Por sus acusaciones a la justicia en el Congreso, denuncian a CFK.
Por: ENRIQUE A. PIRAGINI
Fuente: ELINFORMADORPUBLICO.COM
Quousque tandem abutere, patientia nostra?* (Cicerón).
*¿Hasta cuándo, Catilina (CRISTINA), abusarás de nuestra paciencia?
Enrique A. PIRAGINI, en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, ha radicado una denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, para que se investigue la posible comisión de los delitos de INSTIGACIÓN A LA VIOLENCIA, ENCUBRIMIENTO Y OMISIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y SUBVERSIÓN INSTITUCIONAL, por parte de la Presidente CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, al sostener públicamente, el 1º/3/10 en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del H. Congreso Nacional, que
"Necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra".
Con estas expresiones, vertidas ante los legisladores y transmitidas a todo el país, trascendiendo al exterior, la Presidente de la Nación ataca frontalmente al Poder Judicial, generando una clara muestra de intolerancia hacia el único poder garante de la Constitución Nacional y las leyes, enlodando a probos magistrados y funcionarios judiciales desde un lugar prominente que incita a la violencia y discrimina perjudicialmente a ese sector fundamental para la República.
Si la Presidente ha tomado conocimiento de las muestras de corrupción que ha propalado (sosteniendo que en nuestro país los jueces piden dinero a cambio de excarcelaciones o eximiciones de prisión) y no hizo nada, no solamente ha incurrido en el delito de encubrimiento sino en omisión de los deberes de funcionario público, pues el art. 177 de la ley 23984 textualmente dice: “OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones…”
En consecuencia, supo de tales ilícitos debió denunciarlos, caso contrario es encubridora y omitió sus deberes como funcionario público, mas, si livianamente sostuvo tal afrenta, ha faltado a la ética propalando falsas noticias y a la vez incitado a la violencia, discriminando peyorativamente a los honorables miembros del Poder Judicial.
Como si la Presidente olvidase que fue la administración kirchnerista la que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, disciplinando a su antojo a los magistrados y corrompiendo una herramienta fundamental para la transparencia en la designación y vigilancia de los jueces, manteniendo una mayoría oficialista que entorpece su funcionamiento y es utilizado como ariete contra los funcionarios judiciales, manipulando a su antojo exámenes, evaluaciones, propuestas y remociones de jueces que no se mostraran genuflexos a su poder omnímodo. Vale recordar cómo en tiempo record fue eyectado de su cargo el juez Dr. Guillermo TISCORNIA por haberse “atrevido” a convocar en indagatoria a la Ministro de Defensa Nilda GARRÉ.
El claro desprecio del Poder Ejecutivo ejercido por la denunciada, ha llegado a límites intolerables, viniendo al caso recordar la desobediencia a la orden del juez Dr. SUDERA, en el marco del conflicto del sindicato de aeronavegantes, por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal FERNÁNDEZ, y la vergonzosa publicidad que se viene emitiendo en el canal 7 de tv oficial contra los jueces que fallaron contra una decisión arbitraria del ejecutivo, utilizando para ello espacio y dinero del Estado, en el marco del muy oneroso programa “Fútbol para todos”.
Quiero suponer que no se derogaron las Calumnias e Injurias sólo para poder ofender a destajo a opositores y antagonistas, ni se pretende acallar la prensa independiente asfixiándola con el manejo de la pauta publicitaria o el retaceo del papel para la impresión de diarios, aunque parecería que la amañada Ley de Medios Audiovisuales apuntase a tal espurio objetivo.
En casi cuatro décadas de ejercicio profesional de la Abogacía, jamás tuve conocimiento de un acto de corrupción vinculado a supuestas contraprestaciones para lograr excarcelaciones o exenciones de prisión u otra clase de beneficios a los justiciables, por lo que la enfática manifestación de la presidente debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, debiéndosela convocar para que aporte datos concretos y puntuales de tal aseveración.
De lo contrario debería reconocerse que también ha sido derogada la norma citada que exige a todo funcionario público denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en ocasión de su cargo, tal como parecería ser con los cortes de vías terrestres de comunicación en el caso del extenso e ilegítimo corte de los Asambleístas de Gualeguaychú, que so pretexto de defender el medio ambiente protestando contra la Pastera Botnia coartan la libertad ambulatoria y perjudican la economía y el desarrollo en dos países.
Si realmente la Sra. Presidente fuera Abogada, no debería olvidar tan elementales normas cuya violación implica también una especie de subversión institucional al atentar contra uno de los poderes del estado.
Todo ello en base a la siguiente presentación:
DENUNCIA DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA.
Excma. Cámara:
Enrique A. PIRAGINI, abogado, por sí y por A.R.I.E.L. somos todos.ong (Reg. Ministerio de Acción Social de la Nación, CENOC Nº 10427), constituyendo domicilio procesal en Uruguay 485, p. 3º “R02” (zona 119, TE 154-159-8401), a V.E. respetuosamente digo:
Vengo a promover esta denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos de INSTIGACIÓN A LA VIOLENCIA, ENCUBRIMIENTO Y OMISIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y SUBVERSIÓN INSTITUCIONAL, por parte de la Presidente CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, al sostener públicamente, el 1º/3/10 en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del H. Congreso Nacional, que
"Necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra".
Con estas expresiones, vertidas ante los legisladores y transmitidas a todo el país, trascendiendo al exterior, la Presidente de la Nación ataca frontalmente al Poder Judicial, generando una clara muestra de intolerancia hacia el único poder garante de la Constitución Nacional y las leyes, enlodando a probos magistrados y funcionarios judiciales desde un lugar prominente que incita a la violencia y discrimina perjudicialmente a ese sector fundamental para la República.
Si la Presidente ha tomado conocimiento de las muestras de corrupción que ha propalado (sosteniendo que en nuestro país los jueces piden dinero a cambio de excarcelaciones o eximiciones de prisión) y no hizo nada, no solamente ha incurrido en el delito de encubrimiento sino en omisión de los deberes de funcionario público, pues el art. 177 de la ley 23984 textualmente dice: “OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones…”
En consecuencia, si tomó conocimiento de tales ilícitos debió denunciarlos, caso contrario es encubridora y omitió sus deberes como funcionario público, mas, si livianamente sostuvo tal afrenta, ha faltado a la ética propalando falsas noticias y a la vez incitado a la violencia, discriminando peyorativamente a los honorables miembros del Poder Judicial.
Como si la Presidente olvidase que fue la administración kirchnerista la que modificó el Consejo de la Magistratura, disciplinando a su antojo a los magistrados y corrompiendo una herramienta fundamental para la transparencia en la designación y vigilancia de los jueces, manteniendo una mayoría oficialista que entorpece su funcionamiento y es utilizado como ariete contra los funcionarios judiciales, manipulando a su antojo exámenes, evaluaciones, propuestas y remociones de jueces que no se mostraran genuflexos a su poder omnímodo. Vale recordar cómo en tiempo record fue eyectado de su cargo el juez Dr. Guillermo TISCORNIA por haberse “atrevido” a convocar en indagatoria a la Ministro de Defensa Nilda GARRÉ.
El claro desprecio del Poder Ejecutivo ejercido por la denunciada, ha llegado a límites intolerables, viniendo al caso recordar la desobediencia a la orden del juez Dr. SUDERA, en el marco del conflicto del sindicato de aeronavegantes, por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal FERNÁNDEZ, y la vergonzosa publicidad que se viene emitiendo en el canal 7 de tv oficial contra los jueces que fallaron contra una decisión arbitraria del ejecutivo, utilizando para ello espacio y dinero del Estado, en el marco del muy oneroso programa “Fútbol para todos”.
Quiero suponer que no se derogaron las Calumnias e Injurias sólo para poder ofender a destajo a opositores y antagonistas, ni se pretende acallar la prensa independiente asfixiándola con el manejo de la pauta publicitaria o el retaceo del papel para la impresión de diarios, aunque parecería que la amañada Ley de Medios Audiovisuales apuntase a tal espurio objetivo.
En casi cuatro décadas de ejercicio profesional de la Abogacía, jamás tuve conocimiento de un acto de corrupción vinculado a supuestas contraprestaciones para lograr excarcelaciones o exenciones de prisión u otra clase de beneficios a los justiciables, por lo que la enfática manifestación de la presidente debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, debiéndosela convocar para que aporte datos concretos y puntuales de tal aseveración.
De lo contrario debería reconocerse que también ha sido derogada la norma citada que exige a todo funcionario público denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en ocasión de su cargo, tal como parecería ser con los cortes de vías terrestres de comunicación en el caso del extenso e ilegítimo corte de los Asambleístas de Gualeguaychú, que so pretexto de defender el medio ambiente protestando contra la Pastera Botnia coartan la libertad ambulatoria y perjudican la economía y el desarrollo en dos países.
Si realmente la Sra. Presidente fuera Abogada, no debería olvidar tan elementales normas cuya violación implica también una especie de subversión institucional al atentar contra uno de los poderes del estado.
Pido asumir el rol de querellante, en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Constitución Nacional, atento la doctrina jurisprudencial sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al rechazar el amparo deducido por la Provincia de San Luis contra el uso de reservas dejó aclarado que están legitimados los interesados directos, el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales. Pido se certifique mi condición de Presidente de A.R.I.E.L. somos todos.ong, (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad), a través de la página oficial que en la web de Internet tiene el Ministerio de Acción Social de la Nación, Reg. CENOC nº 10427.
Proveer de conformidad,
SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.
ENRIQUE A. PIRAGINI
154-159-8401
Abogado CPACF 22-23
ARIEL somos todos.ong
ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD
(Reg. Ministerio de Acción Social de la Nación, CENOC Nº 10427)
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