921/2008: presentado por el kirchnerista Juan Cabandié, acompañado por su compañera de bloque Silvia La Ruffa, la socialista Verónica Gómez, Gabriela Cerruti (Nva. Democracia), Patricia Walsh (Nva. Izquierda), Martín Hourest (Igualdad Social), Facundo Di Filippo y Diana Maffía (los dos últimos de la Coalición Cívica)
1305/2008: de la ibarrista Gabriela Alegre
1306/2008: presentado por la diputada de la Coalición Cívica Diana Maffía y cofirmado por sus compañeros de bloque Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya; los socialistas Verónica Gómez y Julián D'Angelo, Patricia Walsh (Nva. Izquierda), Martín Hourest (Igualdad Social) y Raúl Fernández (Encuentro Progresista).
1475/2008: del kirchnerista Pablo Failde, cofirmado por su compañera Alicia Bello.
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