TÍTULOS:
1-CAMPAÑA POR LA BOTACIÓN.
Fuente y envío Red Patriótica Argentina:
2-DESAGRAVIO POR RETIRO Y POSIBLE DESTRUCCIÓN DE IMAGEN DE LA VIRGEN.
Fuente y envío: AICA
3- PREVALECEN PRONÓSTICOS NEGATIVOS….
Fuente: Enfoques Positivos:
Envío: Carlos Manuel Acuña-/-Tábano Consultora
4-MILLONES DE DÓLARES PARA LAS FAMILIAS DE TERRORISTAS
Fuente y envío: Tábano Consultora-/-Carlos Manuel Acuña
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
5-EL PAÍS QUE JURÉ DEFENDER…
Por: Nestor Medici
Envío del autor.
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PUBLICACIONES:
1-CAMPAÑA POR LA BOTACIÓN.
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2-DESAGRAVIO POR RETIRO Y POSIBLE DESTRUCCIÓN DE IMAGEN DE LA VIRGEN.
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3- PREVALECEN PRONÓSTICOS NEGATIVOS….
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4-MILLONES DE DÓLARES PARA LAS FAMILIAS DE TERRORISTAS
Fuente y envío: Tábano Consultora-/-Carlos Manuel Acuña
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Estimados asociados y adherentes:
Adjuntamos los artículos publicados en “La Nación ” los días 8 y 21 del corriente, que dan cuenta de la acción por mora de la Administración Pública instaurada por nuestra entidad ante Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación , a raíz de haberse negado éste a proporcionar la información requerida por la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA respecto de indemnizaciones abonadas a causahabientes de atacantes de guarniciones militares (entre ellas Azul y Monte Chingolo) durante gobiernos constitucionales. Como exitoso resultado de tal acción ese Ministerio ha reconocido que se han abonado sumas equivalentes a aproximadamente U$S 220.000 por cada uno de treinta y nueve de esos terroristas y que otros casos similares se encuentran en trámite o bien no se informan por carencia de datos. También admitió haber pagado a los herederos de un terrorista asesinado por sus propios secuaces. Esas indemnizaciones constituyen una estafa a la ciudadanía perpetrada al amparo de la cortina de los “derechos humanos” y una burla a la razón en tanto los terroristas en cuestión, todos caídos en el acto de ser repelidos, no pueden ser considerados víctimas de actuaciones ilegales de las fuerzas que los reprimieron.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011.
Mariano Gradín
Secretario
Alberto Solanet
Presidente
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ADJUNTOS:
PRIMERO:
Política
Jueves 08 de septiembre de 2011 | Publicado en edición impresa
El caso de 68 guerrilleros
Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión
Por Mariano De Vedia | LA NACION |
También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos.
La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia , que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.
La medida judicial, notificada ayer al ministro de Justicia y derivada por Alak a la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Eduardo Luis Duhalde, suma elementos a las sospechas y la falta de transparencia que rodean a los pagos efectuados por el gobierno kirchnerista a víctimas de la represión, información que nunca fue hecha pública.
Como publicó LA NACION el lunes último, en el listado de la Secretaría de Derechos Humanos, que amplió la nómina original de desaparecidos de la Conadep , surgen notorias contradicciones, al incluirse por lo menos 16 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria, cuando, según consta en documentación y bibliografía de la época (libros, investigaciones periodísticas y revistas de las propias organizaciones guerrilleras), murieron en otras circunstancias, al quitarse la vida o haber sido ejecutadas por las propias organizaciones subversivas.
Ante una consulta de LA NACION , voceros de la Secretaría de Derechos Humanos respondieron ayer que la política oficial se encuadra en los márgenes de la ley 26.564, sancionada el 25 de noviembre de 2009, que extiende los beneficios de las leyes reparatorias a quienes permanecieron detenidos o hayan sido muertos o desaparecidos entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.
Además de estar incluidos en el listado oficial y de la posibilidad de que sus herederos hayan cobrado indemnizaciones, los nombres de la mayoría de los 68 guerrilleros sobre los cuales la Justicia pide ahora informes figuran inscriptos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, erigido en la Costanera Norte , como homenaje "a quienes murieron combatiendo por los ideales de justicia y equidad".
El reclamo judicial está en sintonía con la queja que hicieron varios legisladores, tras la nota publicada en LA NACION , al exigir mayor transparencia en el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión. En ese sentido, los diputados nacionales Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (Pro) presentaron ayer un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo que informe sobre el monto total pagado por las reparaciones.
El amparo
"No pedimos que se individualice a los herederos que cobraron. Pero pedimos que se diga cuánto se pagó, para aportar claridad a un tema que está oculto", explicó a LA NACION el doctor Oscar Vigliani, letrado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Constituida en agosto de 2009, la entidad está integrada por 450 letrados que se desempeñan fundamentalmente en jurisdicciones donde actualmente se tramitan causas referidas a las violaciones de derechos humanos.
"Buscamos restablecer la justicia y la definitiva concordia para todos", explicó el presidente de la asociación, doctor Alberto Solanet, que en mayo último remitió una carta al presidente de la Corte Suprema , Ricardo Lorenzetti, en la que cuestionaba el respaldo que éste había expresado a la política oficial de derechos humanos.
Los casos que deberán explicar el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos comprenden específicamente la situación de los guerrilleros fallecidos en ocasión de los ataques a la guarnición de Azul (19 de enero de 1974), a la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María (10 de agosto de 1974), al Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán (13 de abril de 1975), al regimiento 29 de Formosa (5 de octubre de 1975) y al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (23 de diciembre de 1975).
Al computarse días hábiles en el plazo judicial, el Gobierno tiene tiempo hasta el miércoles próximo para responder a la Justicia.
LOS CASOS
• Explicación. El juez Furnari emplazó al ministro de Justicia, Julio Alak (foto), para que informe si 68 guerrilleros que atacaron cuarteles durante un gobierno constitucional son considerados víctimas del terrorismo de Estado.
• Beneficiarios. De los 68 casos, 53 participaron en el ataque al Batallón de Monte Chingolo (Daniel Barbate, Aída L. Bruchstein, Hugo F. Colautti, Eduardo Delfino, Humberto Salvador, Enrique Tauil y otros).
• Nombres. También hay un caído en combate en Tucumán (Jorge C. Molina) y un militante fusilado por los montoneros (Fernando Haymal).
Sin hacer mención a la polémica generada por la inclusión como víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que atentaron en 1974 y 1975 contra gobiernos constitucionales, el ministro de Justicia, Julio Alak, revalorizó la política argentina de derechos humanos. Al hablar en un foro sobre violencia vial, señaló que esa política "es prestigiosa y tiene un incuestionable liderazgo mundial". Tras señalar que "ese prestigio no se ganó por azar", anticipó que el gobierno nacional procura "generar condiciones para construir consejos de derechos humanos en cada provincia"..
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SEGUNDO:
Política
Miércoles 21 de septiembre de 2011 | Publicado en edición impresa
Derechos humanos / El Ministerio de Justicia respondió la intimación judicial
Admiten pagos por ex guerrilleros
Por Mariano De Vedia | LA NACION
El Gobierno informó a la Justicia que desde 1997 se pagaron por lo menos $ 12.052.490 en concepto de indemnizaciones a familiares de guerrilleros que atacaron cuarteles militares durante el período democrático de 1973 a 1976.
Reveló que la mayor parte de esa suma -$ 7.848.126- se abonó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que también durante las presidencias de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde se pagaron resarcimientos a sucesores de miembros de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), por $ 3.584.000. A eso se añaden $ 844.364 por tres casos en los que no se informó la fecha de los pagos.
El Ministerio de Justicia presentó el detalle en un escrito, al responder a una intimación judicial, en la primera información oficial del Gobierno sobre un tema en el que siempre mantuvo una estricta reserva. Por caso, el ministerio no contestó ayer la consulta realizada por este diario.
El detalle de las indemnizaciones pagadas a los familiares de guerrilleros fue presentado por la cartera que conduce Julio Alak en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo del doctor Esteban Carlos Furnari, quien hace dos semanas había hecho lugar a una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
En su presentación judicial, la cartera de Alak argumentó que el 3 de agosto del año 2000, durante el gobierno de De la Rúa , la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un informe que fijaba los lineamientos que debían observarse en el pago de las indemnizaciones, a partir del caso de Jorge Alberto Livieres, uno de los miembros de Montoneros que cayó durante el intento de copamiento del regimiento de Formosa, en 1975.
Consultado por LA NACION , el diputado Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia durante el gobierno de De la Rúa , se mostró sorprendido por la revelación de que en la presidencia de la Alianza se hubieran aprobado esos pagos. "Me parece una barbaridad, una concesión de irregularidades no previstas por la ley", dijo, al recordar que los trámites se gestionaban en la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Diana Conti.
Al respecto, Conti explicó que en ese tiempo los casos previos al golpe de 1976 "no se archivaban ni se resolvían, a la espera de que se ampliaran las leyes reparatorias y se generara otra doctrina". Si bien dijo no recordar casos, consideró probable que hayan prosperado.
El juez le había pedido a Alak que informara si 68 guerrilleros muertos en los ataques a guarniciones militares perpetrados antes de 1976 figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en las listas elaboradas por la Secretaría de Derechos Humanos en 2006, y si los herederos cobraron indemnizaciones .
Al presentar su informe el jueves, en el último día del plazo judicial, el Gobierno detalló el pago de 39 casos, admitió que hay por lo menos otros cinco en trámite, cuatro fueron denegados, no tiene datos sobre 19 y un expediente está sin resolver. De acuerdo con el detalle oficial, el gobierno de Menem abonó $ 1.344.000. Una suma idéntica se pagó durante el gobierno de De la Rúa ; $ 896.000, en la gestión de Eduardo Duhalde. Néstor Kirchner pagó $ 2.679.040 y la actual presidenta, $ 5.169.086.
Cada uno de los casos pagados por Menem y De la Rúa tenía una retribución de $ 224.000, que equivalían a la misma suma en dólares, dada la vigencia del uno a uno en la convertibilidad de la moneda. Los últimos dos casos abonados por Cristina Kirchner ascendieron a $ 901.407, el 26 de agosto último, para indemnizar a la familia de Ismael Antonio Monzón, muerto en el ataque a Monte Chingolo, y a $ 750.984, el 9 de mayo, por la muerte de Juan Sebastián Hernández, fallecido en el ataque a Formosa. Fuentes que siguen el caso interpretaban que históricamente se mantuvo un monto equivalente a los US$ 220.000 dólares, por lo que el importe total de $ 12 millones podría representar unos US$ 8,4 millones.
Según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, seis de los doce atacantes fallecidos en el ataque al cuartel de Formosa han sido ya indemnizados, con montos que cobraron sus familiares. Se trata de los casos Reinaldo R. Brigiller ($ 396.364), Juan Sebastián Hernández ($ 750.984), Saúl Kobrinsky ($ 322.560), Jorge Alberto Livieres ($ 224.000), Alfredo Velázquez ($ 224.000)y José Daniel Graziano ($ 322.560). El expediente de Oscar Ramón Boero está en trámite y otro -mencionado en el libro Operación Primicia , de Ceferino Reato como Luis Carlos Morero-aparece ya abonado ($ 396.364), pero con el nombre de Jorge Horacio Morero.
RESARCIMIENTO POR EL CASO HAYMAL
El Gobierno ratificó que se pagó la indemnización al dirigente montonero Fernando Haymal, ultimado en 1975 por la propia organización. Sus familiares cobraron el resarcimiento a partir de una resolución firmada el 25 de abril de 2002, durante la presidencia de Duhalde, aunque no se especificó el monto..
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5-EL PAÍS QUE JURÉ DEFENDER…
Por: Nestor Medici
Envío del autor.
Ciertamente el país que juré defender no es el que tenemos hoy día.
Esto ha llegado a un extremo en que el caos se ha apoderado de las calles, con una policía incapaz de tomar medidas enérgicas y eficaces -no por incapacidad profesional - sino porque las autoridades se lo prohíben.
Entonces, tal como lo hemos observado, los policias son constantemente vejados, apedreados, insultados, sin que puedan hacer uso de sus armas para defenderse , porque si lo hacen, pierden su empleo y su medio de subsistencia.
Este es un país enfermo del alma y paranoico; la sociedad ya se ha hecho el hábito de tratar de imponer sus ideas o soluciones a sus problemas por medios violentos, destruyendo lo que encuentran a su paso, al insulto, a la mentira, a la estigmatización y a ese motor tan típico de nuestra raza: la envidia y el resentimiento, sin el más elemental sentido común ni lógica. No hay la menor disciplina entre los jóvenes y cómo la va a haber cuando sus padres tampoco la tuvieron.
La izquierda ha utilizado desde la época del gobierno militar el método gramsciano para lavar el cerebro a los jóvenes y a los no tanto, aprovechando la ignorancia y debilidad cultural generalizadas¿Cómo se produce este cambio?
De acuerdo a Gramsci, detrás de los hechos hay pensamiento. Toda persona piensa de acuerdo a una estructura mental formada por una serie de valores, convicciones y tradiciones , que le indican al individuo cómo actuar en diferentes circunstancias. Si yo logro cambiar esos valores por otros (anti valores), entonces el cambio cultural y social se producirá solo y no será necesario recurrir a la revolución para desmantelar las estructuras de la cultura cristiano occidental.
En la actualidad hasta la derecha parece haber caído en este juego.
Los gobiernos "K"se comprometieron a hacer cumplir las leyes por igual para los civiles y los militares presos políticos.
NO HA CUMPLIDO SU COMPROMISO y eso significa no honrar su palabra ni a sí mismo. Por último otro aspecto relevante. Soy católico y he visto cómo mi Patria se ha ido descristianizando por la acción de ideas disolventes de origen marxista A mi me enseñaron que ser católico es ser combatiente y que el compromiso cristiano exige sacrificio, entrega y consecuencia con la doctrina y la fe. Pero hoy han convencido a muchos que el demonio no existe, que es cosa de los curas y, lo que es mucho peor, que Dios no existe.
Este país, para sanarse de la enfermedad del alma, necesita recurrir a la oración y pedir a Dios que nos ayude y nos de inteligencia para resolver nuestros problemas.
Estuve en varias oportunidades listo para ir a la guerra por este país de mal agradecidos y lo haría de nuevo para cumplir mi juramento que mientras esté vivo sigue vigente; de lo contrario me deshonraría y eso es para otra clase de personas.Que pasen un excelente Martes DIOS Y PATRIA O MUERTE!!!
Press_Free@gruposyahoo.com.ar
Nestor Medici
Periodista Profesional
M.N. 13.592(Rep.Argentina)
Federacion Periodistas Peru:7846
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